“Hay un grave error en la denuncia que hizo el Gobierno, sobre que la Argentina tiene ‘una cantidad estrafalaria’ de pensiones por discapacidad”, sostiene Pablo Molero. El coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad sale así al cruce de las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, y advierte que desde Casa Rosada se está haciendo “una campaña muy desafortunada” y “plagada de datos no corroborados” para justificar un ajuste en las prestaciones por discapacidad. El dato más claro es que el caso que contó Adorni, sobre que el Estado otorgó una pensión en base a la radiografía de un perro, resultó ser falso. "No niego que pueda haber cosas mal hechas, pero lo que está haciendo el gobierno es una mala campaña. Quieren hacerle creer a la gente que las pensiones por discapacidad son un curro. Le pedimos que no cometa el error de hacer bajas masivas".
Adorni presentó el viernes pasado los resultados de una auditoría sobre las pensiones que realizó el actual titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el abogado --de Javier Milei-- Diego Spagnuolo. El vocero dijo que la auditoría muestra que las pensiones por discapacidad fueron utilizadas por el kirchnerismo y la gestión de Alberto Fernández como “un gran negocio, una gran caja”, y que se otorgaron con total “descontrol”.
Como prueba de esto, mostró una radiografía de un perro que -sostuvo- fue presentada en 2022 en Corrientes en un expediente para solicitar una pensión. Adorni aseguró que la Agencia de Discapacidad la había otorgado. Sin embargo, fue desmentido por el ex titular de Andis, Fernando Galarraga, que mostró el expediente y lo publicó en las redes: así se supo que a la Agencia no le habían metido el cuento del perro, y que había rechazado el pedido de la pensión.
El vocero hizo además otras acusaciones por el estilo (por ejemplo, que en el Chaco hubo 150 titulares de pensiones que las consiguieron con la misma radiografía de hombro, o que hay 60 mil pensionados con incompatibilidades). La idea central que dejó planteada fue que el estado argentino, al otorgar un millón doscientas mil pensiones por invalidez (su número actual) llegó a una cantidad “estrafalaria”, que “no se corresponde ni siquiera con un país que haya sufrido una guerra”.
Aclaraciones del Foro
“No descarto que haya habido irregularidades y en ese caso deben ser investigadas”, dijo ayer Molero a Página12. Sin embargo, el sacerdote señaló que el planteo del gobierno “contiene un grave error”. Y es que las pensiones "no se otorgan por incapacidad laboral, sino por discapacidad y pobreza”. Molero hizo un repaso del proceso histórico por el que esto es así.
“En Argentina hay una ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales; entre ellas han estado las personas con incapacidad laboral, que durante mucho tiempo significó una incapacidad mayor al 76 por ciento, que debía ser certificada a través del certificado médico, sumado una situación de vulnerabilidad económica".
"Hasta el gobierno de De la Rua hubo un cupo de 18.000 pensiones. Esto implicaba que para acceder a una pensión había que esperar a que un pensionado muriera. Cuando Néstor Kichner llegó a la presidencia teníamos casi un millón de discapacitados en la pobreza porque, lamentablemente, en un país como el nuestro, discapacidad y pobreza son condiciones que van asociadas, para una persona con discapacidad es muy difícil conseguir empleo. En 2001, la gente se nos moría de hambre. Kirchner decidió tomar un criterio más amplio que la incapacidad laboral, y así se comenzó a contemplar la discapacidad. La discapacidad no es lo mismo que la incapacidad laboral, porque se puede tener una discapacidad y posibilidad de trabajar, o se puede ser niño y tener una discapacidad. Fue un criterio acertado, porque la necesidad es real, existe: por esas políticas, mucha gente ha tenido no sólo un ingreso, sino atención, tratamientos de rehabilitación, la posibilidad de ir a la escuela”.
Es decir que cuando el gobierno usa el argumento de que "ni siquiera un país que haya pasado por una guerra" tendría tantas pensiones por discapacidad, está mezclando los conceptos. El millón doscientas mil pensiones por discapacidad atienden a discapacitados en situación de pobreza (de todas las edades y con diferentes situaciones), y no sólo a trabajadores con discapacidad laboral.
Según el Censo 2010, en el país había una población con alguna dificultad o limitación permanente de 5 millones de personas, agregó el consultado. Datos más recientes, del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad (2018) señalan que la población mayor de 6 años con discapacidad es de más de 3 millones y medio de personas.
El millón doscientas mil pensiones por discapacidad no fueron otorgadas sólo a adultos en edad de trabajar pero con alguna incapacidad laboral, sino a ese conjunto más amplio, el de personas que tienen alguna discapacidad y están (además) en situación de pobreza. Por eso, el número de 1 millón doscientas mil titulares de pensiones no es excesivo.
Que haya saltado, entre 2003 y 2015 de 79.000 a 1.045.000 beneficiarios tiene como explicación el reconocimiento de derechos y no -como ha dicho Adorni- la creación de una caja o de un mecanismo de corrupción, concluyó Molero.
"Si algo está mal hecho, si hay corrupción, hay que cambiarlo y denunciarlo, pero que se haga con seriedad. Esta campaña ensucia a las personas con discapacidad y genera una gran inquietud en este sector. Lo correcto, si quiere construir y evitar que haya personas que sufran injusticias, es auditar caso por caso. El estado cuenta con todos los recursos para rever si los requisitos se cumplieron y si se sostienen las condiciones para contar con una pensión".
"La impresión, en cambio, es que solamente se busca generar enojo en quienes escuchan, crear un clima social en el que la gente crea que todo es un gran curro. El gobierno está planteando mal el tema; es una mala campaña, con números que se dicen alegremente y sin corroborar; se trata de una campaña muy desafortunada".
