La pelea entre los anestesistas y el Gobierno provincial por el cobro de aranceles directos a los afiliados de Iapos, sumó ayer otro capítulo. La entidad que nuclea a esos especialistas se corrió del cañón que el lunes apuntó el ministro de Economía, Pablo Olivares. Dijo que la decisión de los profesionales es individual, no corporativa, pero la avaló aduciendo una demora y deuda acumulada que la obra social provincial tiene con ellos. "No cobramos un plus, es el arancel profesional, por eso le damos al paciente la factura para que él tramite el reintegro en Iapos", distinguió Bruno Lomónaco, presidente de la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ARA). 

El Ejecutivo, a través de Olivares, se plantó contra la determinación de los anestesistas y prometió demandar en Tribunales a aquellos que exijan a los afiliados de Iapos el pago de sus honorarios para brindar su servicio a través de la obra social. Fue la respuesta a la decisión anunciada el 15 de julio de atender la obra social de Provincia solo si el paciente afiliado abona antes sus honorarios y luego, factura en mano, le pide reintegro a la prestadora estatal. 

Pero la respuesta salió tajante desde el Ministerio de Economía. "Los anestesiólogos son parte de los recursos humanos de los sanatorios; el Iapos no tiene contrato con ellos, por lo tanto, el afiliado no tiene por qué pagarle honorarios. Si se ve coaccionado a pagar, ese dinero será reintegrado y el monto será debitado de la correspondiente gerenciadora. El Estado tomará medidas", advirtió Olivares.

Dimónaco aseguró que la posición asumida "no la tomó la entidad, sino los profesionales en forma individual", y mandó el mensaje conciliador con el Gobierno en aras de "encontrar una solución", dijo ayer por LT8. 

El médico argumentó la exigencia de sus colegas en que "había que hacer algo a partir de un atraso muy importante en el cobro de los aranceles de febrero". Aseguró "compartir la preocupación del ministro por la situación, pero somos optimistas de que alguna voz autorizada pueda interceder para que se normalice el cobro de las prestaciones", suavizó.

La asociación profesional llegó a estimar que la deuda acumulada por el Iapos con ellos asciende a 300 millones de pesos, incluida la actualización de aranceles aplicada en marzo. El gobierno, por su parte, contrasta esos números y lo que busca es poner nuevas reglas de juego con los prestadores de salud de Iapos.

"En abril hicimos un reclamo por la deuda de arrastre desde febrero, no tuvimos respuesta, y en junio informamos que la situación ya era crítica. Cuando detonó, llevábamos casi seis meses de atraso en los cobros. Hoy estamos sin cobrar todas las prestaciones desde mayo en adelante", expuso Dimónaco.

Mientras la entrevista fluía, se apilaban mensajes de oyentes, en su mayoría acusatorios de la práctica de los anestesistas. Hubo quienes aseguraron que alguno de estos médicos llegó a exigir 1 millón de pesos, de lo contrario se rehusaba a intervenir en una cirugía programada.

"Hay un nomenclador de prácticas en función de las cuales distintos procedimientos pueden tener distintos montos. No es lo mismo una cirugía cardiovascular, un trasplante hepático que una endoscopía o algún procedimiento ambulatorio. Se entiende que los procedimientos más complejos sean más onerosos", justificó el presidente de la ARA.

Por último, recalcó que el concepto "no es un plus, es el arancel profesional, es la forma que tiene el médico de garantizarse el cobro. Para eso se emite la factura y con esa factura el afiliado puede solicitar el reintegro al Iapos", reiteró.