Un juez del fuero contencioso administrativo habilitó la feria judicial para que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, cumpla con la medida cautelar que le ordenó aplicar los programas alimentarios que están vigentes y que prevén la entrega de alimentos y fondos para comedores y merenderos comunitarios. La Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se habían presentado el miércoles para reclamar la ejecución de la decisión judicial y mostrar que el gobierno incluso transfirió fondos a organismos internacionales que se ocupan de los convenios, pero no se usaron al menos para su finalidad: garantizar el derecho a la alimentación. 

"Circunstancias excepcionales"

El viernes pasado a última hora el juez Walter Lara Correa dictó una medida cautelar en la que le ordenó a la cartera de Pettovello que aplique los tres programas que están vigentes, diseñados para hacer llegar productos alimenticios y fondos a los comedores y merenderos de organizaciones sociales. Su resolución señalaba que el propio gobierno había alegado la vigencia del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, el Programa Nacional Alimentar Comunidad y el de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero que no los estaba implementando. Es decir, reconocía el reclamo presentado en febrero último por el CELS y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), al que luego se sumaron otras organizaciones. 

La administración de Javier Milei y la política en tándem con Pettovello ha sido cortar la llegada de alimentos a los movimientos sociales con la excusa de supuestas irregularidades y el argumento de que no quieren intermediarios, aunque pusieron a la fundación Conin, del antiderechos Abel Albino. Pero la cautelar de Lara Correa fue muy clara: Capital Humano debe garantizar en forma "cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna" el derecho a la alimentación de las personas que asisten a comedores y merenderos comunitarios. Destacó que "funcionan como una red de contención" a la que "recurren personas de carne y hueso que integran los grupos socialmente vulnerables y los segmentos particularmente empobrecidos de la población". 

El juez que está de turno esta semana, Martín Cormick, sostuvo que "en el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida para habilitar la feria judicial" para "proseguir con la tramitación del cumplimiento de la medida cautelar resuelta en la causa", por ser un caso que "no admite demoras". Así lo plantearon los demandantes, que también le requirieron a Cormick que ordene a Capital Humano "hacer efectiva la entrega de alimentos y los fondos asignados a través del programa PNUD para" un grupo de comedores que enumeran en la presentación y que se le apliquen "astreintes" (una sanción económica) a la ministra Pettovello. 

Agujeros negros

El Amanecer de los Cartoneros explicó en la presentación que tenía un convenio desde 2022 en el contexto del Programa Argentina contra el Hambre a través del cual abastecía a 159 comedores (20.687 personas) en 20 provincias. El problema es que la última rendición de cuentas de hace un año todavía no tuvo aprobación, pese a que es un acuerdo de seis meses que se va renovando. Por esto quedó interrumpido. La asociación también recibía fondos para prestaciones alimentarias comunitarias, que incluía la compra de alimentos frescos y secos. En este caso la renovación era cada tres meses, siempre mostrando las cuentas claras, hasta que el gobierno la interrumpió en febrero último pese a que estaba aprobada la continuidad. El escrito anexa una lista de comedores con información hasta la fecha y todos los trámites.

 "La falta de abastecimiento de los espacios ha generado que algunos espacios tengan que cerrar sus puertas por falta de insumos. Otros, han podido sostenerse a través de donaciones y múltiples estrategias que se han desarrollado, la cual ninguna proviene de una política pública del Ministerio de Capital Humano, para brindar una mínima asistencia a las personas que allí concurren para satisfacer su derecho alimentario básico", señala el escrito. Agrega que "se ha visto interrumpida la recepción de alimentos a través del sistema denominado 'bocas' encuadrado en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria" por el cual se hacían entregas periódicas de alimentos secos (yerba, arroz, harina, harina de maíz, legumbres, fideos, enlatados, entre otros). La Asociación explica que tenía "una boca con 47 puntos de entrega en todo el territorio". 

Según cada comedor, la interrupción de alimentos --dice el escrito-- lleva de cuatro a ocho meses. "Esta situación no conduce hacia otro lugar que a la reproducción de la situación de desigualdad, pobreza extrema e indigencia, privando a una parte de la población, en particular a los niños, de uno de los derechos más esenciales". Las organizaciones advierten, además, que las "mismas entidades excluidas para percibir alimentos" a  través de los programas habituales, fueron invocadas o utilizadas por Capital Humano para renovar la transferencia de fondos al PNUD, en teoría para continuar con la misma política alimentaria. "Utilizan las entidades para fundamentar los trámites técnico-administrativos para la renovación de fondos a PNUD, pero las excluyen para recibir alimentos", explica el texto. 

Según el planteo ante el juez Cormick, "el Ministerio de Capital Humano transfirió de febrero a la fecha el total de 21.000 millones de pesos a los fines de dar continuidad a la ejecución de los proyectos existentes con organizaciones que se encontraban bajo convenio del programa", pero en los casos que cita el escrito "dicho propósito no ha sido cumplido". Como es obvio, la pregunta es qué pasa con esos fondos. En el caso de otra partida de 14.000 millones que también fue transferida a PNUD, el gobierno dijo que había acordado una nueva modalidad por la cual haría una licitación de alimentos (para luego ser distribuidos) junto con el programa de Naciones Unidas. Pero el proceso de adjudicación quedó frenado y desde abril último no habría noticias. Era para compra de arroz, fideos y leche en polvo. También transfirió 6700 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), se hizo una compra de lentejas y aceite, pero Capital Humano le dijo al jueza Lara Correa que era confidencial lo que pasaba con esa mercadería, si bien aparece parte en los galpones donde todavía está buena parte de las más de 5000 toneladas de productos acopiados. Lo que se entregó es lo que se estaba por vencer, y el gobierno no quiso dárselo a las organizaciones, solo a escuelas y con su propia fundación intermediaria.