En declaraciones a la prensa, Gustavo Vera de La Alameda adelantó la que –según sus fuentes e investigaciones— es la trama que se está destapando a partir de la que estaría siendo la declaración de Laudelina Peña ante la Justicia. Por un lado, la tía de Loan involucraría a Daniel Tello, secretario de Miguel Olivieri, Ministro de Planificación de la provincia de Corrientes y amigo del comisario Maciel (lo encubrieron al policía en la causa de abuso sexual). 

Dicho comisario fue extrañamente transferido al pueblo de 9 de Julio, algo que implicaría un descenso en lugar de un ascenso, pero a la vez una ventaja dado que conformarían una banda que utilizaría la zona como área liberada para negocios turbios. Tello frecuentaba la casa de doña Catalina con la intensión de “hacerse amigo” y lo filmó en un video al hijo más pequeño de Laudelina.

A su vez, Laudelina mandaría al frente al senador provincial Diego Pellegrini –mano derecha del gobernador Valdés— y al abogado José Codazzi, quienes la habrían extorsionado en un auto para que declare en falso a cambio de una casa y dinero, una parte del cual le fue entregado y está ahora incautado por la Justicia. La esposa de Codazzi es la secretaria del Ministro de Seguridad de Corrientes, recién renunciado luego de la denuncia de La Alameda. Y también Laudelina incriminaría a su marido Antonio Benítez, a Daniel Ramírez y a Victoria Millapi como entregadores de Loan.

El contexto de todo esto sería una decisión política mafiosa del alto poder político de hace 3 años para convertir a 9 de julio en una zona liberada narco y del crimen organizado. Por esa razón el exmilitar Pérez –inteligencia de la Armada-- y el comisario Maciel habrían aparecido en la región, este último protegido por el ministro Olivieri. La otra pata sería Victoria Caillava, quien ya había sido intendenta y es Secretaria de la Producción, pero sería quien en verdad maneja la municipalidad.

El caso Loan habría destapado la zona liberada salpicando para todos lados, según Gustavo Vera en sus dichos en C5N. Los delitos de dicha banda incluirían la trata con fines de pedofilia y la producción de pornografía. Incluso el cura Cristian González está sospechado porque alojaba a Maciel en la casa parroquial y llamó a los feligreses a no marchar. En este contexto, el apuro del gobernador al dar por resuelto el caso con un mensaje en X lo deja en una situación complicada. 

El líder de La Alameda dijo que el comisario Maciel sería mucho más que un mero encubridor y que Benítez es "un malandra" conocido en el pueblo por vivir del delito y que no iba preso gracias a sus nexos con la policía, para la cual trabajaba delinquiendo: probablemente hacía trabajos para la policía por extorsión, para que no lo mandaran preso.