Los trabajadores estatales se ven venir otro diciembre negro. El preanuncio del  ministro de Modernización, Andrés Ibarra, sobre que el Gobierno “no descarta nuevos despidos” como parte de una “política de saneamiento” puso en estado de alerta a los gremios de la administración pública. En ministerios y organismos nacionales ya circulan informes, realizados por consultoras que contrató Modernización, para reducir entre el 10 y el 15 por ciento del personal   –en algunos casos puntuales el porcentaje llegaría a 20–, con el argumento alcanzar “dotaciones óptimas”. Además, como cada fin de año, están por vencer los contratos de miles de personas con trabajo precarizado.  

Mario Romero, secretario general del gremio del INTA (Apinta), es uno de los dirigentes que llegó a ver el informe de “dotación óptima” elaborado para su organismo. “Lo hizo gente que se presentó como de  una consultora enviada por Modernización. Estuvieron en las oficinas centrales, en la estación experimental de Pergamino y el Instituto de Biotecnología de Castelar... y nada más, a pesar de que tenemos sedes en todo el país, contó a PáginaI12.

“Ellos aplicaron una ecuación de las horas-hombre supuestamente necesarias y un modelo para calcular la dotación óptima de la parte administrativa. No salieron a recorrer el interior, hicieron su informe sin tener idea del trabajo que se hace. Fue indignante, porque estuvieron seis meses, muchos compañeros les dieron toda la información que pidieron, de buena fe, porque realmente nosotros tenemos en claro que acá no sobra gente...”

“Tenían la indicación previa de justificar un recorte de entre el 10 y el 12 por ciento, y eso es lo que hicieron: de ahí sacan es de que la dotación está ‘excedida’ en 750 personas”, que equivalen a más de un 10 por ciento de la dotación total.

El 31 de octubre el Gobierno anunció la designación a Luis Etchevehere, el titular de la Sociedad Rural, como nuevo ministro de Agroindustria. El funcionario tendrá, junto con el informe de “dotación óptima”, un segundo elemento para el desguace del INTA: el proyecto de Presupuesto 2018 enviado por el presidente Mauricio Macri al Congreso le destina 300 millones de pesos menos que lo que le permitiría funcionar normalmente.

El gremio, en coincidencia con las autoridades del INTA, hizo una contrapropuesta a Modernización para que realice un cálculo del personal necesario en base a datos reales, conociendo el trabajo que se hace en cada delegación. Sin embargo, no les respondieron.

La mayor cantidad de trabajadores del Estado nacionales se concentra en la Ciudad de Buenos Aires, como sede del gobierno. En ministerios y secretarìas, ATE Capital comenzó a hacer asambleas en los lugares de trabajo ante la circulación de los informes de dotación óptima.

“Nos preocupa especialmente que hayan hecho un análisis de personal sin hablar con el personal. No hubo ninguna evaluación de las capacidades de los trabajadores, por ejemplo”, señaló Daniel Catalano, titular del sindicato. “Venían, en cada lugar se quedaban en Recursos Humanos y así hicieron números”

El dirigente se queja de lo mismo que en el INTA: señala no hubo auditorías de la situación real. Da el caso del Instituto Geográfico Nacional, que produce los mapas. “Ahí el Gobierno nos dio de baja el avión que teníamos para sobrevolar y sacar fotos, para el trazado de mapas. En ese lugar, todo lo que es Recursos Humanos fue tomado por Modernización, y hoy no sabemos lo que va a pasar con un montón de laburantes que hacen su trabajo en base al análisis de las imágenes tomadas en los vuelos, que obviamente ya no les llegan”.

ATE Capital le acaba de mandar una carta documento al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reclamando el acceso a los informes de dotaciones óptimas. “En su momento nos fueron negados aduciendo que no habían sido concluidos”, recuerda el sindicato, que ante la posición de la cartera laboral de negárselos, se declaro en estado de alerta y movilización.

La Anses viene sufriendo despidos por goteo y en diciembre se vencen 600 contratos de precarizados bajo la modalidad de locación de servicios. “Son trabajadores que hacen las mismas tareas que cualquier persona de planta permanente, algunos con hasta cinco años de antigüedad”; explicó Carlos Ortega, titular de la organización gremial de la Anses.

Los despidos ocurrieron en Río Gallegos, Córdoba, Caleta Olivia, Los Antiguos y la Ciudad de Buenos Aires. “Le mandaron el telegrama hasta a  una compañera que está con cáncer; en su caso, la pudimos reincorporar. Lo que tienen en común es que fueron despidos sin justa causa, aplicando el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que se hizo foco sobre la adscripción política de los despedidos”.

En las delegaciones donde ocurrieron los despidos están haciendo medidas de fuerza, “pero la situación no es fácil porque hay miedo y se complica la pelea. Más después de las elecciones”, apuntó el consultado.  

Ilustra la situación con un caso: “En Río Gallegos despidieron a un compañero que no falta nunca; su foja de trabajo es intachable y lo único que tomaron para despedirlo es su posición política. Hace 30 días que estamos de paro.”

Como en el verano de 2016 y el de este año, el argumento oficial es el de un “necesario saneamiento”. Por ejemplo, el ministro Ibarra respondió esta semana, en una entrevista radial, que podrá haber “altas y bajas según la evaluación de desempeño y según la dinámica de cada organismo”. Remarcó que lo que se busca es “un Estado austero y eficiente”.

Poco importa que las olas de despidos de trabajadores estatales realizadas por Cambiemos con justificaciones como no despilfarrar recursos haya sido seguida de la creación de 5 nuevos ministerios, 17 nuevas secretarías y 39 nuevas subsecretarías. Según los números de ATE, tras la asunción de Macri fueron despedidos 12.500 trabajadores del Estado nacional, pero luego Cambiemos engrosó la administración pública con 16 mil nuevos contratados. Catalano anticipó que frente a eventuales despidos, volverá a haber ocupaciones pacíficas de los lugares de trabajo. “No vamos a permitir que la gente vuelva a su casa desocupada”, aseguró el dirigente

Otras áreas que están bajo peligro son  Fabricaciones Militares; las centrales energéticas en manos del Estado que el ministro Juan José Aranguren se apresta a privatizar (limitando la participación del Estado a aquellas obras y servicios que no puedan ser asumidos adecuadamente por el sector privado”, dice el decreto a tal fin): la Procuración, con la amenaza de disolver las procuradurías especiales.  

“El proyecto de reforma de la Procuración incluye un artículo que afecta a los trabajadores, que dice que cuando se apruebe la ley cesarían automáticamente los que hayan sido designados luego de la sanción del ingreso democrático. Esto es un contrasentido porque la propia ley de ingreso democrático exceptúa a las estructuras centrales de la Procuración,  la Defensoría, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura”, explicó Agustín Bruera, titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales. “El criterio está a contramano de la estabilidad en el empleo público, de los derechos adquiridos y de la misma ley”, agregó el dirigente, que se preguntó “cuál fue el delito que cometió un trabajador al aceptar un cargo de acuerdo a la ley de ingreso democrático”. “No había otra posibilidad de ingreso, y ahora incluyen el artículo para avanzar en la caza de brujas”.