Luego de dos años de investigación, Gendarmería Nacional desarticuló una red de trata que funcionaba en la provincia de San Juan, dedicada al traslado de mujeres hacia Colombia. Tres personas se encuentran detenidas por la causa.

El hecho trascendió el 4 de julio, luego de que quedara detenido Gustavo De la Fuente, un reconocido abogado sanjuanino que fue acusado de integrar una red de trata con conexiones internacionales. Además, quedaron apresados otros dos miembros de la organización de nacionalidades colombiana y venezolana.

La Justicia le dictó De la Fuente prisión preventiva y lo imputaron por explotación, trata, lavado de dinero y tenencia de drogas, debido a los elementos secuestrados en su estudio durante uno de los procedimientos. El letrado fue alojado en el Pabellón 1 del Sector II del penal de Chimbas, también conocida como el "Gallinero", una cárcel caracterizada por alojar a los policías y militares condenados o procesados por estos delitos.

La larga investigación de la dinámica criminal

El blanco de la organización eran las mujeres en estado de vulnerabilidad, en su mayoría menores de edad. Los proxenetas las capturaban con el objetivo de explotarlas sexualmente y obtener a cambio un rédito económico. Para atraerlas, las convencían de tener una oportunidad como modelos para la empresa Belle Argentina, y luego las obligaban a producir contenido erótico que vendían por diversas vías.

El mecanismo era siempre el mismo. Los delincuentes se contactaban con las mujeres a través de redes sociales y les hacían las falsas ofertas de trabajo. Cuando las víctimas aceptaban, las sacaban del país desde La Rioja y las llevaban engañadas hasta Colombia.

Una vez captadas, las mujeres eran obligadas a realizar contenidos pornográficos. Y las mantenían en condiciones de extrema misetia: no tenían calefacción ni agua caliente, y estaban obligadas a compartir habitaciones, baño y objetos sexuales sin higienizar. También carecían de atención médica.

La causa contó con la intervención del Juzgado Federal Nº2 de San Juan, que ordenó el secuestro de elementos de interés para la causa y la detención de los involucrados. En simultáneo, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los investigados, a los fines de abrir una nueva investigación financiera y patrimonial por parte del Grupo de Delitos Económicos, con el fin de establecer la trazabilidad del dinero a través de distintas cuentas y billeteras virtuales.

Luego de la realización de las requisas, se ordenó la detención de los principales investigados, cuyas pertenencias fueron incautadas, así como dos automóviles y otros elementos de interés  valuados aproximadamente en 120 millones de pesos argentinos.

De acuerdo a lo hallado a partir del entrecruzamiento de la información y el análisis de datos públicos existentes en distintas redes sociales, se probó que las conexiones para la difusión de contenidos eróticos se establecían vía streaming, casillas de mensajería y servicios exclusivos a los que los usuarios lograban acceder abonando un monto mediante tarjeta de crédito, criptoactivos o medios de pago internacionales.