La organización ambientalista Greenpeace denunció a los dueños de la empresa Manaos por un gigantesco desmonte de 10.000 hectáreas en la provincia de Santiago del Estero.

Greenpeace aseguró que se documentó el desmonte que ejecuta la familia Canido, dueña de la empresa Refres Now, que produce la gaseosa Manaos.

“Descubrimos que los dueños de Manaos están realizando un gigantesco desmonte, del tamaño de media ciudad de Buenos Aires, para hacer producción ganadera, cerca de Nueva Esperanza, en el norte de Santiago del Estero. Tienen permisos del gobierno provincial en una zona donde la Ley Nacional de Bosques prohíbe deforestar. Hay una evidente complicidad para avanzar impunemente con este ecocidio”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

La familia Canido posee varias fincas en Santiago del Estero, donde desde hace una década viene deforestando para desarrollo agropecuario y manteniendo conflictos con familias campesinas e indígenas.

Antecedentes

Ya en 2016 en su informe, Greenpeace había reflejado el conflicto entre Canido y campesinos santiagueños. El 14 noviembre de 2014, la Dirección de Bosques santiagueña suspendió un plan productivo que había sido aprobado. La suspensión se decidió tras los reclamos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-VC) y una presentación del Comité de Emergencia para la Atención de la Problemática de los Casos de Conflicto de Tierras.

Sin embargo, en 2016 el MOCASE-VC denunció que “Orlando Canido, representante de la empresa MANAOS, continúa atropellando sobre los territorios de comunidades campesinas indígenas y amedrentando a las familias con gente armada. (…) El día viernes 18 de diciembre, luego de esperar dos años que la justicia tome medidas en el conflicto, la comunidad se puso firme ante las topadoras que pretendían arrasar las 4.000 hectáreas de monte nativo, donde viven 60 familias. Ante el silencio de la justicia, Orlando Canido lleva desmontadas ya 500 hectáreas, quemando carbón en 18 hornos, todo de manera ilegal”. 

Ya en aquel año indicaban que la Dirección de Bosques y Fauna y el Comité de Emergencia de la provincia habían constatado "la presencia de las topadoras, de los hornos y de la gente armada”. En febrero de aquel año, la Jefatura de Gabinete del gobierno provincial se reunió con representantes del movimiento campesino y con el empresario para intentar destrabar el conflicto. Pero en mayo la policía intentó desalojar a siete familias. Tenían una orden de la jueza María Martínez Llanos. 

El 5 de julio el MOCASE-VC denunció agresiones de gente armada: “después de amenazar de muerte a las familias y mientras un grupo tenía apuntando a los niños y mujeres de la comunidad, otro grupo prendió fuego a dos viviendas, a los corrales, destruyó bebederos y largaron veneno y escombros al único pozo de agua potable de la comunidad”.

Un "desbajerado" que es desmonte

Pese a los hechos acontecidos, a 8 años de aquellas denuncias, Greenpeace afirmó que en la actualidad “las topadoras no se detienen y afectan la rica biodiversidad de la región; especies como el oso hormiguero, la corzuela, el pecarí, el loro hablador, y la tortuga terrestre se ven amenazadas. Además, se trata de la zona de pastoreo y uso del monte de comunidades campesinas. Convocamos a la gente a reclamar a los dueños de Manaos que paren de deforestar”. 

La zona a modificar, según se especificó, está en amarillo, que es uno de los colores que señala la presencia de bosque nativo que no debe ser destruido, según lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos.

Según se pudo establecer, Canido pidió permiso para realizar un manejo silvopastoril, lo que implica dejar árboles en pie. Sin embargo, Giardini dijo a Salta/12 que los trabajadores de Canido "usan topadoras grandes con rolos enormes". Añadió que la interpretación de que esto es un desmonte no solo es de Greenpeace, sino también de la Nación. 

En efecto, el monitoreo de deforestación realizado por la Secretaría de Ambiente de la Nación considera “como pérdida de bosque nativo a aquellas áreas en donde se producen técnicas de desarbustado o desbajerado en un grado de intensidad elevado tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial”. El mismo organismo sostuvo que estas superficies "pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven disminuidos, en gran medida, los servicios ambientales que brindan, de modo que resultan un desmonte diferido en el tiempo”.

Santiago del Estero es la provincia con más deforestación del país de las últimas décadas. Según datos oficiales, desde 1998 en la provincia se desmontaron más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos.

“Frente a la grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, resulta clave proteger nuestros últimos bosques. Seguir deforestando implica más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un crimen que debe convertirse en un delito penal”, finalizó Giardini.