La Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hizo pública su “preocupación” por “el desmantelamiento de áreas claves de las políticas de memoria, verdad y justicia ”porque sin políticas públicas de derechos humanos se pone en riesgo la labor de educar en y para los derechos humanos” entendida como “una tarea que desborda las aulas y que la instituciones universitarias desarrollan en conjunto con organismos estatales y actores sociales”.
El organismo universitario manifiesta que “la falta de presupuesto para actividades, la suspensión de obras de infraestructura, la ausencia de funcionarios responsables de la Dirección Nacional de Sitios y los despidos de trabajadores y trabajadoras son algunos de los mayores problemas que transitan los espacios de memoria en la actualidad”.
Se agrega que de esta manera “peligra la preservación de estos lugares históricos, pero también se imposibilita la tarea de promoción con escuelas y universidades” actividades que “son centrales para que las casas de estudio llevan adelante los programas de educación en derechos humanos”.
“Estas medidas –sigue diciendo la RIDDH en su documento-- se producen en un marco de descalificación a las demandas de 'Memoria, verdad y justicia’, que van desde la minimización de los crímenes cometidos hasta su negación, que cuestionan los símbolos de la lucha por los derechos y atacan a muchas de sus figuras”. Teniendo en cuenta además que “en los últimos meses se han producido actos negacionistas que no han sido repudiados por las autoridades”.
En virtud de ello los universitarios suman su repudio “a la visita que legisladoras y legisladores hicieran de manera reciente a los genocidas presos en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza” desde el convencimiento –dicen- de que “este acto se convierte en una reivindicación de las formas más perversas del terrorismo de Estado con su derrotero de tortura, cárcel, violaciones, robo de niños, muerte y desaparición forzada durante la dictadura genocida” y que “es inadmisible que quienes asumen una banca como expresión de la voluntad popular y democrática intenten instalar los actos de la dictadura militar como ejemplo a seguir”.
El CIN fue creado en 1985 por decreto del entonces presidente Raúl Alfonsín, con tareas de coordinación, consulta y propuesta de políticas y estrategias de desarrollo universitario y la promoción de actividades de interés para el sistema público de educación superior. La RIDDHH, constituida en 2018 depende del CIN y desarrolla acciones académicas, de investigación y extensión tendientes a la formación de una cultura de los derechos humanos y el abordaje de los temas de derechos humanos desde la perspectiva universitaria y desde ámbitos específicos que permitan una tarea sistemática.
Denuncia la RIDDHH que “la búsqueda de verdad y la obtención de justicia sufren un duro revés a partir de la eliminación del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA) del Ministerio de Defensa que había sido creado en 2010”. El trabajo profesional y sistemático de este equipo archivístico logró recuperar documentación clave sobre la represión y daba respuesta a los requerimientos judiciales en causas en las que se juzgan los crímenes de lesa humanidad. Agrega la RIDDHH en su documento que “el desmantelamiento del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que filmaba los juicios orales, implica un retroceso en materia de acceso a la información y de producción de fuentes históricas que son únicas como patrimonio colectivo y para futuras investigaciones académicas”.
Además de advertir también sobre la discontinuidad de la mesa de trabajo que funcionaba en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –recientemente reformada por el gobierno de Javier Milei-- y que promovía la desclasificación de documentos de dicho organismo, se denuncia el “achicamiento del equipo de profesionales del Archivo Nacional de la Memoria y la falta de nombramiento de autoridades del área que preserva fondos documentales como el de la CONADEP. Similares recortes –afirma-- se perciben en organismos que tienen como responsabilidad la búsqueda y restitución de la identidad de niñas y niños apropiados durante la última dictadura a lo que se suma el despido de personal de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI).
El documento de la RIDDHH señala finalmente que “todos estos retrocesos se producen en el marco de otras políticas que afectan negativamente el cumplimiento de los derechos humanos, como la represión a la protesta social, el desmantelamiento de áreas y programas dedicados al género y las diversidades sexuales y la falta de atención a la situación de pobreza cada vez más urgente”. Afirma que “el fortalecimiento de las políticas de ‘Memoria, verdad y justicia´ es una obligación del Estado” y sostiene su “compromiso con un mundo de iguales, en el que se teja el pasado y el presente histórico para construir futuros”.
