El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, opinó en contra del proyecto del gobierno nacional para bajar la edad de punibilidad a 13 años. Para el mandatario provincial, es acertado el parámetro vigente de 16 años.
En el marco de una rueda de prensa, Sáenz fue consultado sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo nacional el 15 de julio ante el Congreso de la Nación para penalizar a chicos y chicas de 13, 14 y 15 años que cometan delitos, que en la actualidad no son punibles.
"Estoy a favor", dijo Sáenz respecto a que haya "imputabilidad" para adolescentes, sin embargo, difirió con la edad mínima que pretende el gobierno nacional. Para el gobernador, "16 años" es una edad más adecuada. "Si podés votar y tenés esa gran responsabilidad también tenés la responsabilidad de hacerte cargo de tus actos", manifestó.
La edad de 16 años rige en la actualidad en Argentina, la intención de reducirla ha generado controversias pero sobre todo el pronunciamiento de expertos y expertas en derechos de las infancias y adolescencias y también en política criminal, que no ven en la modificación que pretende el gobierno nacional una vía de solución para la problemática de la inseguridad y la delincuencia.
El Ministerio de Seguridad de la Nación informó la semana pasada que trabajaron junto al Ministerio de Justicia en el proyecto de baja de la edad de punibilidad por decisión del presidente Javier Milei, para "proteger a los argentinos de bien" y "con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente".
El gobierno nacional afirma que "las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas". Sin embargo, quienes se oponen a esta propuesta señalan que las intervenciones judiciales por la participación de niños y adolescentes en delitos, es ínfima en relación con la de adultos, y en su mayoría tienen que ver con delitos contra la propiedad.
El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia, mediante la ley 14.394. Después, la dictadura militar, mediante el decreto ley 21.338, derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 a través del decreto ley 22.278. En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años.
En este sentido, la abogada Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios y Política Criminal (CEPOC), en un artículo que publicó tras analizar de forma detallada el proyecto del gobierno de Milei, señaló que "es peor que la ley vigente firmada por Videla".
En Salta, el defensor penal juvenil Adolfo Sánchez Alegre, experto en derechos de niños, niñas y adolescentes, también consideró desacertada la propuesta de bajar la edad de punibilidad.
"Bajar la edad de punibilidad en Argentina no solamente va en contra de distintas disposiciones y principios legales, sino que tampoco creo que solucionaría el problema de la inseguridad, porque con un proyecto así lo que se pretende es atacar sólo las consecuencias y no abordar adecuadamente y de manera integral las causas que lo generaron", dijo Sánchez Alegre a Salta/12.
"Hay que atacar las causas a través de la implementación de políticas públicas de prevención de la comisión de delitos, porque si no, lo que se pretendería hacer con este tipo de proyectos es tapar el sol con un dedo de la mano", evaluó el defensor.
Sánchez Alegre indicó que desde su punto de vista, la propuesta del Ejecutivo va en contra de los compromisos internacionales que asumió el país al firmar la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica porque ya tenía establecida su edad mínima de punibilidad en 16 años, "entonces era un derecho adquirido y eso implica un principio en materia de derecho internacional de los derechos humanos, que es el de progresividad y no regresión".
