Hace siete años, Matías Carbonell fue derivado al Hospital Penna desde el neuropsiquiátrico Borda. El joven de 24 años mostraba lesiones compatibles con el paso de corriente eléctrica y estaba en un estado muy grave. A los 24 días de internación, el 12 de noviembre de 2010, Carbonell falleció. Sus familiares, patrocinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron una denuncia penal contra once médicos del Borda por “abandono de persona seguido de muerte”. Seis están procesados desde septiembre del año pasado, cinco fueron sobreseídos parcialmente. Pero a siete años de la muerte de Carbonell, todavía no hubo juicio.

Los médicos y enfermeros Roberto Luis Capiello, Fabián Gustavo Pintow, Silvia Beatriz Schweitzer, Ismael Ricardo Portillo, Hugo Alfredo Dospital y Jorge Héctor Mastrícola están acusados de abandono de persona seguido de muerte porque “omitieron su deber de denunciar las quemaduras por electricidad” que sus colegas del Penna vieron de inmediato. También deberían ya haber sido juzgados por “maniobras de sustracción de prueba” para encubrir el hecho.

El procesamiento fue pedido el quince de julio del año pasado por las abogadas del Cels Macarena Sabin Paz y Soledad Ribero, que también solicitaron que se impute la comisión de hechos de tortura sobre Cabonell durante sus últimos meses de internación en el Borda. Cuando llegó al Penna, los médicos detectaron “una serie de lesiones físicas, quemaduras de tipo B, probablemente compatibles con el pasaje de corriente eléctrica”, motivo por el cual hicieron una denuncia policial, de acuerdo con el informe de por las abogadas del Cels.

Los peritos que intervinieron en la investigación “probaron que esas quemaduras no pudieron pasar inadvertidas para los profesionales del Borda”, de manera que se ratificó la sospecha de que hubo intención de ocultarlas. En consecuencia, las abogadas del Cels señalan que “la muerte de Matías no responde a negligencia profesional, sino a la falta de tratamientos adecuados y al abandono generalizado”. El delito de abandono de persona, en el caso de que se produzca la muerte de la víctima, contempla penas de entre cinco y quince años de prisión.

En diciembre de 2009, Carbonell había sido trasladado en forma violenta desde el Servicio 25-B al 14-22 del Borda, sector sobre el que pesaba una medida cautelar de “cierre urgente” por las condiciones “peligrosas y humillantes” en las que se encontraban los internados. A pesar de eso, seguía funcionando. En 2010, mientras estaba en el 14-22, aumentaron las agresiones hacia Matías y el estado de abandono. El joven “estuvo internado en condiciones denigrantes; fue víctima de malos tratos y tortura, y soportó diversas formas de violencia y hostigamiento por parte de los profesionales”, señala el informe del Cels. Sus compañeros lo habían elegido delegado y era el que impulsaba los reclamos para que mejoraran las condiciones de internación.

Las indagatorias de la causa finalizaron en junio de 2016 y en ellas hubo contradicciones entre los imputados respecto de lo sucedido en las horas previas al traslado de Carbonell al Penna. En lugar de explicar por qué Matías salió quemado y con riesgo de vida del Borda, los imputados optaron por criminalizar a la víctima y a su familia. Con la prueba reunida, la jueza Wilma López procesó a seis.

El 10 de noviembre de 2016 la Sala VI de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal confirmó el procesamiento de los seis funcionarios del Borda por “abandono de persona seguido de muerte” y `por “haber omitido su deber de denunciar las quemaduras por posible electrocución que tenía y de las maniobras de sustracción de prueba”. Los jueces Mario Filozof y Julio Marcelo Lucini señalaron que quedó demostrado el riesgo al que expusieron a Carbonell “en virtud de un tratamiento profesional y farmacológico inadecuado”. Concluyeron que en el sector 14-22 “la desi- dia frente a los pacientes era sistemática”.

El CELS denunció que aunque se supone que los funcionarios procesados deberían haber sido apartados de sus tareas, se tiene conocimiento de que siguen en sus puestos. Esto se agrava porque, en lo que va de 2017, la causa sigue sin ser elevada a juicio por “una serie de medidas de prueba aún pendientes de producirse”. Por tales motivos, a un año de la confirmación de los procesamientos, y a siete años de la muerte de Carbonell, siguen esperando la elevación a juicio.

Informe: Luciano Capristi.