El Gobierno de Javier Milei aumentó por decreto un 1500% el valor de las tasas migratorias para los trámites de residencia temporaria y permanente, tanto para personas provenientes de países del Mercosur y los Estados asociados, como para aquellas oriundas de otras regiones. La medida, que entró en vigencia el pasado 5 de julio mediante el decreto Nº 584/2024, dificulta la regularización de la residencia y afecta principalmente a las personas migrantes más vulnerables, denunció la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref) en un comunicado.

Hasta los primeros días de julio, detalló la asociación civil sin fines de lucro que trabaja por los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, el costo de la tasa migratoria que debía abonar cualquier extranjero que deseara regularizarse resultaba accesible. 

A partir del 5 de julio, con la publicación del nuevo decreto, esa tasa se convirtió en una barrera económica para los sectores más vulnerables, ya que las personas provenientes de países que no pertenecen al Mercosur pasaron a abonar el equivalente al 42% de un salario mínimo, vital y móvil (SMVM), mientras que las y los ciudadanos nacidos en países sudamericanos empezaron a pagar alrededor del 21% de un SMVM.

"Promover medidas que faciliten el acceso a la documentación, en especial para aquellas personas con menos recursos, redunda en el aumento de la regularidad entre quienes son migrantes en nuestro país, pero no provoca un incremento de la población extranjera", recordó Caref. 

Además, repasó la asociación, favorecer la radicación consolida una sociedad más justa, porque promueve el trabajo registrado, reduce los delitos vinculados con las transacciones comerciales informales, dota al Estado de mayores capacidades para aumentar la recaudación previsional e impositiva, y facilita la inclusión de la población extranjera en estrategias de promoción de la educación y la salud.

Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el decreto Nº 584/2024, advirtió Caref, "lejos de promover derechos, obstaculizan arbitrariamente la posibilidad de que las personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad regularicen su situación". 

"Nos parecen desproporcionados los nuevos valores de los aranceles, en especial en este contexto marcado por el desmantelamiento de las políticas sociales, la reducción de la tasa de empleo y la recesión económica", agregó la asociación, que señaló al mismo tiempo la necesidad de "contar con mecanismos transparentes para calcular el incremento de este tipo de tasas". 

Sobre el final del comunicado, Caref pidió "que se garantice el acceso a la documentación de todas las personas migrantes que viven en el territorio nacional" estableciendo "procedimientos amplios y sencillos que promuevan la regularidad migratoria".