Organizaciones de derechos humanos en México y familiares exigen justicia a la Fiscalía General del Estado (FGEO) para que investigue y sancione a los responsables del asesinato del defensor de derechos indígenas Lorenzo Santos Torres, así como de su esposa e hija, en el sur del país.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), que encabeza los reclamos, condenó el hecho. “Que se investiguen y sancionen a los responsables de este hecho delictivo en el cual perdió la vida el defensor de derechos humanos comunitario Lorenzo Santos Torres su esposa y su hija”, indicó el organismo en un comunicado.
El asesinato
La Fiscalía de Oaxaca informó que el jueves Santos Torres; su esposa Marcela Girón Castro, de 48 años; y su hija María Guadalupe Santos Girón, de 26, viajaban en una camioneta por una carretera costera del Pacífico cuando fueron interceptados por desconocidos. Los atacantes acribillaron a balazos el vehículo y luego lo incendiaron con los tres pasajeros adentro. "Reprobamos la forma violenta en que se cometió el crimen, que pudo estar motivado por una venganza", dijo en breves declaraciones a la prensa local el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla.
El funcionario también dijo que por motivos de su labor, la víctima habría recibido varias amenazas de muerte, pero no había medida cautelar. El activista se habría negado a sujetarse al Protocolo de Protección a Víctimas que tiene la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el ataque y aseguró que se llevarán a cabo todas las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia, informó la prensa local. Además, resaltó la importancia de proteger a quienes defienden los derechos humanos en la región y en todo el país.
En favor de los DDHH
Santos Torres, de 53 años, un activo defensor de los derechos humanos en Oaxaca. También ocupó cargos públicos, como el de alcalde municipal de Santiago Amoltepec en 2010 y agente municipal del centro de Santiago Amoltepec en 2020.
En 2013, el activista había recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero perdieron vigencia en 2022. Según el Cedhapi, en ese momento había sido amenazado por defender los derechos políticos y sociales y las tierras de comunidades indígenas. "Lorenzo Santos Torres, se oponía en contra de las injusticias cometidas por autoridades municipales de Santiago Amoltepec", señaló la organización en su nota.
Las medidas cautelares le fueron asignadas luego de sobrevivir a un atentado y de que le mataran a su hijo en septiembre de 2013. El menor, Jonatán Santos Girón apenas tenía 10 años de edad, cuando le quitaron la vida con un disparo en la cabeza, mientras jugaba en su casa, ubicada a unos metros la comandancia municipal de Santiago Amoltepec.
Por la exigencia de justicia por el asesinato a su hijo, Santos Torres fue amenazado de muerte en reiteradas veces y encarcelado por oponerse al cacicazgo regional que encabezaba el presidente municipal de 2013, Pedro Luis Jiménez Hernández, quien actualmente se encuentra encarcelado por el delito de tentativa de homicidio tras resultar culpable de intentar asesinar al defensor, informó el diario mexicano El Universal.
Violencia creciente
En un contexto de violencia ligada la tráfico de drogas y de disputas ancestrales por tierras agrícolas en México, varios activistas por los derechos humanos fueron asesinados en los últimos años.
Según la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron 92 ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos y activistas, la mayoría por motivos políticos. A pesar de que la incidencia de estos crímenes disminuyó en comparación con administraciones anteriores, la violencia sigue siendo una táctica utilizada para intimidar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos en el país.
Oaxaca y Chiapas son los estados de México más afectados por los actos de violencia en contra de quienes defienden los derechos humanos. Actualmente, el sistema de protección a víctimas en Oaxaca mediante medidas cautelares de la Fiscalía de Justicia, ofrece medidas de protección con escoltas a por lo menos 30 personas que recibieron amenazas, entre ellos 14 defensores de derechos humanos, informó El Milenio.
