Once allanamientos tuvieron lugar ayer en el marco de una investigación que lleva el fiscal Franco Carbone contra el Clan Funes por asociación ilícita, comercialización de drogas y diversos hechos delictivos cometidos con armas. Las medidas tuvieron lugar en Rosario, Alvear y Las Carolinas en el marco de una causa provincial por narcomenudeo. También se anunció el secuestro de 15 mil dólares y 400 municiones 9 milímetros en cajas. La investigación puso en la mira la sociedad de Alan Funes con Leila Schmitt, quien está detenida por la saga incendiaria de autos del mes de mayo.
La banda liderada por el joven pistolero de zona sur Alan Funes -detenido en enero de 2018 desde cuando purga una condena a 35 años de prisión por homicidio y tráfico de drogas- estuvo en el centro de las miradas de las TOE hace tiempo. Esta tropa de elíte junto a los policías de Asuntos Internos allanaron ayer 11 domicilios en los que secuestraron unos 15 mil dólares, cocaína, una pistola y nada menos que 400 municiones calibre 9 milímetros.
La mayoría de las irrupciones tuvo lugar en inmediaciones del Fonavi de Donado y Mendoza, un territorio donde –según la investigación– opera Leila Schmitt, una joven socia de Funes en la actividad criminal. La mujer fue detenida en mayo pasado como presunta responsable de una saga de incendios de vehículos que se sospecha fue gestada por el enojo del reo tras el endurecimiento de sus medidas de encierro.
A más de 7 años del operativo llamado Los Miserables, que puso el ojo en la asociación ilícita comandada por los hermanos Alan y Lautaro –alias Lamparita– Funes, banda que tenía el padrinazgo y participación intramuros de René Ungaro, los integrantes de este clan violento de los barrios Municipal y Tablada siguen operando, incluso después de decenas de allanamientos, homicidios, condenas y el encierro.
“La Policía de Santa Fe llevó adelante este miércoles diversos allanamientos en las localidades de Rosario y Alvear, en el marco de una investigación a cargo del fiscal Franco Carbone sobre miembros del Clan Funes”, dijeron voceros del Ministerio de Seguridad en un comunicado.
Fuentes oficiales indicaron que los procedimientos se llevaron a cabo en Urquiza al 4100, Ercilia al 200 bis, un pasaje de barrio donde vive una abuela de los Funes que ya había sido visitado por las fuerzas de seguridad en el pasado. Derqui al 7500 y 7600, Forest al 7500 (dos domicilios), Ravignani al 1300, Levene al 1600 y Venezuela al 1600. Y El Chañar y El Timbó, y Aguaribay al 6100 de barrio La Carolina, ambos de la localidad de Alvear.
En resumen, señalaron voceros de la investigación, una joven llamada Micaela P. marchó presa por la tenencia de una pistola Taurus calibre 9 milímetros. El arma había sido robada a un policía en 2013 en el área del Cordón Industrial y tras un largo periplo en las sombras de manera insólita aún conservaba el número de serie. Además, en el departamento de Forest 7591 la TOE secuestró 400 proyectiles en cajas y alrededor de 200 bochitas y varias piedras de cocaína.
También se anunció el secuestro de cerca de 300 mil pesos y alrededor de 15 mil dólares en otro departamento del complejo de viviendas de Donado y Mendoza.
Uno de los domicilios allanados –Ravignani al 1300– está ubicado a metros de donde reside la madre de Leila Schmitt, J.G., de 47 años. Esta mujer sobrevivió un ataque a tiros en mayo del año pasado. “Fueron a la casa, me llamaron a mí y cuando salió ella le vaciaron el cargador. A mi mamá le dieron 9 tiros”, señala un mensaje de Leila recuperado de un celular cuyo contenido está judicializado.
El atentado podría ser una consecuencia directa de la incursión de Alan Funes en el violento negocio del narcomenudeo en el noroeste, lejos de su barrio natal. Las últimas investigaciones sobre Funes detectaron que tenía como socia en la calle a Schmitt, quien solía visitarlo en la cárcel de Ezeiza. La joven, a quien también intentaron matar, está presa desde mayo como artífice de una saga incendiaria de autos que, según los investigadores, estuvo motivada por el descontento que generó el endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de “alto riesgo” en el ámbito federal.
