Después de dinamitar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y desfinanciar el programa Acompañar, una herramienta de ayuda económica para mujeres y LGBTI+, el Gobierno de Javier Milei desarticuló PatrocinAr, el programa de Patrocinio Jurídico gratuito y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual, y para personas que atravesaron hechos de abuso sexual durante la niñez o adolescencia. Hasta la fecha, el programa dependiente del Ministerio de Justicia solo atenderá las causas que tiene pendientes y no podría tomar nuevos casos. Además de desvincular a la coordinadora del Area de Asesoramiento Legal, la abogada Andrea Quaranta, no se renovaron los contratos de lxs trabajadorxs sociales ni de las psicólogas que brindaban acompañamiento integral a las víctimas, ni tampoco de abogadas que asesoraban a sus compañeras de territorio en las provincias, mientras que a aquellas que continúan solo les renuevan sus contrataciones cada tres meses.

“En marzo de este año me desvincularon junto con dos de las psicólogas, pero esas tres funciones nunca fueron cubiertas por otras personas. Después, por una serie de malos tratos, renunciaron cuatro personas más que tampoco fueron reemplazadas, entre ellas la coordinadora del Area Psicosocial. Esta gestión sacó todo lo que era salud mental y trabajo social, solo dejó la parte legal, con menos personas; en rigor, el equipo de Buenos Aires está desmantelado. También hizo desaparecer el Area de Capacitación, un insumo fundamental para seguir formándonos en estas temáticas”, explica Andrea Quaranta, que trabajó en el programa desde 2019, cuando se denominaba Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género, y abarcaba 13 provincias: hoy funciona en 21 provincias e intervino en 32 jurisdicciones departamentales del Poder Judicial. “Sin embargo, las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia les comunicaron a las abogadas que no iba a haber más ingresos de casos y que sus contratos laborales serían renovados por dos o tres meses, para cerrar los casos que quedaban. Semanas más tarde desmintieron el no ingreso de casos, pero lo cierto es que en el último mes y medio a ninguna de las abogadas del país le derivaron un caso nuevo. No tengo dudas de que están dejando morir el PatrocinAR.”

El programa asegura patrocinio en los fueros Penal, Civil o de Familia, en aquellas causas derivadas del abuso, y sus profesionales trabajan con perspectiva en derechos humanos, niñez y género. Interviene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las capitales provinciales. En la provincia de Buenos Aires, además de La Plata, asiste en Morón, La Matanza, Lanús, San Martín y Quilmes. Avellaneda y Lomas de Zamora también figuraban en el listado, pero la abogada de esos territorios terminó renunciando por los obstáculos y destratos que padeció.

Desde los inicios se admitieron 1.115 personas víctimas, de las cuales 830 recibieron patrocinio jurídico gratuito y 285 fueron derivadas a profesionales que brindan asesoramiento jurídico sin patrocinio. Por su parte, se iniciaron 902 causas judiciales, de las cuales 680 permanecen en trámite, 86 fueron elevadas a juicio y algunas ya están en proceso de debate oral y con fecha próxima de debate fijada. “Tuvimos más del 90% de condenas, en un delito que todo el mundo dice que no hay que denunciar porque no hay resultados. De 67 causas que llegaron a juicio, en 65 hubo condena”, subraya Quaranta. “Los números eran buenos porque había un equipo especializado, con apoyo psicológico, psiquiátrico y social. Nos ha pasado que algunas madres manifestaban que no querían seguir con la causa. Profundizábamos un poco, y en realidad esa mujer no tenía para pagar la SUBE cuando la citaban del juzgado. Resolvíamos esas cuestiones para seguir adelante con el juicio y porque era parte de nuestra tarea. Mi temor hoy es qué va a suceder cuando en septiembre se vuelvan a vencer los contratos, porque lo que va a pasar ese que las víctimas se van a quedar sin patrocinio gratuito.”

¿Qué franja de la población recurre al PatrocinAR?

-En general se trata de población de bajos recursos, en su mayoría mujeres, pero también llegan casos de gente de clase media y algunos de clase alta, porque el programa no exige certificado de pobreza. Aquí lo importante no solo es que sea gratuito, sino que sea especializado, porque además quienes recurren al programa están a la intemperie, en un estado de mucha indefensión y soledad. Y al mismo tiempo tuvimos que ir reforzando y ampliando el área de apoyo social para esa franja de menores recursos, en cuestiones habitacionales, de subsidios para transporte, de escolaridad o salud. Además, en las provincias, especialmente del NOA, donde hay una impronta patriarcal y feudal muy pesada, y el acusado es un poderoso o un amigo del poder, es importante que la abogada que patrocine a la víctima esté avalada por el Ministerio de Justicia de la Nación. En algunas cuestiones, desde María Soledad Morales hasta hoy, no ha cambiado nada. El Poder Judicial se sigue manejando con la misma impunidad y arbitrariedad.

