La denominación del Presupuesto como “ley de leyes” obedece al hecho de que define, y subordina, los grandes lineamientos del modelo de país que se busca desarrollar en el corto plazo. Si bien las urgencias y las razones políticas provocan que el mismo difiera con su ejecución final, no menos cierto es que estas distancias no alcanzan a modificar radicalmente el diseño elaborado por el equipo económico bajo instrucciones políticas. 

En este sentido, resulta ilustrativo observar qué sucedió con el último presupuesto formulado por la Alianza y convertido en ley por el Congreso, es decir dentro de la experiencia neoliberal previa a la actual, el último del kirchnerismo, y el elaborado por la alianza Cambiemos para el año próximo, en base a un estudio realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) a pedido de Cash.

Para las conclusiones, es necesario además tener en cuenta que las cifras expresadas en porcentaje del PIB deben ser evaluadas teniendo en cuenta que el Producto se duplicó entre 2001 y la actualidad, lo que implica en cualquier caso erogaciones reales mayores. Luego, lo primero que surge, sobre todo en el contexto de éxito electoral de la Alianza Cambiemos, es el sostenimiento del salto cualitativo que el gobierno anterior efectuó en las partidas destinadas a “servicios sociales”. Estas aumentaron un 50 por ciento entre 2001 y 2015, y ello no se modificó sustancialmente durante el actual gobierno, que en el presupuesto 2018 mantiene esta erogación en niveles equivalentes, lo que marca una similitud con un kirchnerismo que tenía en las políticas de transferencia de ingresos uno de sus puntales, y por las cuales era acusado por la entonces oposición, hoy en el poder, de efectuar populismo económico y desalentar la cultura del trabajo. De hecho, representa el único contraste con aquella Alianza inicial que, sin una política de contención para las capas crecientemente excluidas de su modelo, terminó implosionando.

En lo que si se asemejan los presupuestos de ambas experiencias neoliberales, y difieren con el kirchnerismo, es en lo referente a los servicios de la deuda. Mientras que el anterior gobierno efectuó una política de crecimiento económico con desendeudamiento que redujo la carga de los intereses en el Presupuesto Nacional, el actual desarrolla un megaendeudamiento en consonancia con la política iniciada por la dictadura cívico militar de 1976 y continuada por el menemismo y la Alianza, lo cual se refleja, en el caso del presupuesto, en gastos por servicios de la deuda pública que del 4,37 por ciento del PIB en 2001, disminuyeron a 1,60 por ciento en 2015 pero aumentaron al doble, 3,29 por ciento, en el presupuesto 2018.

Otro aspecto, pese al discurso neoliberal que demoniza a los “empleados públicos”, es decir la administración gubernamental que no incluye policías, militares, docentes, médicos y enfermeras, el porcentaje del PIB destinado a estos trabajadores no varió fuertemente entre el último presupuesto de la Alianza, el del kirchnerismo, y el del 2018, pues se situó entre el 1,1 y 1,3 por ciento del PIB.

Así, tal vez, el único logro que pueda exhibir el actual gobierno sea la reducción de los subsidios a los servicios públicos, fundamentalmente los energéticos, que fueron los mayores responsables del déficit fiscal en el que incurrió la Argentina desde 2009. Estos habían crecido del 0,71 por ciento del PIB en el presupuesto de 2001 al 4,24 para el de 2016, pero se reducen al 2,48 en el de 2018. Si bien desde diversos ámbitos, incluso heterodoxos, se planteaba la necesidad de un reordenamiento en esta materia, el sesgo regresivo que se le dio a esta disminución tuvo como consecuencia la fuerte caída en la actividad económica, el empleo, y el aumento de la pobreza. En esa clave posiblemente se pueda leer el aumento del presupuesto destinado a los servicios de la deuda y a la contención social. 

En definitiva, a que el gobierno que venía a reducir las erogaciones del Estado, haya presupuestado un gasto público nacional del 23,49 por ciento del PIB, solo 0,6 puntos por debajo del presupuesto 2016, cifra que suele estar dentro del margen de error cuando se computan las ejecuciones.