La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) denunció penalmente al diputado nacional de La Libertad Avanza por Entre Ríos, Beltrán Benedit, el hombre que organizó la visita a los genocidas presos en el penal de Ezeiza, por apología del delito. La denuncia se presenta en el marco de una creciente reacción política frente al hecho.

Roberto Cipriano García es el secretario de la CPM y uno de los autores del texto de la denuncia, que finalmente recayó en el juzgado federal número 6 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo, en calidad de subrogante y quedó registrada bajo el número 2862/2024.

En diálogo con Buenos Aires/12, Cipriano García explica que “la denuncia no es por la visita en sí, porque visitar presos, aunque sea por delitos de lesa humanidad, no es un delito, aunque sí puede ser causal de alguna sanción legislativa, por inhabilidad moral o similar”.

“En cambio, lo que se encuadra perfectamente con la apología del delito, tal como la tipifica el código penal, es el mensaje que envió el diputado después para justificarse. Ése es más grave todavía”, redondea este abogado con casi tres décadas de experiencia en esta clase de temas.

Cipriano García se refiere a la captura de pantalla de un mensaje escrito por Benedit, cuya relación con el idioma castellano parece poco amistosa, enviado por él al grupo de chat de Whatsapp del bloque libertario y filtrado a la prensa por alguno de sus compañeros.

Versión textual, sin correcciones de ningún tipo: “Fuimos a ver represores no : represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad en todo caso , fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional // Lo propuse yo : si // Vamos a hacer un escrito: si // Que dirá: que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte ( terroristas ) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio. Los fallos violan las leyes y los tratados : si // Haybterroristas presos : no // Hay héroes de Malvinas : si // Hay presos desde hace más de 20 años sin condena firme : si . Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos : entre 19 y 23 años // Los cargos han sido probados : No , muchos son inventados. "El presidente combate en la política a esta ideología : si. Cuál es su última guarida : el poder judicial ? : si // Los vamos a combatir : si // cómo : denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa // Cómo : en el consejo de la magistratura".

Benedit es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y fue dirigente de la Sociedad Rural de su provincia. Fue electo en octubre pasado. Entre otras cosas, se manifestó a favor de derogar la ley de IVE. La visita que organizó no fue social, sino que es parte de una estrategia de presión para obtener para los represores el beneficio de la prisión domiciliaria.

"Este tipo de publicaciones apologistas que reivindican los métodos aberrantes, haciendo claramente apología del delito, apología en este caso de crímenes de lesa humanidad lesiona a las víctimas, sus familiares y a toda la sociedad. Las víctimas de la última dictadura cívico-militar fueron negadas como sujetos de derecho, que padecieron la desaparición forzada, torturas, secuestro, detenciones ilegales, exilio, insilio, despidos arbitrarios, entre otras prácticas ilegales", sostiene uno de los párrafos salientes de la denuncia, que lleva las firmas del propio Cipriano García y del presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, en la que además consideran como agravante la condición de funcionario público de Benedit.

Cipriano García reflexiona acerca de la reacción del sistema político frente a esta novedad y lo que puede ocurrir en adelante. “Me parece que esta vez se equivocaron feo y agarraron un cable pelado. La respuesta de casi todas las fuerzas es muy severa, lo que viene a confirmar que existe en el país un consenso mayoritario acerca del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar y una valoración de las políticas de memoria, verdad y justicia”.

“Como contracara de esto, hay un sector minúsculo con discurso negacionista o directamente pro dictadura, que en los últimos tiempos ha estado muy activo y muy ruidoso, pero no por eso deja de ser algo menor o marginal”, concluye.

Cipriano Garía entiende que, más allá de las especulaciones y las conveniencias de algunos actores, el tema seguirá escalando. De hecho, ademas de la iniciativa de los duputados de UxP de pedir al conformación de una icomisión investigadora, desde el jueves pasado se multiplicaron las declaraciones de repudio de partidos justicialistas de distintos distritos bonaerenses, entre ellos el de Florencio Varela, de la secretaría de Derechos Humanos pampeana, de la agrupación de hijos de represores Historias Desobedientes, entre otras. Buenos Aires/12 supo también que varios concejos deliberantes tratarán declaraciones similares en los próximos días.

Tema en ascenso

El tema afecta por igual a ambas alas del gobierno libertario. A la de la vicepresidenta y aliada de Mauricio Macri, Victoria Villarruel, hija de un oficial que dijo haber participado de la represión en Tucumán y que integró el sector que el 25 de mayo de 1987 se negó a jurar la Constitución,  y consustanciada desde siempre con ese reclamo. Es coautora, junto a Carlos Manfroni, del libro "Los otros muertos. Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70".

Uno de los visitantes, el único bonaerense de los seis, Guillermo Montenegro, fue el principal operador político de la vicepresidenta, hasta que se distanciaron, en marzo pasado.

Pero también afecta a la de su antagonista, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. En las últimas horas se confirmó que los legisladores no fueron en autos particulares, sino en una combi Renault Master perteneciente a la cámara, cuyo uso sólo puede ser utilizado por el presidente del cuerpo, el riojano Martín Menem.

Menem, uno de los favoritos de Milei, intentó mantenerse al margen del escándalo, primero con un llamativo silencio y luego echando a rodar la versión de que no estaba al tanto. El uso confirmado del vehículo oficial lo expone y tumba su estrategia como un castillo de naipes. 

En esa línea, la mercedina Sabrina Selva, diputada nacional del Frente Renovador por la provincia de Buenos Aires, comenta que "la sanción que corresponde es la expulsión, porque no fueron a titulo personal sino en su caracter de diputados, y por eso acompañé el proyecto en ese sentido de la diputada Gisela Marziota. Y las sanciones deberían alcanzar también al presidente, por facilitarles un vehículo".

"Ellos dieron un paso más allá de lo que últimamente estamo acostumbrados a escuchar. Fueron del negacionismo a la reivindicación y hasta dudan de lo actuado por la justicia", sintetiza Selva. 

El rol de la CPM

La CPM es el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en la provincia de Buenos Aires, integrante del Comité Contra la Tortura. Se encarga, entre otras responsabilidades, de monitorear la situación de los detenidos y el accionar del servicio penitenciario, y de relevar sobre el terreno los operativos de las fuerzas de seguridad destinados a reprimir la protesta social. 

Ante cada una de las represiones ordenadas por la ministra Patricia Bullrich elaboró un informe detallado, que envió al correo electrónico de cada legislador e incluso a referentes internacionales en la materia. 

Cuenta, admás, con el archivo digitalizado de la Dirección de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Creada en 1956 y disuelta en 1998,  la DIPPBA cuenta con uno de los archivos de espionaje interno más extensos del mundo, sólo comparable con el de la Stasi de Alemania Oriental.