Ya durante la campaña presidencial Javier Milei y Victoria Villarruel habían advertido que querían un estado minúsculo en el que las políticas de memoria, verdad y justicia no tuvieran lugar. En esto sí cumplieron. La motosierra fue de lo general a lo particular en el área que sufrió despidos en enero, marzo y finales de junio, cuando fue atacada en tres focos especialmente sensibles: leyes reparatorias, archivo nacional y espacios de Memoria, que quedaron con la mitad de su planta y algunas de sus principales áreas paralizadas de hecho. “La intención en esta última tanda de despidos no deja lugar a dudas, vienen a desactivar las políticas de derechos humanos y de memoria, verdad y justicia. No lo vamos a permitir”, anunció Octavio Rampoldi, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia de la Nación.

Los números no lo desmienten: desde que el gobierno de La Libertad Avanza desembarcó en la Casa Rosada y Alberto Baños en la Secretaría de Derechos Humanos, el sector sufrió 101 despidos. En marzo, cuando venció la primera ronda de contratos sellados mediante el artículo 9, 42 trabajadores de la SDH que, en su mayoría se desempeñaban en el área de prensa, no recibieron su renovación. La situación pudo revertirse para 23 de ellas y ellos, que recibieron una renovación provisoria por otros tres meses. El 30 de junio pasado, varies volvieron a ser despedidos. Se espera un nuevo foco de conflicto para agosto, cuando se vencen las plantas transitorias.

“Sabemos desde el comienzo que el objetivo de esta gestión era desmantelar la Secretaría de Derechos Humanos, pero en esta tanda de despidos el recorte estuvo muy enfocado en líneas de trabajo particularmente sensibles y el ataque es claro”, analizó Rampoldi en diálogo con este diario. En esta vuelta, el área sufrió 82 despidos: 12 trabajadores desvinculados se desempeñaban en el Archivo Nacional de la Memoria; otros 20 en el sector de Leyes reparatorias y otros 28 en los espacios de memoria que dependen del Estado nacional. “Fueron por las leyes, que es el vínculo entre el Estado y las víctimas de los crímenes de lesa humanidad; el Archivo, resguardo de documentación y eje de investigación sobre los crímenes y los Espacios, epicentro de preservación y transmisión de memoria. Lo que buscan es desactivar las políticas públicas de memoria y de verdad”, detalló el delegado.

Motosierra en Espacios de memoria

“Se pierden 25 años de lucha. Estos espacios que el gobierno busca desactivar han sido rescatados por la gente y el Estado atendió durante un tiempo la demanda de la gente”, postuló Osvaldo López, sobreviviente del centro clandestino conocido como Virrey Cevallos, que funcionó en el barrio porteño de Montserrat y cuyo espacio coordinó hasta el 30 de junio, cuando fue despedido. Con él son 7 los Espacios de Memoria que dependen del Gobierno Nacional. Se suman Automotores Orletti, Olimpo y Club Atlético, todos excentros clandestinos que fueron sitios de encierro, tortura y exterminio durante la última dictadura y estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Completan la nómina La Escuela de Famaillá, en Tucumán; el exESIM en Mar del Plata y el regimiento de Infantería 9 en Corrientes. Otros dos, el Vesubio y Campo de Mayo, en Buenos Aires, quedaron en vías de incorporarse pues no llegaron a ser construidos cuando el Gobierno cambió de manos. En esta ocasión, los recortes se centraron en los espacios porteños.

Por ley –la 26.691– el Estado nacional está comprometido a la señalización, preservación y difusión de lugares en los que funcionaron centros clandestinos o sucedieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y en sus años previos. Con los despidos de fines de junio, “la ley no va a poder ser cumplida, no hay quien pueda llevar a cabo estas tareas”, señalaron trabajadores de los espacios que funcionan en la ciudad de Buenos Aires.

Es que la eliminación de puestos de trabajo de hace dos semanas significó la reducción a la mitad de la planta que se desempeñaba en los siete espacios de gestión nacional: “Éramos 65 trabajadores en siete espacios, lo cual ya significaba una planta reducida para todo el trabajo que supone sostener las políticas públicas de memoria en estos lugares. Con los 28 despidos que sufrimos, quedamos poco más de la mitad”, indicó una trabajadora del Olimpo, el Espacio de Memoria ubicado en el excentro clandestino emplazado en Floresta.

