“De 70 merenderos y comedores de Salta Capital, cerró el 40 por ciento”. “Al menos tuvimos que cerrar unos 30 espacios en toda la provincia”. “En el norte teníamos 4 comedores y 7 merenderos, y quedamos con 6 merenderos que a veces, cuando hay, funcionan como comedores”. “Nunca recibimos ayuda, pero antes había para comer todos los días y ahora se cocina cuando se tiene”.

Los relatos que anteceden son de referentes de organizaciones sociales salteñas que brindan asistencia alimentaria a la población más vulnerable que ahora quedó sin esta ayuda por la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación de suspender el envío de los mercadería a organizaciones que tildó arbitrariamente de “corruptas”.

Ahora, tras una resolución judicial que ordena la distribución de los alimentos que Capital Humano guarda en depósitos, se espera que la cartera a cargo de Sandra Petovello restituya la vigencia de los convenios entre el ex Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones para el sostenimiento de los comedores y merenderos comunitarios del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM).

“En el mejor momento tuvimos 100 merenderos y comedores en Salta capital”, contó la ex diputada nacional y referente de la CCC en Salta, Verónica Caliva, quien indicó que si bien la provincia entregó alimentos en dos o tres ocasiones durante el verano último (luego de una gran marcha), desde diciembre la Nación no envía nada.

Esta desatención del Estado nacional provocó que de los 70 merenderos que tenían hasta el año pasado, tuvieran que cerrar el 40 por ciento. “Antes había asistencia directa a través de distintos programas alimentarios. Siempre faltó, pero estamos ahora en un momento donde vienen un montón de familias a buscar comida”, dijo Caliva, que es además integrante de la Fundación Entre Mujeres. Si bien esta asociación se dedicaba a contener otros derechos, al ser el género femenino el más afectado con la actual crisis, tuvo que buscar una solución a los requerimientos urgentes.

“Es una decisión arbitraria y deshumanizante la de cortar la entrega de alimentos pese a los convenios que había con las organizaciones”, dijo por su parte Jocha Castro Videla, del Movimiento Evita, y quien se encuentra en la zona de Pichanal, municipio con altas tasas de necesidades básicas insatisfechas, ubicado en el departamento Orán en el norte provincial.

“Hemos tenido que cerrar a nivel provincial cerca de 30 espacios de merenderos o comedores, con un promedio de cien personas por cada espacio”, detalló Castro Videla. Solo en Pichanal, el Evita cuenta con 8 merenderos y un comedor, en los que brinda ayuda “a unas mil personas”. “Mucha gente se acerca y pregunta cuándo van a abrir y se la tiene que rebuscar de otra manera. Hay familias que comen una vez al día”, sostuvo Castro Videla. 

Incluso contó que cuando una intendencia del departamento Orán recibió la leche a punto de vencerse en los galpones por la retención decidida por la ministra de Capital Humano, se convocó a esta organización para repartirlas antes de que llegue la fecha de expiración del producto, que fue el 7 de julio pasado.

También Norma Chaile, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), sostuvo que del gobierno nacional “no se recibe ayuda desde septiembre".

“En la zona norte teníamos 4 comedores y 7 merenderos; en Salta capital, 4 comedores y 12 merenderos, y en la zona sur, un comedor y 5 merenderos. Actualmente, en el norte quedaron 6 merenderos y cuando tienen, funcionan como comedores. En Capital (se mantienen) 7 merenderos y 3 comedores. Y en zonal sur, solo 2 merenderos”, detalló sobre la disminución de merenderos y comedores, debido a la falta de ayuda de la Nación. 

En el caso de la provincia, contó que lograron que el gobierno salteño entregue alimentos mes a mes, aunque “disminuyó la cantidad de mercadería”. Y, por contrapartida, se incrementó la cantidad de personas que asisten a estos espacios. En esta situación, para sostener la asistencia, “este mes realizamos una rifa”.

La ayuda es inversamente proporcional a la necesidad, antes recibían alrededor de 100 personas en los comedores y ahora “van entre 150 y 200 personas, entre niños, adolescentes y personas de la tercera edad”. Además, los espacios funcionaban dos veces por semana, y a partir de estos recortes, solo pueden abrir sus puertas una vez por semana.

“Nuestra situación es complicada porque no recibimos ayuda del gobierno nacional, provincial y municipal. Nunca recibimos de la Nación aunque solicitamos y tenemos expediente en lo de Pettovello hoy”, contó por su parte Nieves Torres de Quiroga, de la Asociación Civil de Ciegos Habib Yazlle. 

Sin embargo, Torres dijo que la situación empeoró este año en el comedor, que antes al menos cocinaba todos los días una comida para las personas con discapacidad visual en situación más crítica. “Son personas que tienen familia y no alcanza una pensión de 270 mil pesos”, pero ahora “solo cocinamos cuando conseguimos mercadería. Entonces llamamos a los que sabemos que están en una situación más crítica”. Hasta el año pasado, asistían entre 50 y 60 personas adultas mayores.

En medio de estas necesidades, se espera que Pettovello cumpla la sentencia del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa, quien resolvió hacer lugar a una cautelar presentada por la UTEP acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para que se restituyan los programas de entrega de alimentos y asistencias a comedores y espacios comunitarios. 

Entre éstos últimos se encuentra el plan Argentina contra el Hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad, y los compromisos internacionales asumidos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), programas que el Ministerio de Capital Humano de la Nación no está ejecutando, de acuerdo con la evolución de las partidas presupuestarias ya comprometidas.