Las familias que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesitarán más de 140.000 pesos en julio para pagar las tarifas de servicios públicos, según reveló un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet.
La investigaci{on señala que un hogar promedio del AMBA necesitará $142.645 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable durante este mes, lo que implica que el costo de la canasta total de servicios públicos se incrementó 374% frente a diciembre de 2023, cuando llegaba a los $30.100.
El incremento en lo que va del año se explica a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero y junio), agua y gas natural (abril y junio). Asimismo, los consumos de gas natural y energía eléctrica están ajustados por la estacionalidad de la demanda.
En este sentido, en julio se observa un aumento del 2% del gasto en servicios públicos y en lo que respecta al sector energético se explica por "consumos más elevados conforme se transita el pico estacional de invierno; por incrementos en el precio de la energía eléctrica y el gas natural a partir del 1° de junio; y por la modificación de los bloques de consumo subsidiado en energía eléctrica y gas natural vigentes a partir del 1° de junio".
En comparación a los valores de tarifa vigentes al mes de diciembre, los servicios públicos para el AMBA han sufrido los siguientes aumentos: 1208 por ciento en el gas (es decir, que el costo del servicio se multiplicó por 13), transporte 410 por ciento; agua potable y cloacas, 249 por ciento, y energía eléctrica, 229 por ciento.
Con estos valores, la canasta de servicios públicos del AMBA ocupa en julio el 15% del salario promedio registrado estimado del mes, a la vez que el peso proporcional del gasto de cada servicio presenta valores similares para el transporte, la energía eléctrica y el gas natural.
Los datos de este mes están influenciados por la postergación de los aumentos de luz y gas decidida por el Gobierno, con el objetivo de contribuir a consolidar el descenso de la inflación, tras la aplicación de las subas de junio.
