El gobierno observa ansioso 2025. Sabe que la delicada red de alianzas que aprendió a tejer, a las trompadas, tiene fecha de vencimiento. Las peleas con algunos dirigentes del PRO y el pichettismo son cada vez más difíciles de reparar. Sabe, además, que la inestabilidad interna de su propio bloque amenaza sistemáticamente con hacerle perder el control del Congreso. Las críticas al liderazgo de Martín Menem son cada vez mayores y muchos libertarios anticipan que la visita al penal de Ezeiza para ver a Astiz puede terminar derivando en una crisis interna de proporciones mayúsculas. La Libertad Avanza necesita preparar el terreno para las elecciones de medio término y la reforma electoral será una de las herramientas. El objetivo principal de Guillermo Francos es eliminar las PASO, pero se dio de frente con un muro de rechazo (y recelo) opositor que, esta vez, no sabe como sortear.
Son pasadas las 5 de la tarde del jueves y José Rolandi y Lisandro Catalán, los dos técnicos más importantes de la Jefatura de Gabinete de la Nación, acaban de exponerle a todos los jefes de bloque de la oposición dialoguista el proyecto de reforma política que quieren aprobar antes de que finalice el año. Esto incluye la eliminación de las PASO, una reforma del sistema de financiamiento de los partidos - que sube los topes para los privados y elimina el financiamiento del Estado - y la prohibición de que los dirigentes condenados por corrupción puedan ser candidatos para cargos públicos. Están discutiendo hace más de una hora y, en un momento, Rodrigo de Loredo hace una pausa, y les pregunta: "¿Esto es solo discurso y nos van a hacer trabajar durante meses para nada o lo quieren aprobar de verdad?".
La respuesta de los funcionarios es automática: sí, es de verdad. Pero los diputados de la oposición sospechan. Y cada uno tiene sus motivos. En Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, vienen arrastrando broncas con el oficialismo hace meses. Son el blanco predilecto de los trolls de Santiago Caputo y de varios de los insultos presidenciales. Martín Menem, además, rompió el acuerdo político que tenían y les quitó un lugar en la Bicameral de Inteligencia. Emilio Monzó y Nicolás Massot ya no pueden ni ver al presidente de la Cámara, y Menem está convencido de ellos son los responsables de varias operaciones en su contra en los medios. "Esto es show para generar agenda y que nosotros no podamos imponer la nuestra. No están los votos, es todo discurso para tapar la economía", desdeñaba uno de los principales dirigentes de HCF.
Hasta el radicalismo desconfía. "Es un insumo discursivo para ir contra el gasto cuando saben que no tienen los votos", deslizaba un dirigente del ala más mileísta de la UCR. De Loredo, por otro lado, ya le anticipó al Ejecutivo que la UCR no acompañará la eliminación de las PASO. "Las PASO son una ley anti casta", reconoce, en la intimidad. Tampoco se muestra muy entusiasmado con la propuesta del oficialismo de modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos. No está de acuerdo en eliminar el financiamiento público, ya que interpreta que sirve para brindar mayor "equidad" a la competencia electoral, ni tampoco con eliminar los topes de financiamiento por parte de las empresas. "Hay que evitar que los candidatos queden sujetos a los intereses privados", insiste un dirigente de su entorno.
El gobierno sabe que no podrá eliminar las PASO, ni siquiera con algunos votos peronistas. "Lo único que los gobernadores quieren, además de plata, es poder sacarse a La Cámpora de encima", insisten en el gobierno, aunque admiten que solo con los peronistas no alcanza. La solución se las ofreció el PRO, que tampoco tiene interés en eliminar las PASO y quedarse así sin una herramienta que Mauricio Macri necesita para negociar la dinámica del armado electoral de 2025: sin PASO, el PRO teme que Karina Milei los fuerce a aceptar una fusión con LLA. Frente a esta perspectiva, la solución salomónica del bloque que preside Cristian Ritondo fue plantear unas Primarias Abiertas y Simultáneas, pero no Obligatorias. Es decir, unas PAS.
La propuesta, que está basada en un proyecto de María Eugenia Vidal, supone que aquellos partidos que no necesiten ir a internas no participen de la elección (que, además, no será obligatoria para los electores). La Coalición Cívica acompaña la iniciativa, pero no así el radicalismo, que interpreta que hacer las primarias optativas es lo mismo que eliminarlas. De Loredo le advirtió al gobierno que, de eliminar la obligatoriedad, se le daría vía libre a los gobernadores para interferir en las internas del resto de los partidos. "En un contexto de desinterés por la política son pocos los que van a ir a votar. Y ahí, la capacidad de movilización de los oficialismos locales, que no suelen ir a internas, será determinante", les señaló el cordobés radical.
El escenario no está fácil para el oficialismo, que además necesita reunir una mayoría absoluta - es decir, 129 diputados y 37 senadores - para cambiar las reglas de juego electorales. La oposición dialoguista no se muestra muy interesada en avanzar con una reforma política que, en el fondo, interpreta que el gobierno no desea realmente. Por lo que la estrategia fue plantearle al gobierno que, antes de avanzar en cualquier proyecto, primero se debe sancionar la Boleta Única de Papel.
Boleta Única Papel
Es la única bandera que radicales, PRO y pichettistas lograron acordar frente a la propuesta de reforma electoral del gobierno: la sanción definitiva de la Boleta Única Papel. Pichetto le recriminó al gobierno que no hubiese activado nunca el debate para sancionar el proyecto - que reemplaza el sistema de papeleta partidaria por una boleta que muestra toda la oferta electoral - que duerme hace dos años en el Senado. El peronismo, cuando era gobierno, hizo todo lo posible para bloquear su tratamiento, pero Javier Milei había prometido, cuando asumió, que impulsaría su sanción. No fue así, al punto de que hasta la propia Victoria Villarruel se quejaba en privado de que el gobierno no intercediera para convencer el único voto que faltaba: el de la rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck. "Podríamos haberla sacado hace cinco meses, pero no movieron nunca ni un dedo", mascullan, hace tiempo, en las oficinas de la Presidencia del Senado.
La semana pasada, sin embargo, Casa Rosada comenzó con las gestiones y destrabó el acuerdo. En principio, el oficialismo aceptaría introducir una modificación a la media sanción de Diputados que pedía Silva, que consiste en la eliminación de la opción de votar la lista completa (un punto que incentiva el arrastre de las fuerzas nacionales y que no resultaba negocio para Juntos Somos Río Negro, una fuerza provincial). Es, sin embargo, solo el primer paso. Weretilneck está peleando para instalar, hace tiempo, una planta de GNL y quiere que el gobierno libertario lo ayude a lograrlo.
De aprobarse la BUP, las reglas de juego cambiarán para la gran mayoría de las provincias, que deberán definir si adoptar el mismo sistema o, en cambio, desdoblar sus elecciones de las nacionales. Todos los ojos están puestos en lo que hará Axel Kicillof, gobernador de la provincia más populosa del país.
