La Comisión de Acuerdos del Senado recibirá los próximos 21 y 28 de agosto al juez Ariel Lijo y al abogado constitucionalista Manuel García Mansilla, los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia propuestos por el presidente Javier Milei.

De esta manera, Lijo y García Mansilla tendrán sus respectivas audiencias públicas en las que deberán pasar el filtro de la Cámara alta. Para que la convocatoria quede firme, se debe publicar en un diario de tirada nacional el llamado a las audiencias durante dos días, del mismo modo que en el Boletín Oficial.

La propuesta de publicación de la senadora Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio (JxC) y titular de la Comisión de Acuerdos, fue para el 19 de y 22 de julio. La acción se da en medio de fuertes rumores, ninguno confirmado, de un posible intento por parte del Gobierno de ampliar el número del máximo tribunal.

En la misma línea, las dudas también marchan por el futuro de Lijo y García Mansilla. El pliego de Lijo parece -a priori- el más encaminado a unir la grieta entre el kirchnerismo, los opositores dialoguistas y el propio oficialismo, con pocas excepciones.

De hecho, la candidatura de Lijo tuvo más de diez veces las adhesiones que la cantidad de impugnaciones que recibió: sumó 3.578 respaldos y 328 rechazos, de acuerdo con un informe que difundió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Entre las que expresaron su adhesión a favor de la candidatura del juez, se encuentran destacadas magistradas y fiscales como María Servini, Maria Eugenia Capuchetti, Zunilda Niremperger, Karina Perilli, María Verónica Skanata, Victoria Pérez Tognola, María Paula Marisi, María Alejandra Mángano, Silvia Ruth Cavallo, Mirta Delia Tyden, Sabrina Namer. Ponderaron la trayectoria, formación, seriedad y cualidades morales y personales de Lijo. La Delegación a Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Abuelas de Plaza de Mayo también manifestaron su acompañamiento a la postulación, destacando su compromiso por los derechos humanos.

Sin embargo, García Mansilla genera resistencia por su perfil conservador. Las críticas más fuertes provienen de los sectores progresistas. Cuestionan su postura abiertamente antiabortista y sus estrechos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Durante el debate de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en 2019, el magistrado se presentó en el Congreso y dijo que “el aborto es un delito”. También fue uno de los magistrados que durante el gobierno de Alberto Fernández se pronunció en contra de la intervención de la firma Vicentín. Esta y otras posturas pro-libertad de mercado lo acercan a Carlos Rozenkantz, otrora crítico de la “justicia social”.

En marzo pasado, el Ejecutivo había revelado las propuestas de Lijo para cubrir el quinto lugar de la Corte, tras la salida de Elena Highton de Nolasco, y de García Mansilla en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre.