La justicia boliviana detuvo a Gustavo Vargas, gerente general de la aerolínea Lamia, cuya nave cayó en Colombia con la delegación del club Chapecoense a bordo, mientras la funcionaria que autorizó el vuelo pidió refugio en Brasil.

“Se ha emitido una orden de aprehensión del gerente de esta empresa y además se ha obtenido documentación para ser analizada. Existen seis personas investigadas”, explicó el fiscal Iván Quintanilla. “Con fines investigativos fueron arrestados (además de Vargas) la secretaria y el mecánico de la empresa”, agregó. La firma tiene cancelados los permisos de operación y comerciales.

Lamia es investigada por supuestas responsabilidades en la caída del avión, en la que murieron 71 de las 77 personas a bordo, entre ellas jugadores y directivos del Chapecoense, así como periodistas.

El propio Vargas admitió luego de la tragedia que la nave, un BA-146 modelo RJ85 que despegó de Santa Cruz, debió haberse reabastecido de combustible en el poblado boliviano de Cobija, en el extremo norte del país, para continuar su ruta hacia la ciudad colombiana de Medellín. Bolivia encontró indicios de irregularidades en el funcionamiento y operaciones del Lamia, según el ministro de Obras Públicas y Servicios, Milton Claros. 

Una de las principales hipótesis que se maneja es que el avión se precipitó a tierra porque se quedó sin combustible poco antes de llegar al aeropuerto de Rionegro, en Medellín.

Una comisión de fiscales de Bolivia, Brasil y Colombia investigará el accidente de la empresa aérea de capitales venezolanos y bolivianos.

En tanto, la funcionaria boliviana de aeropuertos que autorizó el plan de vuelo del Lamia, pese a que supuestamente detectó los problemas de falta de combustible, pidió refugio en Brasil. “Celia (Castedo) pidió refugio en Brasil ayer en Corumbá (estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo con Bolivia)”, informó una portavoz del Ministerio Público en Brasilia.

La solicitud de la ya exfuncionaria de la Aasana (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea) se tramita en secreto porque Castedo teme posibles consecuencias en Bolivia contra ella o su familia, indicó la misma fuente. La Fiscalía brasileña no explicó, por ello, los motivos que movieron a Castedo a pedir refugio en el país del que procedían casi todas las víctimas del accidente.

Tras su petición, Castedo podrá permanecer legalmente allí hasta que se acepte o niegue su solicitud, un proceso que podría extenderse durante un año.

Sin embargo, el ministro del Interior de Bolivia, Carlos Romero, aseguró que “Celia Castedo no ha utilizado ningún punto legal de control migratorio, su salida del país ha sido ilegal”, por lo tanto “lo que corresponde es una acción ante Interpol”. “Si la salida ha sido ilegal, el ingreso a Brasil también es ilegal y, lógicamente, en estos casos debería aplicarse un procedimiento de expulsión automático”, manifestó el ministro, quien consideró que no hay argumentos para pedir refugio.

Para el ministro, pretender politizar el asunto o tratar de inculpar al presidente Evo Morales, al señalar que conocía las irregularidades en el trámite del permiso de operaciones de Lamia, es un “despropósito gigante”. “Este es un tema de investigación judicial, no lo vamos a politizar, y tampoco vamos a hacer ver que esta persona que se ha escapado a Brasil es una perseguida política, sólo faltaría eso”, protestó.

El fiscal general Ramiro Guerrero señaló que Castedo “es una de las principales investigadas, lo que debería hacer es presentarse a declarar”.