“En el marco del Día Internacional de lucha contra la Trata de Personas que se conmemora el 30 de julio, queremos expresar nuestra preocupación sobre la actualidad de este crimen que viola la dignidad y los Derechos Humanos”, señala un documento difundido por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) con la firma de sus máximas autoridades encabezada por el presidente Oscar Ojea, obispo de San Isidro.

Pero más allá de recordar el día de “lucha contra la trata” los obispos hicieron alusión directa al caso del niño Loan Peña, desaparecido hace cuarenta días en la provincia de Corrientes. “Con todo el pueblo argentino --dice el comunicado episcopal-- manifestamos nuestro dolor y preocupación por la desaparición de Loan y de otros niños, niñas y jóvenes, muchos de ellos sumidos en situaciones de empobrecimiento y vulneración de derechos”. Porque, agregan, “cuando son niños y niñas quienes desaparecen ante nuestros ojos a causa de este flagelo la herida nos duele hasta el infinito”.

Señala también la Conferencia Episcopal que “algunos años antes de la sanción de la normativa vigente sobre esta materia en el país, la Iglesia ha abordado el combate de la Trata y Explotación de Personas, iluminados por el Papa Francisco en el grito de no a la trata”.

Se recuerda que al respecto el papa Francisco invita a “abrir los ojos y los oídos, para ver a los que permanecen invisibles y escuchar a los que no tienen voz; para reconocer la dignidad de cada uno y para actuar contra la trata y contra toda forma de explotación”.

Sobre el tema los obispos demandan la presencia de “un Estado activo en el combate del delito de trata de personas, con diseño, planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas públicas de prevención”, subrayando que “es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia”.

Señalan además que “es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas”, dado que la trata de personas “es un tema transversal a todo el arco político e institucional que requiere el compromiso para alcanzar consensos, poniendo en el centro de la agenda política y del debate legislativo, el combate de este delito en articulación entre todos los poderes del Estado”.

Hay también una referencia a la cuestión social vinculada al delito de trata de personas. “El desempleo y la informalidad en el mundo del trabajo --dicen los obispos-- constituyen un caldo de cultivo para la trata y explotación de personas”, entendiendo que “el trabajo digno es la prevención más eficaz contra de este delito y en particular, permite superar la prostitución, uno de los hechos más degradantes de la persona, agregan las autoridades de la Conferencia Episcopal.

El documento, que además de la firma de Ojea lleva la de los vicepresidentes Marcelo Colombo (arzobispo de Mendoza) y Carlos Azpiroz Costa (arzobispo de Bahía Blanca) y del secretario general Alberto Bochatey (obispo auxiliar de La Plata), incluye “una llamada a no quedarnos paralizados, a movilizar todos nuestros recursos en la lucha contra la trata y por la restitución de la plena dignidad a quienes han sido sus víctimas” porque “si cerramos nuestros ojos y oídos, si permanecemos inertes, seremos cómplices”.

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