Continúa el escándalo por la visita de los seis diputados oficialistas al penal de Ezeiza para reunirse con represores de la última dictadura condenados por delitos de lesa humanidad. Desde el bloque de Unión por la Patria se presentó un proyecto para expulsar a los miembros de La Libertad Avanza, que deberá ser tratado en la cámara baja. “Es inadmisible que exista vinculación entre legisladores y los genocidas”, dijo a Página/12 Gisela Marziotta, impulsora del pedido de remoción. Desde la CGT expresaron su repudio a la visita y denunciaron “un avance negacionista”, al igual que diversos espacios políticos. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó despegar al Gobierno en la conferencia de este viernes al sostener que el accionar de los diputados "no fue representativo del oficialismo".

En un hecho inédito en 40 años de democracia, los diputados de La Libertad Avanza Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo realizaron una visita a genocidas condenados por múltiples secuestros, torturas y desapariciones. Entre ellos a Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda, a quienes el diputado Benedit considera "excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”. Ante la gravedad de los acontecimientos, desde el bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja presentaron un proyecto de ley para expulsar a los seis legisladores involucrados.

En diálogo con Página/12, Marziotta repudió el accionar de los parlamentarios oficialistas y remarcó la necesidad de que sean removidos del cuerpo, dado que es inaceptable que diputados “visiten a quienes atentaron contra el sistema democrático y perpetraron crímenes de lesa humanidad que incluyeron secuestros, torturas y desapariciones”, argumentó.

La diputada opositora añadió que el reglamento de la Cámara baja “establece que la expulsión es la medida más severa que puede tomar el cuerpo sobre sus miembros”. A su vez, se mostró confiada en la posibilidad de un acuerdo con otros bloques para lograr aprobar el pedido de expulsión. “Soy optimista para que prospere este pedido de expulsión porque apelo a la responsabilidad de quienes formamos parte de la Cámara de Diputados”, sostuvo.

Diversos espacios políticos también manifestaron su rechazo a la visita de los diputados libertarios. El bloque de Unión por la Patria expresó en conjunto su repudio y reafirmó el “compromiso con el respeto a la democracia” por la “memoria, verdad y justicia”. La Unión Cívica Radical aseguró que lo ocurrido es “una afrenta a las víctimas, sus familias y a todo el pueblo argentino, que decidió hace 40 años vivir en democracia y bajo la protección de la Constitución”, mientras que desde el Frente de Izquierda denunciaron que la visita “los convierte en cómplices del genocidio”.

Quien sorprendió con sus definiciones fue el diputado Carlos D’Alessandro. El legislador de La Libertad Avanza se diferenció de sus compañeros de bancada y avisó que está dispuesto a respaldar el pedido de Unión por la Patria. En ese sentido, dijo estar “totalmente en contra de ir a visitar a tipos que han hecho un estrago en la Argentina, violadores de las libertades individuales” que “están bien detenidos y se tendrían que pudrir en la cárcel”.

Las excusas de la Casa Rosada

El Gobierno evitó condenar la visita a los genocidas. El mensaje que se bajó en la Casa Rosada es que no puede decir que el hecho sea “repudiable o no” y que el gesto de respaldo a los represores “fue parte de la agenda personal de los diputados”.

El borroso pronunciamiento del Poder Ejecutivo estuvo a cargo del vocero Manuel Adorni, quien se esforzó por relativizar el caso y por despegar al Presidente y al partido que representa. "Es una agenda personal de los diputados, que además ni representan a la totalidad del bloque ni al Poder Ejecutivo porque son parte del Poder Legislativo”, dijo en un rapto de pedagogía.

La pregunta clara que se le había hecho fue si el Gobierno avalaba esa visita o si acompañaba la investigación que el Congreso debería iniciar para analizar eventuales sanciones. Adorni no respondió ni una cosa ni la otra. “Es algo personal de cada diputado”, estimó. “Condenamos todo lo que esté en contra de la ley, pero no nos metemos con la agenda personal de los diputados estemos o no de acuerdo, nos parezca repudiable o no”, insistió sin ofrecer repudio alguno a su accionar.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli