La IGJ y un histórico reformateo con el país camino a ser un paraíso fiscal

El Gobierno anunció que la Inspección General de Justicia (IGJ) ya no será un organismo de control sobre sociedades locales, extranjeras, asociaciones y fundaciones. El Ministerio de Justicia anunció que será considerada como un "servicio económico de interés general" que quitará trabas "burocráticas" para fomentar inversiones. Así como habrá escasos requerimientos para constituir una sociedad local, menos todavía habrá para el desembarco de sociedades extranjeras y off shore. El país iría camino a ser un paraíso fiscal. La falta de información sobre la composición societaria, la evolución patrimonial y los balances podría dar pie a estafas y otros delitos, hasta lavado de dinero. Uno de los modelos que se profundizará, explicó el ministro Mariano Cúneo Libarona, es el de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), que permite armar una empresa en cuestión de horas, sin capital ni rendición de cuentas. La banda narco de los Monos, para ilustrar, creó más de 40 SAS para usar facturas truchas y comprar propiedades como mecanismo de blanqueo.

El capítulo que habilita la posiblidad de que las asociaciones civiles y fundaciones participen en sociedades anónimas (ver aparte), como las deportivas, es solo un aspecto de una gran reforma que el inspector general, Daniel Vitolo, viene implementando desde el inicio de su gestión, bajo el modelo libertario. Para eso firmó más de una decena de resoluciones que comenzaron a barrer con requisitos y modos de fiscalización sobre las sociedades, siempre con el objetivo de la atracción de inversiones como excusa. La resolución 15/2024, que es la que se anunció este martes, reformatea todo el funcionamiento del organismo.

El pensamiento de Javier Milei se basa en sostener que el Estado es corrosivo para la actividad económica privada y para la autonomía de los negocios particulares, por eso su gestión hace prevalecer los deseos y necesidades de los grandes capitales, el interés individual sobre el colectivo. “Nuestro norte es desregular, simplificar y eliminar trabas mal impuestas a los argentinos de bien y facilitarles los procesos burocráticos para fomentar la inversión en nuestra querida Argentina”, sostuvo Cúneo Libarona.

Desde el sentido común, ¿quién no quiere evitar la burocracia? Pero el ministro apunta a criticar el modelo tradicional de la IGJ, y en particular, a la gestión anterior que, que fue casi opuesto: “La Inspección General de Justicia durante mucho tiempo fue --dijo-- un organismo intervencionista que avasalló sus competencias, se salteó la Constitución Nacional y generó grandes daños y perjuicios en todos aquellos que buscaban invertir y sacar lo mejor de la Argentina (...). Eso se terminó. Esta normativa es un paso más dentro del cambio de sistema que estamos implementando. Tiene como objetivo respetar la voluntad de las partes, sin inmiscuirse en decisiones que son puramente de los tipos sociales".

¿Para qué se aplicaban controles? Para evitar fraudes legales, para prevenir daños a terceros (acreedores, herederos, socios), para detectar lavado de dinero (como el caso de los Monos) para evitar actividades ilícitas (como las estafas piramidales), para implementar políticas que protejan el interés general y el bien común. Algunos expertos sugieren, por ejemplo, que esto último se podía lograr con la regularización de los clubes de barrio, que incluso ahora podrían estar en peligro y la paridad de género en los directorios de las sociedades. La política oficial, es evidente, va por otro carril.

Lo que se flexibiliza

*La desregulación y simplificación de sociedades constituidas en el país implica que los capitales privados podrían burlar --por ejemplo-- reclamos de acreedores que reclamen alguna deuda, o facilitar estafas a cónyuges o herederos, ya que no hay verificación patrimonial (se habilita una suerte de blanqueo de hecho) sobre lo que una firma posee ni sobre sus dueños, los bienes no tienen que estar afectados a la sociedad empresaria, no se exigen garantías de directores, no se requiere certificado de inhibición de bienes en caso de una reorganización societaria, no se verifica la llamada "prima de emisión" (cuando se hace un cambio de capital y se emiten nuevas acciones) lo que puede perjudicar a socios minoritarios, se reducen "exigencias contables" (sic) en general.

*La anunciada simplificación de "los trámites y se flexibiliza la constitución, el funcionamiento, disolución y liquidación de las asociaciones civiles y fundaciones", implica que no se investigará si realmente persiguen el "bien común" o solo persiguen intereses personales. Las iglesias, fundaciones, confesiones y comunidades o entidades religiosas ahora registradas y fiscalizadas podrán dejar de estar bajo ese monitoreo y manejarse con sus propios estatutos. Los fideicomisos quedan eximidos de presentar estados contables, igual que los "contratos asociativos".

*A las sociedades extranjeras no se les pide plan de negocios, cuál es su patrimonio, no se exige "acreditar la titularidad de activos en el exterior" para poner anotar sucursales", no importa quién es el dueño y si es una cáscara, aunque se pida conocer al supuesto beneficiario. Se pueden inscribir "las sociedes off shore y aquellas constituidas, registradas o incorporadas en países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales, considerados no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal y/o categorizadas como no colaboradoras en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo", dice el ministerio de Justicia. Lo que promete es usar "un criterio restrictivo al considerar su inscripción". Esto deja claro que la discrescionalidad está cantada. El uso de estas sociedades podría, como es conocido, facilitar evasión, lavado, fuga de capitales y otros delitos.

*El plan del gobierno reivindica y reafirma el sistema de las SAS. Las introdujo el gobierno de Mauricio Macri --como un "estímulo para el capital emprendedor"-- las restringió la gestión de Ricardo Nissen en la IGJ durante el gobierno de Alberto Fernández, y las resucita Milei con una resolución que vítolo ya había firmado. Se pueden constituir sin control de legalidad, ni exigencia de balances, con mínimo capital, un socio y en dos días. El ejemplo de los Monos, que armaban SAS desde la cárcel, es ilustrativo de cómo puede ser también una herramienta dudosa, igual que las off shore.