Desde la campaña presidencial 2023, Javier Milei ha posicionado su figura como una marca comercial. Ese recurso de marketing que impuso al felino portentoso vencedor de la contienda electoral continuó siendo el sello del presidente durante su gestión.
Del análisis de las medidas tomadas en política exterior y defensa nacional se puede observar que estas no parecen estar vinculadas al metafórico rey de la selva, sino mas bien vinculado al león heráldico del Reino Unido de Gran Bretaña.
Esta definición tiene un argumento central, basado en las acciones – e inacciones- en materia de la continuidad del reclamo por la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El debilitamiento del reclamo en los foros internacionales, solo cumpliendo con la formalidad del Comité de Descolonización de la ONU -incluido el último vergonzante desacierto-, es plausible y notorio. El alejamiento diplomático con potencias que apoyaron, históricamente, el reclamo argentino, y el alineamiento extremo y sobreactuado con aquellos que apuntalan la posición británica, ponen a Argentina en una posición cada vez más disvaliosa.
El sostén de China y Brasil siempre ha sido manifiesto y enérgico en la cuestión Malvinas. La perdida de este apoyo encuentra el primer indicio concreto y material en la 64ª Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Bolivia a la que el presidente Milei ni siquiera concurrió. Por primera vez, desde 1996, el documento final de la cumbre no incluye la cuestión Malvinas. En apariencia la Canciller Diana Mondino no procuró su inclusión, o lo que podría ser peor, el Bloque regional acordó no mencionarlo. En cualquier caso, es de extrema gravedad.
Por otro lado, el Comité Especial de Descolonización estuvo cerca de someter a votación el tema Malvinas, pero a última hora se logró alcanzar un documento consensuado. Si ello no hubiera ocurrido, Argentina habría perdido la votación con consecuencias irrevocables al centenario reclamo de soberanía.
El país ha perdido apoyo, también, de naciones que habitualmente acompañaban el reclamo argentino. Por un lado, los países del caribe que sufren las consecuencias del calentamiento global le reprochan al gobierno argentino el rechazo de la agenda 2030 y se acercan a la posición británica de escuchar a los kelpers. Por otra parte, las naciones árabes se alejan por el alineamiento con Israel, especialmente por el traslado de la embajada a Jerusalén. Finalmente, Siria por los ataques verbales del presidente Milei hacia Palestina.
En un análisis más estricto, la canciller Diana Mondino tiene como discípulo a Juan Battaleme, actual Secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, ambos coinciden en la UCEMA, donde Mondino es una de las directoras y Battaleme el titular de la cátedra del Reino Unido, además de beneficiario de la Beca Chevening en la Universidad de Bradford (Reino Unido).
En términos de las relaciones internacionales el soft power es definido como un enfoque persuasivo que normalmente implica el uso de influencia económica o cultural como elemento infiltrador en otra nación. Pareciera este el caso.
Tanto Mondino como Battaleme parecieran coadyuvar en las decisiones de política exterior que debilita la posición argentina y benefician los intereses del Reino Unido. En esa misma línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, en abril de 2024 llevó a cabo una misión diplomática clave ante la OTAN por instrucción del presidente Milei. El objetivo principal fue operativizar el proceso de aprobación para que Argentina pueda adquirir la categoría de "socio global" de la alianza hemisférica.
En ese mismo orden de cosas, el 13 de junio de 2024 el ministro fue recibido por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en la 23ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.
En ese mismo sentido, vale decir que la adquisición de medios materiales para la defensa -aviones F-16, vehículos blindados a rueda de origen estadounidense y, posiblemente, buques italianos (todo origen OTAN)-, presuponen una eventual desventaja disuasoria para las FF.AA. ante un socio pleno de la Organización como es el caso del Reino Unido de Gran Bretaña.
En tanto, el reflejo puertas adentro, parece ir de modo acompasado con las decisiones de la política exterior. Tres presupuestos que fortalecen el argumento.
En primer lugar, el virtual desmantelamiento de la industria de la defensa y la adquisición de bienes materiales condicionados por el veto británico imponen restricciones en los sistemas de armas y atentan la autonomización del instrumento militar en caso de ser necesario su uso.
Por otro lado, el empleo del instrumento militar en operaciones de combate en territorio nacional -lucha contra el narcotráfico- pretendida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrrich, ponen a las FF. AA. en un lugar degradante de su función principal que redunda en preservar, la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, y, finalmente, protegiendo la vida y la libertad de sus habitantes (artículo 2° ley 23.554).
Por último, la pretendida modificación del Sistema de Inteligencia Nacional. Se ha escrito mucho sobre esto, ríos de tinta han corrido sobre papel explicando la necesidad de modificar la ley que regula las actividades y organismos de inteligencia. Este gobierno tiene decidido reformular el andamiaje de la inteligencia. A propósito, vale recordar que la ley 25.520 (de inteligencia nacional) fue sancionada en 2001, con un país al borde de la ruptura social y con el pueblo en las calles, sin embargo, el arco político pudo ponerse de acuerdo sobre la necesidad del debido debate y consensos necesarios para la sanción de este tipo de norma.
Lo mismo ocurre con la ley 23.554 (1988) de Defensa Nacional y 24.059 (1992) de Seguridad Interior. Estas leyes, de enorme trascendencia institucional, debieron cumplir con el debido proceso y debate del conjunto de la política con representación parlamentaria. Las sanciones de ambas iniciativas legislativas obedecieron a amplias discusiones que arribaron a los mejores textos posibles, pero de modo democrático.
El debilitamiento del sistema normativo -en lo estrictamente vinculado a la triada defensa/seguridad interior/inteligencia- no aparenta algo casual o azaroso, tampoco simboliza que los contenidos normativos sean dogmáticos e indiscutibles, sino que la significancia institucional que representan amerita el esfuerzo del debate y el estudio.
Una nación que degrada a sus FF. AA. a tareas de policiamiento, desmantela su sistema de inteligencia y aborda a la seguridad interior bajo el paradigma de “cárcel o bala”, sin entender la multidimensionalidad del fenómeno, probablemente esté destinada a fragmentar el tejido social y tornar vulnerables sus intereses nacionales ante la apetencia de potencias extranjeras.
En estos tiempos de felinos voraces, pareciera que todo vale, y que los consensos políticos serán engullidos por las fauces insaciables de un león que no parece ser el que ganó las elecciones de 2023.
* El autor es abogado, magíster en Defensa Nacional. Coordinador del área de Asuntos Estratégicos del Instituto de Políticas Públicas y Estado de la UNLa. Consultor.