El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick dispuso hoy que el Ministerio de Capital Humano informe en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará la distribución de alimentos para las personas que concurren a comedores.
"Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución", sostuvo el reciente fallo. La resolución se refiere a la cautelar que había emitido el juez Walter Lara Correa al hacer lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
En medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al Gobierno continuar con la entrega de alimentos a comedores.
Ese magistrado había pedido además que "el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes". "Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras", agregó.
La causa comenzó a principios de este año, cuando las organizaciones habían reclamado que el Gobierno dejó de entregar los alimentos a comedores y merenderos, por lo que solicitaron que se mantuvieran las políticas sociales. A raíz de esto, se convirtió en un amparo colectivo y el juez Lara Correa le dio lugar.
Desde el CELS celebraron la media y la calificaron como "un paso importante para que se ejecuten las partidas presupuestarias ya asignadas y los fondos entregados por el PNUD". "Mientras tanto, en el proceso judicial debe todavía dictarse una sentencia que exija al Estado de manera continua y permanente cumplir con las políticas alimentarias definidas por el Congreso Nacional en las leyes 25.724 y 27.642", sostuvieron.
"A diferencia de lo que sostiene el gobierno, las políticas de transferencia directa de ingresos a las personas no son suficientes para resolver la integralidad y multicausalidad de este problema, ni mitigan los efectos de la recesión en el mundo laboral y no alcanzan para rebatir los efectos del retiro del Estado -y su apoyo a las organizaciones- en los territorios", agregaron desde el organismo.
El CELS también recordó que "desde diciembre pasado, distintos comedores y merenderos comunitarios dejaron de recibir mercadería mientras la necesidad de acceso a alimentos se incrementó producto de la crisis económica y social agudizada por el ajuste del propio gobierno". "Por eso --añadieron-- en el mes de febrero desde la UTEP y el CELS se presentó un amparo colectivo y el reclamo de una medida cautelar para que se garantice de manera urgente el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios, con alimentos de calidad, adecuados y en cantidad suficiente".
En los argumentos de la primera cautelar, Lara Correa sostuvo que "el derecho a la alimentación se desprende del derecho a la vida y asegura una mejora continua en las condiciones de existencia1 de las personas. Podemos señalar que el derecho a la alimentación es el derecho humano por el cual toda persona puede gozar de una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual".
"El derecho a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a salud, toda vez que son derechos fundamentales en la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. En esencia, este derecho comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna", agregó Lara Correa en el escrito.
