Los diputados santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón intentan reponer un programa de salud pública que el gobierno nacional bajó al comienzo de su gestión, en el marco del recorte presupuestario general. La iniciativa apunta a restaurar por ley el Programa Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Penia), política de Estado que se aplica en numerosos países emergentes y que en Argentina demostró eficacia al reducir a la mitad la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes.

"El programa estaba creado en el Ministerio de Salud, con fondos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el PNUD, es decir que al Estado no le costaba nada. El gobierno lo discontinuó más por una cuestión ideológica", encuadró Paulón en diálogo con este diario. La responsabilidad entonces fue de Pablo de la Torre, exsecretario de Niñez y Familia, antiderechos por convicción, que fue eyectado luego del cargo por una pelea con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. 

La diferencia era elocuente. En 2017, al comenzar a regir el programa en el país ocurrieron 94.079 nacimientos de madres menores de 20 años, y 2.493 de niñas menores de 15. Para 2019, ya con el programa en curso, los partos de adolescentes de entre 15 y 19 años habían disminuido a 69.803, y a 1.938 en el caso de las niñas. Aún más, en 2021, descendió esa cuenta: 46.236 nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años y 1.394 de niñas menores de 15 años. Equivale a decir que en seis años de vigencia el Plan Enia –como se le llamaba– redujo el embarazo adolescente un 50 por ciento.

El costo social es ostensible. Solo el 38% de las niñas y adolescentes que fueron madres han completado la escuela secundaria. Y apenas 3% alcanzó nivel terciario de educación. Universidad, solo 1%.

Tambien en el mundo del trabajo el impacto es notorio. Siempre con datos de Naciones Unidas, las mujeres que fueron madres niñas o adolescentes estuvieron afectadas por inactividad laboral un 25% más que aquellas que lo fueron entre los 20 y 29 años de edad. Esa desigualdad también se replica a la hora de medir los ingresos laborales de un grupo y otro.

De fondo, se tiene que en Argentina 7 de cada 10 adolescentes que ha parido no planificó ese embarazo; mucho más en las chicas menores de 15 (8/10) porque, además, muchas veces son consecuencias de violencia sexual.

Ante la baja que dispuso el Ejecutivo, los socialistas intentan reinstaurar el programa desde el Poder Legislativo con una ley. Según Paulón, el consenso para que avance en el circuito parlamentario es posible. 

"Puede salir porque hay apoyo de varios bloques. Silvia Lospenato, del PRO, presentó un proyecto parecido, así que por ahí se puede tratar. Sí habrá algún sector de La Libertad Avanza en contra, pero entre el radicalismo, nuestro bloque Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria y el PRO con su proyecto, creemos que hay chances", se entusiasmó el legislador rosarino.

El programa apuntaría a la población de entre 13 y 19 años, y se propondría "sensibilizar a la población en general y a adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia; mejorar la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones", dice el texto.

En general, el plan apunta a empoderar a la población adolescente para "potenciar las decisiones informadas para el ejercicio de sus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos", y "fortalecer políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual", abarca.

Esa tarea implicará el restablecimiento de los equipos profesionales que fueron suprimidos por la decisión libertaria de recortar funciones de Estado y que operaban tanto en el ámbito de la salud pública como de la educación. Según los autores del proyecto, eran alrededor de 700 agentes que llevaban a cabo el Penia y cuyos contratos no fueron renovados en esta gestión. 

Además –señaló el diputado– la afectación presupuestaria "es inexistente porque en su momento se implementó con financiamiento de agencias internacionales como el UNFPA y el PNUD". Según la UNFPA, en 2018 a Argentina le costó 834 millones de dólares las consecuencias de asistir embarazos adolescentes. 

Paulón agregó que el objeto es "la prevención del embarazo no intencional en adolescentes desde un abordaje intersectorial, con perspectiva de género, diversidad y enfoque de derechos. Información basada en la evidencia, educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos eficaces".