El achicamiento fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y caribeños, en una reunión de trabajo que se llevó a cabo el jueves pasado. La coordinadora del espacio, Verónica Torras –también directora ejecutiva del colectivo de organismos de Derechos humanos local Memoria Abierta– advirtió que el recorte tanto de financiación como de planta de trabajadores, “pone en riesgo de cierre los espacios de memoria”.

Un recorte diseñado

Los despidos no fueron al tun tun. Tanto desde los espacios como desde el colectivo general de trabajadores de la Secretaría aseguran que los golpes fueron especialmente dirigidos a áreas de arqueología, preservación y mantenimiento y a su coordinación pedagógica, que se encarga de gestionar y diseñar recorridos para visitantes, principalmente estudiantes de primaria y secundaria. Quienes hablan en esta nota prefirieron no dar sus nombres, lo cual demuestra que el ataque con despidos y recortes cumple además el objetivo de perseguir y atemorizar a quienes aún mantienen sus puestos de trabajo.

De los 28 despedidos, 5 desarrollaban tareas en Conservación de lo que aún es, en los papeles, la Dirección Nacional de Sitios de Memoria –el área designada para aplicar la ley Nacional de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios y Espacios de Memoria–, pero que la gestión de Baños jamás designó un responsable. “Muchos de ellos trabajaron en la conservación del centro clandestino de la ESMA, el Casino de Oficiales”, señalaron desde el área, que quedó con tres trabajadores.

En Olimpo, los 6 despedidos –de una planta de 20– se dedicaban a conservación, mantenimiento y pedagogía. La mayoría tenía más de 15 años de trabajo y “una experiencia que se pierde si no pueden realizar su tarea. Es gente que a lo largo de todos esos años hizo una conversión de su profesión u oficio para poder servir al espacio”. Denunciaron desde el lugar que, con este recorte, “sus áreas de mantenimiento y conservación así como su capacidad pedagógica quedan desmanteladas”.

La planta de trabajadores del Club Atlético, que era de 14 trabajadores, quedó reducida a la mitad. Las tareas arqueológicas en el lugar, que funcionó en un área soterrada y está aún en vías de descubrimiento, quedaron prácticamente interrumpidas luego de que 3 de sus 4 trabajadoras dedicadas al tema fueran despedidas. Los despidos afectan no solo a la construcción de verdad y transmisión de memoria, sino también al proceso de Justicia, pues el trabajo arqueológico continuaba siendo vital para la causa judicial. El juez a cargo del expediente, Daniel Rafecas, así lo había comunicado al secretario Baños, en un oficio en el que pidió la preservación de las tareas y los puestos de trabajo. El pedido no hizo mella.

En Virrey Cevallos eran 10 trabajadores y despidieron a 5. Uno era coordinador del Espacio y sobreviviente, Osvaldo López. Otros 3 estaban dedicados plenamente a tareas de mantenimiento, muy necesarias. “¿Quién se va a dedicar a sostenerlo en condiciones ahora?”, se preguntan quienes quedaron en funciones. “Los despidos sellan el vaciamiento de los Espacios. Más allá de las fuentes de trabajo, lo que se pierde es el relato histórico, antagónico de lo que quiere este gobierno, y la posibilidad de que los pibes del secundario que lo visitan escuchen esa interpretación de la historia, porque no la escuchan en ningún otro lado”, destacó López. Estos días los trabajadores del espacio desarrollaron el festival "La memoria es nuestra", en defensa del lugar.  

En Orletti despidieron a la trabajadora que realizaba tareas administrativas y que se encargaba de la coordinación del área pedagógica con escuelas primarias; al trabajador de mantenimiento que se había especializado en tareas de conservación y restauración, y al pedagogo. “Sus faltas complican la labor diaria en todo sentido”, indicaron desde el espacio.

Las visitas guiadas eran una actividad común a todos estos espacios, con un eje principal en la articulación con escuelas primarias y secundarias y organizaciones de la comunidad que rodea cada lugar. Para el más reciente aniversario del golpe de Estado, en Orletti organizaron una actividad con jardines de infantes de la comuna 10, con casi 400 personas. El promedio de visitas de escuelas primarias es de 200 chicos por mes. Según un informe que elaboraron al cierre de 2023, más de 50 mil personas visitaron, durante ese año, los espacios que también son escenario de talleres, de formación docente, de actividades culturales y de servicios sociales para la comunidad.