Una motosierra a las infancias

La abogada detalló que, en la actualidad, el programa depende de una especie de “limbo”, dentro del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona. “La subsecretaria de Acceso a la Justicia, Candelaria Montenegro, renunció en medio de un recorte de atribuciones, y hasta donde se supo no hubo reemplazo. Tampoco se nombró una nueva dirección para el Centro Nacional de Atención a las Víctimas del Delito (Cenavid), que incluye el PatrocinAR en su organigrama. No es un dato menor que a mitad de año todavía no haya nombramientos en áreas tan sensibles, donde es central sostener la continuidad y los trabajos de articulación con abordaje integral.”

Que el achique del PatrocinAR “a su mínima expresión”, como sostiene Quaranta, haya sobrevenido tras el cierre masivo de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), no sería casual. Gran parte de los casos que llegaban al programa se canalizaban a través de la Línea 149 del Cenavid y de los CAJ, distribuidos en todo el país, con los que articulaban las abogadas del programa. De los 110 existentes apenas quedaron 24 CAJ colgando de un pincel. Y desarmaron la red que se había creado con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf): “Había cuatro abogadas de enlace que, además de trabajar con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, para asistir situaciones complejas, lo hacían con la Senaf, porque el programa siempre abordó más allá de la cuestión legal. Por ejemplo, para conseguir vacantes en escuelas, tratamientos médicos o psicológicos. De esas cuatro compañeras, dos ya no están y las que quedaron tienen otras funciones. “La mayoría de los organismos con los que articulábamos ya no existe. Es un desguace abrumador.”

En esa línea, la eliminación de las capacitaciones clausuró la posibilidad de seguir ampliando el abordaje jurídico de los abusos sexuales en niñeces y adolescencias.

--En principio, derribaban los mitos que todxs tenemos cuando nos acercamos a estos temas. Mitos respecto de las madres, de lxs familiarxs y de las propias víctimas. Una capacitación siempre hace repensar los mitos y también ayuda a desterrar los argumentos de la falsedad de las denuncias: a nivel mundial, apenas el 2% de las denuncias de abuso son falsas, pero para sostener esta argumentación hay que tener una formación sólida y comprometida. Las capacitaciones eran necesarias para entender pericias e informes, y formarse en aspectos de la psicología. Por ejemplo en la retractación, un mecanismo de defensa común en lxs chicxs, porque lo que desatan a partir de que hablan es muy pesado, y en algún momento no lo toleran más. Comienzan entonces diciendo “es mentira”, “es una broma”. Por suerte hay juzgados que toman la retractación como una prueba más del abuso pero esos, precisamente, son los juzgados que se han formado. En esos espacios, además, se abordaban los modos de abrir puertas para que los abusos no prescribieran, la posibilidad de hacer juicios por la verdad, o cómo tratar las causas que llegan archivadas. En provincia de Buenos Aires recibimos una causa con tres archivos encima, y tuvimos que trabajarla con la abogada, la psiquiatra y la psicóloga. No solo logramos el desarchivo, sino que se llame por primera vez al acusado a indagatoria, después de ocho años de realizada la denuncia, y ahora esa causa tiene fecha de juicio. En definitiva, las capacitaciones son herramientas que ayudan para un mejor litigio, y sobre todo para que las personas afectadas estén mejor, que es lo más importante. El acusado podrá ir preso o no, pero mientras tanto se buscan medidas reparatorias.

En el repaso de esas victorias, enumera las ayudas económicas, las reconstrucciones de una cotidianeidad sin miedos, las confianzas recuperadas, los traumas que fueron sanando. "En un caso conseguimos una indemnización por daños dentro de la misma causa penal, y con ese dinero la madre de una víctima pudo poner un negocio para sostener sus vidas. Recuerdo otro en que una adolescente, a partir del daño que el abuso le provocó, no pudo seguir la escolaridad y cuando quiso retomarla el desfasaje de edad era tal, que en ese pueblo no había escuela pública donde pudiera ir. Se logró que, como parte de la condena, el acusado le pagara una escuela privada que la aceptaba por la edad, para terminar el secundario.

¿Qué significa la disolución del programa PatrocinAR?

--En principio, este programa significa un espacio de escucha y contención empática. El trabajo interdisciplinario de estos años hizo que las propias abogadas tengan hoy una escucha diferente. Había un lema, no sé si seguirá, “la gente no puede irse sin una respuesta”. No se podía decir “esto no nos corresponde”, y si no nos correspondía, veíamos qué podíamos hacer o derivábamos a esa persona, pero no a un organismo en abstracto, sino a alguien en concreto que ya se había interiorizado con el caso. Creo que era una marca muy diferenciadora de lo que es el Estado a veces. Se pensaba la reparación en sentido amplio, porque el proceso judicial puede ser muy dañino, y otras aristas de la vida de las personas, y eso no tiene precio. El desmantelamiento del programa PatrocinAR significa que el Estado deje solas a las víctimas y sus familias. Hay muchas Ong´s que asesoran, pero muy pocas hacen patrocinio, y los colegios de abogadxs brindan un patrocinio, pero hay que estar casi en la indigencia para que lo den. En ese sentido, el programa cubría un hueco que sigue existiendo. Las medidas de recorte y desguace dejan a la intemperie a cientos de niñxs y adolescentes víctimas de abuso sexual, pero también exponen la mirada cruenta que el Gobierno ejerce sobre estas problemáticas.