El desinterés del electorado, la aspereza de los cruces entre los candidatos y el liderazgo inequívoco de Sebastián Piñera en los sondeos previos marcan el tramo final de la campaña para las elecciones presidenciales en Chile, que se celebrarán el domingo 19 y en las que también se renovará el parlamento.

Para los comicios, séptimos desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, se presentan, además de Piñera, otros siete candidatos: Alejandro Guillier, de Nueva Mayoría (NM); Beatriz Sánchez del izquierdista Frente Amplio (FA), Marco Enríquez-Ominami (PRO); el ultraconservador José Antonio Kast; Carolina Goic, de la Democracia Cristiana (DC), y Alejandro Navarro y Eduardo Artés, representantes de la fragmentada izquierda.

Todas las encuestas le atribuyen a Piñera, que ya gobernó Chile entre 2010 y 2014, un cómodo triunfo en primera vuelta, con entre 40% y 45% de las preferencias, resultado que sin embargo no le alcanza aún para evitar un balotaje –previsto para el 17 de diciembre– con quien resulte segundo en la carrera.

El acaudalado empresario de 67 años, que lidera el conglomerado centroderechista Chile Vamos, logró sortear –al parecer indemne– los ataques que el resto de los candidatos le lanzó durante los picantes últimos debates de TV, en los que le recordaron las querellas en las que se lo acusaba de usar información privilegiada y de efectuar negocios incompatibles con la función pública cuando era presidente.

Su principal rival, Guiller, es un prestigioso periodista de 64 años, que se postula con el respaldo de NM, el bloque de centroizquierda gobernante, que integra a socialdemócratas, socialistas y comunistas, al que los estudios de opinión le asignan algo más de 20 por ciento. Hasta abril, NM estaba integrada también por la Democracia Cristiana, el mayor partido de la alianza, que en estos comicios resolvió abrirse e impulsar la candidatura de Goic, una senadora, de 44 años, cuyo apoyo ronda el cinco por ciento.

Con posibilidades –aunque en declive, de acuerdo a los sondeos– se postula la periodista Sánchez, triunfadora en las primarias del FA, una nueva fuerza progresista más a la izquierda que NM, y que reúne organizaciones sociales, feministas, verdes, humanistas y liberales de izquierda, entre otras agrupaciones. Las encuestas le atribuyen 14% de las preferencias.

Enríquez-Ominami, hijo del mítico Miguel Enríquez, un combatiente muerto en 1974 en combate contra agentes de la policía secreta de la dictadura, que se postula por tercera vez a la presidencia, ronda el 5%, mientras Artés y Navarro, representantes de los fragmentos en que quedó atomizada la izquierda extraparlamentaria en el pais, alcanzan apenas 0,5% cada uno.

El ultraconservador Kast, representante del neopinochetismo, logra 5% de las preferencias con la promesa de derogar la recién aprobada ley del aborto, enviar al Ejército para sofocar el conflicto mapuche en el sur del país y cerrar la frontera con Bolivia para terminar con el narcotráfico.

Además de elegir al mandatario que gobernará el período 2018-22, los chilenos renovarán por completo la Cámara de Diputados, que sube de 120 a 155 miembros, y parcialmente el Senado, que aumenta de 38 a 50.

Con independencia de quién resulte ganador en las presidenciales, las parlamentarias se anuncian como cruciales para las intenciones del futuro Ejecutivo chileno, ya que sin mayorías absolutas en el horizonte, la correlación de fuerzas en el Congreso sera la que habilite cualquier intento de desmantelar las reformas realizadas por la presidenta Michel Bachelet –como ya insinuó Piñera– o de profundizarlas, como pretende la centroizquierda.

Están habilitados para votar poco más de 14 millones de chilenos, pero existe gran preocupación sobre el nivel de participación ya que desde que se estableció el voto voluntario, en 2012, la participación en los procesos electorales fue en franco descenso y registra la más baja de América latina y la cuarta a nivel mundial, según el PNUD. En las últimas elecciones realizadas –las municipales de octubre de 2016– tan solo 34 por ciento de habilitados para votar ejerció su derecho de sufragio, la cifra más baja desde el retorno de la democracia. La entrada en vigencia de la ley electoral que determinó el registro automático y el voto voluntario trajo una contradicción en el sistema: agregó al universo de electores la significativa cifra de 4,5 millones de personas (tres millones de ellos menores de 30 años), pero disminuyó notablemente la cifra de votantes reales.

El desinterés, reflejo de la crisis de representatividad, cobija otra gran paradoja: grandes franjas de jóvenes participan activamente en protestas y manifestaciones por la educación, la salud, el fin del sistema jubilatorio privado, o en defensa de los pueblos originarios (varios de estos temas incluidos en la agenda política precisamente al calor de las fuertes movilizaciones callejeras) pero en los comicios, esos mismos jóvenes, optan por la abstención.