Desde Lima
Un informe de Amnistía Internacional (AI) señala que la presidenta Dina Boluarte tendría responsabilidad penal como autora mediata de la represión a las protestas contra su gobierno que dejó medio centenar de muertos y más de mil heridos. En los primeros tres meses del gobierno de Boluarte, que asumió el 7 de diciembre de 2022, las movilizaciones que rechazaban su llegada a la presidencia en reemplazo del destituido Pedro Castillo fueron brutalmente reprimidas por la policía y el Ejército, que dispararon con armas de munición letal y de largo alcance contra manifestantes e incluso contra quienes atendían a los heridos y pobladores que no participaban en las protestas. Testigos y videos lo confirman.
"¿Quién disparó la orden?"
El documento, titulado "¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú", detalla las decisiones de la mandataria que llevaron a estas muertes y las avalaron. También apunta a la responsabilidad penal de ministros y de los altos jefes de la policía y del Ejército.
"Este informe da cuenta de acciones y omisiones realizadas desde las más altas esferas del Estado peruano que habrían tenido consecuencias letales durante meses y que pudieron haberse evitado", señala el informe de AI, que califica la respuesta a las protestas como "ilegal" y denuncia "órdenes y decisiones claves de altos mandos policiales y militares, de la presidenta y ministros, que abrieron la puerta a que se cometieran graves violaciones de derechos humanos".
Las primeras muertes ocurrieron cuatro días después de que asumió Boluarte, en la región andina de Apurímac, donde murieron cinco personas por disparos de la policía. Unos días después el Ejército disparó contra manifestantes y pobladores en la también andina Ayacucho, matando a 10 personas. Luego de estas muertes, Boluarte elogió los operativos represivos y ascendió al ministro de Defensa, Alberto Otárola, responsable por las acciones del Ejército en Ayacucho, al cargo de jefe del gabinete ministerial.
Boluarte y Otárola desplegaron un agresivo discurso estigmatizando a quienes se movilizaban contra el gobierno como "terroristas", "delincuentes" y "vándalos", acusaciones falsas con las que se pretendió justificar la represión que disparó contra pobladores desarmados. Cuando los muertos ya sumaban decenas, Boluarte calificó la actuación de las fuerzas de seguridad como "inmaculada". Otárola llamó "héroes" a los policías y militares involucrados en las muertes.
Con ese respaldo, las fuerzas de seguridad continuaron la brutal represión. El 9 de enero de 2023, las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes y pobladores en la ciudad altiplánica de Juliaca, matando ese día a 18 personas. Fue la jornada más cruenta de la represión gubernamental. Las muertes siguieron aumentando hasta marzo de ese año. El informe de AI afirma que la forma en que se dieron estos hechos durante varios meses "apuntan a una estrategia planificada y consciente y no a hechos aislados producto de oficiales actuando por su cuenta".
Pretendiendo eludir su responsabilidad, Boluarte declaró ante la Fiscalía que no había tenido intervención en las decisiones para enfrentar las protestas, que éstas fueron tomadas por las fuerzas armadas y la policía sin su participación, que no había tenido contacto en esos días con los jefes militares y policiales. Amnistía precisa que esa afirmación de la presidenta es falsa y detalla nueve reuniones de Boluarte con los jefes de la policía y las Fuerzas Armadas en el mes de diciembre de 2022, en medio de la represión y las muertes.
Se señala que la presidenta estuvo plenamente informada de lo que ocurría desde el primer día y mantuvo una coordinación permanente con las fuerzas de seguridad. El informe de AI denuncia que oficiales sindicados de haber tenido participación clave en la represión han sido ascendidos por el gobierno.
"Verdad, justicia y reparación"
"La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las Fuerzas Armadas, tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Las víctimas tienen derecho a encontrar verdad, justicia y reparación. Eso requiere que se tomen medidas ahora para avanzar de manera rápida, profunda y seria en las investigaciones. Esperamos que este informe sea un aporte en ese sentido", señaló en la presentación de este informe Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Madeleine Penman, investigadora de AI para Sudamérica, indicó que este informe "tiene hallazgos contundentes que implicarían la responsabilidad penal individual de altos mandos, incluyendo a la presidenta del Perú". Denunció que las investigaciones fiscales "avanzan lentamente", especialmente en el caso de los niveles más altos de la cadena de mando, incluyendo a la presidenta.
"Decisiones de la presidenta desde el día uno llevaron al resultado que hubo. No se puede sostener que las muertes fueron causadas por unas cuantas tropas desprolijas, sabemos que hubo órdenes. No haber hecho nada para evitar lo que estaba pasando también implica responsabilidades penales", agregó Penman.
John Mendoza fue uno de los 10 pobladores de Ayacucho asesinados por el Ejército. Su hermana Yovana demanda justicia: "En el Perú han ocurrido masacres que ya no se pueden ocultar. Dina Boluarte es responsable directa. Esto ha sido planificado, en todas las regiones han utilizado la misma táctica, las mismas formas de masacrar, de disparar a matar. A mi hermano le dispararon por la espalda. Se ve en los videos que al que se acercaba a querer socorrerlo le disparaban, nadie podía ayudarlo. Tal vez Boluarte pensaba que con las vidas que ha arrebatado le íbamos a tener miedo a este gobierno, pero no le tenemos miedo, vamos a exigir verdad y justicia hasta lograrlo".
El gobierno y sus aliados de la derecha y extrema derecha del Congreso justifican el medio centenar de muertes y más de un millar de heridos en la represión. Han respondido a este informe de Amnistía negando las evidentes violaciones a los derechos humanos y calificándolo de "sesgado". El mismo día que AI presentó este informe, el Congreso archivó una denuncia constitucional contra Boluarte por estos hechos.
Este viernes hubo movilizaciones pacíficas contra el gobierno, y se anuncian nuevas protestas para fin de mes. La demanda de justicia por las muertes en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, hasta ahora impunes, es uno de los reclamos de estas movilizaciones.
