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“El peronismo tiene el desafío de construir justicia social en torno a la distribución de suelo”, afirma Francisco Echarren. En plena discusión para contar con una nueva ley de ordenamiento urbano en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Castelli asume al frente de la Agencia de Hábitat y Vivienda de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (Flacma).
En este contexto, y en diálogo con Buenos Aires/12, el jefe comunal de Castelli resalta la creación de la agencia. Explica que le acercó la propuesta a Fernando Espinoza, presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), quien lo elevó a la Flacma para su aprobación. Así, desde hace una semana, existe una entidad que Echarren define como un “vehículo para acortar la asimetría de información actual por la que los alcaldes desconocen de programas disponibles en materia de vivienda”.
Entre sus principales objetivos, prima la posibilidad de interactuar con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Dirección de ONU-Hábitat a los fines de acercar las herramientas que brindan los organismos y que, a juicio de Echarren, hoy son desechadas por el gobierno de Javier Milei.
Desde su mirada, el Milei pregona un “genocidio social” a partir del retiro del Estado en el desarrollo de políticas públicas, entre ellas la democratización del acceso al suelo y al techo propio. No esquiva el debate respecto al rol del Estado en política habitacional, pero considera que está enmarcado en prejuicios y no tiene horizonte.
Por eso sostiene que “hay que construir políticas públicas inteligentes, sustentables, autofinanciables que les den la posibilidad a millones de familia de acceder a una porción de tierra y a una vivienda, y eso sin Estado es imposible”.
La necesidad de planificar
Echarren pinta el mapa regional y dice que Argentina es el país más urbanizado de Latinoamérica, con un el 93 por ciento de su población que vive en ciudades. Es una condición que, sostiene, necesita de una planificación precisa con un acceso justo al suelo para todos para evitar las tomas de terrenos o la conformación de asentamientos y, al mismo tiempo, la regularización de la situación vigente.
A su vez, implica el desafío de organizar el sistema transporte, el sistema de salud, el de educación y la seguridad, entre otras responsabilidades. “Sobre las ciudades se planifican las políticas públicas, por lo que sin planificación urbana es imposible hacerlo”, apunta el intendente de Castelli.
Todo esto, asegura, se tiene que ejecutar en un plano de enorme desigualdad social. Latinoamérica, indica, es la región más desigual del planeta por el desequilibrio entre la riqueza existente y la cantidad de pobres que la habitan.
Así las cosas, y con la premisa de comenzar a saldar esta problemática, Echarren presentó su idea de una agencia a Espinoza. La trabajó junto al Secretario Ejecutivo de la FAM, Juan Mateo, y el Secretario General de Flacma, Javier Arredondo.
Incluso, días atrás mantuvo una reunión con la directora de ONU-Hábitat, Anaclaudia Rossbach, donde se le dio el puntapié inicial al funcionamiento de la agencia. La misma estará conformada por, esperan, representantes de los catorce países que conforman la Flacma, la cuál está integrada por más de 16.300 municipios latinoamericanos.
Como bien definió Echarren, el órgano oficiará de canal para la organización de plenarios, conferencias, propuestas de modelos de legislación, captación de plusvalía del sector privado, plantes de regulación de suelo y diversas herramientas que posibiliten el acceso a programas preestablecidos de acceso al hábitat.
“La idea de la Agencia es poder ser un faro que ilumine a los alcaldes de la región para contar con una legislación local moderna y e innovadora”, sostiene Echarren. Asegura que la iniciativa tuvo una “excelente recepción” en la ONU porque los organismos internacionales consideran necesaria la interacción directa con los municipios. “Para la ONU, un alcalde queda en la estratósfera”, compara.
Por eso, repite, se debe achicar la brecha de información. Con la incorporación de distintos alcaldes de los países de Flacma a la conducción de la agencia, Echarren espera que se compartan experiencias positivas.
Cuestión de modelos
En Argentina, resalta Echarren, existe una deuda pendiente en lo que respecta a la distribución del suelo, particularmente el urbano. Describe al país como “territorialmente inmenso” donde se deben articular las decisiones necesarias para que cada ciudadano argentino pueda acceder a una porción de suelo y a un techo propio. “Cuando tenés tu casa te sentís más ciudadano”, sostiene.
“En el peronismo nos debemos esa discusión profunda para adentro y para afuera y así tener una justicia social sobre la distribución de la tierra”, remarca.
En este sentido, celebra el anuncio y puesta en funcionamiento de las jornadas de debate para la recolección de ideas y aportes de la comunidad con el objetivo de contar con una Ley de Ordenamiento Territorial y Acceso Justo al Hábitat.
“Festejo que se impulse esta discusión”, señala Echarren y agrega que “la provincia de Buenos Aires tiene que ser la abanderada en impulsar la distribución de suelo urbano”. Considera que es inentendible que desde 1977 a la fecha el peronismo no haya modificado el decreto ley 8912 que hoy regula el ordenamiento urbano.
Esta iniciativa de parte del gobierno de Kicillof contrasta con las últimas decisiones del Gobierno nacional y Echarren las pone sobre la mesa. Entre otras cuestiones, Milei, valga la redundancia, echó por tierra a la Ley de Tierras.
Sancionada en 2011, y tal como explicó este diario, la norma ponía límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. En su texto, establecía que sólo puede haber un 15 por ciento de tierras en manos de extranjeros o que un mismo titular extranjero no puede superar el 30 por ciento de ese porcentual ni tampoco las mil hectáreas en la zona agrícola núcleo. También determinaba la prohibición para la venta de tierras que tengan o sean ribereñas a cuerpos de agua como ríos, mares o lagos, así como las ubicadas en zona de seguridad de frontera.
Esta decisión, apunta Echarren, esgrime la verdadera intención del Gobierno nacional: concentrar la propiedad de la tierra en pocas manos privadas.
Además, Milei decretó el fin de la obra pública con financiamiento nacional, dejando a la deriva numerosos proyectos habitacionales. Entre ellos, una PROCREAR en Castelli. “No sólo frenaron la obra, también desmantelaron las oficinas en los ministerios donde atendían este tema, vaciando los organismos y no dejando lugar ni para el reclamo”, apunta.
“Estamos peor que en diciembre”, asegura Echarren. Explica que, de querer reiniciar la obra, es necesario rescindir el contrato actual, firmar otro, actualizar los presupuestos y organizar los desembolsos pertinentes. Sucede que, sin el personal en el Estado para ejecutar estas tareas, no habrá chance de completar la obra.
