Las mujeres que sostienen comedores y merenderos vienen recibiendo todos los golpes de la guerra del gobierno de Javier Milei contra las organizaciones sociales. En pocos meses no sólo les dejaron de llegar alimentos desde Capital Humano, sino que además a aquellas que cobraban un plan Nexo el ministerio se los dió de baja. Al mismo tiempo, una serie de allanamientos a los comedores, por supuestas irregularidades, deslegitimó su rol. Frente a este difícil panorama, la vida en los comedores y centros comunitarios está sufriendo fuertes cambios. Hay disgregación y mucha angustia, pero también iniciativas de resistencia.

El Movimiento Barrios de Pie, por ejemplo, puso en marcha una Escuela de Cuidados. Su objetivo es dar respaldo a las cocineras a través de capacitaciones y politizar la discusión sobre los trabajos sociocomunitarios.

“Esta es una iniciativa de la Universidad Popular de Barrios de Pie con apoyo de la asociación Lola Mora. Ya el año pasado hicimos el registro ‘Cuidar es trabajo’ y elaboramos un proyecto de ley para el sector, porque si bien los trabajos sociocomunitarios lograron hacerse visibles por la pandemia, no llegaron a ser dotados de derechos. Armamos la escuela como un espacio permanente de formación, en el que se puedan jerarquizar y profesionalizar los saberes que venimos construyendo con muchos años de organización y trabajo”, contó Andrea Flores (BdP).

La escuela, que combina la capacitación virtual con actividades en los territorios, se propone sostener la pelea por el reconocimiento de los derechos económicos de las trabajadoras del cuidado en los barrios. “Somos trabajadoras, el trabajo nos sobra; lo que nos falta son derechos”, plantearon en el lanzamiento de la escuela.

Las formas de organizar el trabajo de quienes realizan tareas sociocomunitarias están atravesando múltiples cambios. Así lo mostró, en estos días, un relevamiento hecho por estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) en 71 organizaciones sociales del conurbano bonaerense.

“En estos meses se desorganizó la vida de las organizaciones” describe Gonzalo Vázquez, docente investigador de la UNGS.

“Por los ingresos cada vez más bajos o discontinuados, muchas personas de los centros comunitarios tuvieron que buscar otros laburos. Eso sobrecarga a las personas que aún se quedan y resisten, que tienen que aguantar el aumento de la demanda del barrio y el agravamiento de los problemas con menos recursos materiales y humanos. Lo hacen envueltas en una situación de angustia, estrés e incertidumbre nunca antes experimentada”.

“Por si esto fuera poco, el gobierno y los medios afines las atacan y estigmatizan frente al resto de la sociedad, las acusan de quedarse con los recursos para los pobres, de negar su existencia y su labor en los barrios, de administrar mal lo que tenían… Eso es el colmo de la injusticia. La sociedad y el Estado deberían reconocer y valorar el trabajo que vienen haciendo desde hace años y remunerarlo como corresponde. Pero pasa todo lo contrario… Es muy difícil sostener físicamente y emocionalmente esta situación de tanta injusticia”.

Los testimonios obtenidos en este relevamiento reflejan los daños generados en los barrios. “Se dan situaciones de desborde brutales”, dice uno. Otro: “ Todo el tiempo las mujeres trabajan con la incertidumbre de si van a cobrar o no, están sin fondos para ninguna emergencia. La mayoría son jefas de familia y varias debieron mudarse porque no pueden pagar su alquiler por la desregulación de los alquileres”.

Otro: “La falta de recursos ha afectado la alimentación y las condiciones de vida. Hay mucha angustia. Algunas organizaciones responden con mayor cooperación interna y ampliando sus articulaciones con equipos educativos. Sin embargo, la poca ayuda del Estado termina generando un sentimiento de desesperanza”.

Los encuestadores describieron situaciones de “agotamiento mental y físico”, así como “frustración y tristeza” por no poder dar una respuesta a la altura de las crecientes necesidades sociales. Esto ha generado más problemas de salud mental.

“Están muy angustiadas porque de cocinar todos los días pasaron a poder preparar viandas sólo dos veces por semana. A la mitad de las compañeras le cortaron el Potenciar, se quedaron sin trabajo. A las cocineras que son mamás se les dificulta venir con sus niños a trabajar o no llegan a pagar el colectivo. Están más cansadas, más desgastadas, la realidad cada vez más dura, ven más gente en situación de calle. Se ayudan como pueden con alimentos entre ellas”, dice el informe de una encuestadora.

Una estrategia frecuente es que varias organizaciones se coordinen para realizar ollas, ante la falta de recursos. Existe un claro esfuerzo de acercarse y vincularse, porque a pesar de todo, sigue primando la idea de que la salida es colectiva.

Quienes militan por el reconocimiento de los trabajos sociocomunitarios, señalan que “politizar el debate es, esencialmente, dar cuenta de su dimensión económica”. “Ese es el quid de la cuestión”, remarca Flores.

“Esa tarea que muchas veces está romantizada, invisibilizada, permite la sostenibilidad de la vida, pero otro sector se lleva la ganancia que produce su actividad económica. Hay que discutir por qué las cuidadoras, que garantizamos la continuidad de la vida no sólo en los barrios, sino también en los hogares, le salimos baratas al estado, que ha decidido congelar en 78 mil el Potenciar, que es el salario de las trabajadoras sociocomunitarias. Ni hablar del resto de los derechos laborales”.

“Las trabajadoras sociocomunitarias estamos poniendo nuestra propia calidad de vida, porque este trabajo se paga con mucha salud mental. Discutir los trabajos de cuidado, politizarlos, es dar cuenta de esta tarea tan naturalizada por su función vital en el sostenimiento de la vida, hay una discusión económica que dar sobre la redistribución de la riqueza para un proyecto de país justo, soberano y con derechos laborales para todos los trabajadores”.

“No menos importante es debatir sobre la calidad de los cuidados que queremos garantizar. Queremos que nuestros espacios de infancia, jardines comunitarios, puntos educativos sean de primera. Queremos capacitarnos, tener mejores materiales e insumos para las niñeces y adolescentes que llegan a nuestros espacio. Es decir, queremos la dignidad tanto de las trabajadoras que tienen que hacer el trabajo como de aquellos y aquellas que necesitan de esos cuidados”.