El Boletín Oficial publicó el lunes la reglamentación del Impuesto a las Ganancias (IIGG) mediante el Decreto 652/2024, que introduce un nuevo régimen fiscal. Este esquema incluye una notable excepción para los trabajadores del sector petrolero, particularmente aquellos involucrados en la exploración y producción de hidrocarburos.

El nuevo régimen del IIGG establece que los trabajadores directamente relacionados con las operaciones en campo, tales como perforación, mantenimiento, y producción en pozos de petróleo y gas, quedarán exentos del impuesto. Esta medida se extiende a los operativos de instalación y mantenimiento esenciales para la producción de hidrocarburos; pero no contempla al personal administrativo y otros empleados no directamente implicados en las operaciones de campo, quienes deberá volver a tributar bajo el esquema del impuesto.

La decisión fue recibida con alivio por los trabajadores del sector petrolero, tras la amenaza latente de medidas de fuerza ante una eventual posibilidad de volver a pagar Ganancias. 

En este contexto, Jorge Ávila, secretario del Sindicato del Petróleo y del Gas Privado del Chubut, celebró la medida como un importante logro. "El 90% de los trabajadores en el campo no pagarán Ganancias", afirmó Ávila, destacando que el principal objetivo durante las negociaciones fue proteger a quienes enfrentan las condiciones laborales más exigentes.

Por otra parte, Marcelo Rucci, líder gremial en Neuquén, también expresó su satisfacción con la resolución, describiendo el proceso de negociación como "una batalla dura pero justa". Según Rucci, esta reglamentación no solo reconoce el aporte significativo de los trabajadores al desarrollo del país, sino que también representa una victoria para los gremios.

Cómo es el nuevo régimen del Impuesto a las Ganancias

A partir de julio, el nuevo régimen del Impuesto a las Ganancias establece que los trabajadores solteros con ingresos superiores a $1.800.000 brutos y los casados que superen los $2.200.000 estarán obligados a pagar el impuesto. Las tasas impositivas varían del 5% al 35%, con actualizaciones trimestrales hasta fin de año y semestrales a partir de diciembre, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este ajuste fiscal propuesto por el Gobierno de Javier Milei excluyó a los trabajadores del sector para evitar conflictos laborales y garantizar la estabilidad en un sector clave para la economía nacional.

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