El 23 de noviembre de 2015 el diario La Nación publicó una editorial llamada No Más Venganza, apenas unas horas del triunfo de Cambiemos en el ballottage. La editorial se leyó como línea programática destinada al amistoso nuevo gobierno. Esta semana volvió a salir una editorial en el mismo diario que apuntó directo al corazón del movimiento de derechos humanos y cargó contra una de sus figuras simbólicas: Estela de Carlotto. Otra vez, después de un triunfo electoral. ¿Cuál es el nuevo programa? ¿Qué cambió en entre uno y otro momento? Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta, considera que las editoriales aparecen en medio de una “clara disputa pública respecto de los umbrales” de consenso que mostraron marchas como la que hubo contra el 2x1 o el acompañamiento a la familia Maldonado. “Muchos actores con gran capacidad de intervención en el campo simbólico apuestan a reducir estos acuerdos sociales para favorecer mayores niveles de tolerancia a las violencias del presente”, dice en esta entrevista, la licenciada en Filosofía que viene analizando las derivas del discurso público sobre derechos humanos desde hace años.

–¿Pueden pensarse los discursos de los medios locales como discursos de odio?

–Uno de los elementos del contexto actual que más preocupa a los activistas de derechos humanos de la región es la aparición de discursos públicos impregnados de violencia simbólica, que en distintas variantes incorporan componentes intolerantes, antidemocráticos y relativistas, y que tienden a estigmatizar a determinados grupos, entre ellos, a los propios defensores de derechos humanos, las organizaciones que los nuclean, y los organismos internacionales de protección. Las razones de esta estigmatización están relacionadas con su oposición o su capacidad de poner límites al poder. Los medios, que son un actor no ajeno a la construcción de poder, participan muchas veces de estas acciones de estigmatización, ya sea amplificando el discurso impugnador de algunas fracciones del sector gobernante o para instalar intereses o demandas propias. En todo caso, aparece una tensión por la responsabilidad que debe reclamarse en el discurso público, tanto a los gobiernos como a los medios de comunicación, y la protección de la libertad de expresión.

–¿Qué rol juega en particular el diario La Nación?

–La línea editorial histórica de La Nación, que no representa a la línea periodística del mismo periódico, se presenta hace ya muchos años como el aglutinador de los reclamos de los grupos de “memoria completa”; resume y traslada sus exigencias al poder de turno. En su editorial del 23 de noviembre de 2015, La Nación le hizo tres reclamos concretos a Macri, que acababa de ganar el ballotagge y todavía no había asumido: generar un nuevo relato sobre lo sucedido en los años 70 y 80 en nuestro país, revisar las condiciones de reclusión de los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad y, por último, terminar con los juicios a los jueces de la dictadura, que, en última instancia, significaba terminar con los procesos contra los responsables civiles, al mismo tiempo que implicaba una señal para el conjunto del Poder Judicial.

–¿Cuáles de esos puntos se cumplieron?

–Los procesos contra los responsables civiles empezaron a ralentizarse antes del cambio de gobierno por acciones del propio Poder Judicial. El mes pasado, la Cámara de Casación revocó la sentencia contra Marcos Levín, el primer empresario en ser condenado por delitos de lesa humanidad. El fallo del 2x1 de la Corte Suprema es una prueba más que evidente de que los cambios políticos repercuten en los jueces a la hora de emitir sus fallos. Por otro lado, parece haber existido eco por parte del Gobierno frente al pedido de revisar las condiciones de reclusión de los represores. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, en una entrevista con La Nación en marzo del año pasado adelantó la posición del Gobierno sobre la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años, un beneficio que tiene nombre y apellido en nuestro país.

–¿Qué pasa con el reclamo de un nuevo relato oficial?

–En este sentido, existe por parte del Gobierno en la mayor parte de los casos una habilitación, un dejar hacer. Algunas expresiones relativistas fueron asumidas por funcionarios o aliados políticos de la administración Cambiemos, como Lopérfido, Gómez Centurión, Bullrich o Carrió. Se los desautoriza en algunos casos –como también ocurrió con el presidente Macri cuando habló de “guerra sucia”–, pero no hay una amonestación pública por pasar ciertos umbrales, lo que habilita una tolerancia a este tipo de expresiones. Un elemento de este nuevo relato tiene que ver también con ofrecer cierta legitimidad oficial a actores que demandan una “memoria completa” y que han impugnado sostenidamente el proceso de verdad y justicia, a los que se los pone en un pie de igualdad con los organismos de derechos humanos, que han tenido un rol decisivo en la reconstrucción del Estado de Derecho.

–¿Qué elementos novedosos presentan los editoriales de esta semana?

–Dialogan con lo sucedido en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre los organismos y el Estado nacional, así como con los off the record que distintos funcionarios dejaron trascender a algunos periodistas durante la búsqueda de Santiago Maldonado. Hay un hostigamiento discursivo dirigido contra ciertos organismos de derechos humanos y sus referentes que apuesta a desactivarlos como actores políticos y a desacreditar sus estrategias de lucha, construidas durante más de cuarenta años de experiencia.

–¿Hay un quiebre a partir del caso Maldonado?

–Por un lado, aparecieron en la prensa advertencias de distintos funcionarios no identificados sobre las molestias que provoca dentro del gobierno nacional el trabajo de algunos organismos y, en algunos casos, su caracterización como “enemigos”. Es una caracterización peligrosa y nunca antes postulada desde 1983. Por otro lado, se publican columnas de opinión de los propios medios o de intelectuales, que utilizan el caso Maldonado para poner en duda la trayectoria completa del movimiento de derechos humanos argentino. Se pretende utilizar el caso como una especie de sentencia de exclusión de la escena política de los organismos. Se lo usa para presentarlos como parte de una cultura facciosa, dando a entender que actúan bajo lógicas de intervención oscuras, que no pueden ser explicadas a la sociedad; para sobredimensionar sus influencias, sobre la base de ignorar las desigualdades de poder y recursos en que realizan sus intervenciones; y al mismo tiempo para empequeñecer su rol histórico, postulando una memoria de corto plazo que los reduce a una coyuntura política específica, a cuyo destino quedarían asociados. Son muchas acciones simultáneas pero ninguna constructiva de la cultura de los derechos humanos más abarcativa y plural que se declama.

–¿Qué relación existe entre esa respuesta hostil y lo que sucede en las calles, con la movilización contra el 2x1 y Maldonado?

–La movilización contra el 2X1, y la respuesta social de acompañamiento a la familia de Santiago Maldonado en su reclamo por verdad y justicia, no son expresiones homogéneas. La marcha contra el 2X1 muestra que el rechazo al terrorismo de Estado y la condena a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad sigue siendo un piso mínimo de acuerdo social. El caso Maldonado pone en evidencia que la demanda social por el esclarecimiento de una posible desaparición o muerte en circunstancias que involucran algún nivel de responsabilidad estatal está muy activa. Ambas respuestas funcionan como límite frente a este intento de impugnación del activismo y la movilización. Pero estamos asistiendo a una clara disputa pública respecto de estos umbrales, y muchos actores con gran capacidad de intervención en el campo simbólico apuestan a reducir estos acuerdos sociales para favorecer mayores niveles de tolerancia a las violencias del presente.