¿Cuánto perjudicó la Nación a la Provincia?

Los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei arrojaron números escalofriantes para la provincia de Buenos Aires. Los datos surgen de un informe elaborado por el Ministerio de Economía con Pablo López a la cabeza, que habla de casi dos billones de pesos en pérdidas para las finanzas provinciales, casi 900 obras paralizadas, más de 150 mil bonaerenses perdieron su empleo, la recaudación se desplomó un diez por ciento y la actividad económica se retrajo en casi tres puntos y medio.

Las quince páginas, a las que tuvo acceso este diario, se resumen en una frase del propio ministro: “Hoy Argentina tiene una economía más pequeña, más desempleados, habitantes con menos ingresos y ahorros, y más desigualdad que hace siete meses”. Por consiguiente, los efectos del modelo “anti industrial, anti mercado interno y anti federal” encabezado por Milei impactan en la Provincia.

Según expone el documento, durante los seis meses que van de 2024, las políticas del Gobierno nacional generaron una pérdida acumulada para la Provincia de 1,9 billones de pesos. Si a este monto se le suman el stock de deudas que mantiene la Nación con la provincia de Buenos Aires e incluye las 899 obras paralizadas en todo el territorio bonaerense, el total supera los 6,3 billones de pesos.

Para dimensionar el impacto en la provincia, López traza un paralelo. Ese monto equivale a brindarles el servicio alimentario escolar a los más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes de la provincia de manera mensual a lo largo de dos años y medio.

En otros términos, 6,3 billones de pesos alcanzan para pagar los sueldos de los 500 mil trabajadores de la educación pública durante cuatro meses, o el de los 93 mil policías bonaerenses durante nueves meses. O bien, con ese monto se podrían construir 1.600 kilómetros de rutas o afrontar el presupuesto de todo el Ministerio de Salud a lo largo de nueve meses.

Visibilizar responsabilidades

Los números no sorprenden. Hace varios meses que el titular de la cartera económica del Gobierno de Axel Kicillof viene publicando casi diariamente los resultados negativos que tiene la política pública nacional sobre los bonaerenses. En este sentido, López fortalece una iniciativa que promovió desde los inicios de su gestión en 2019 y es la elaboración de índices estadísticos propios que permitan desarrollar diagnósticos y premeditar nuevas iniciativas.

Esta actitud nace en una prédica de la Gobernación: señalar, delimitar y marcar responsabilidades. A partir de esa estrategia, en todo momento se puso sobre la mesa que los anuncios de Luis Caputo a tres días de asumir eran un “ajuste clásico ortodoxo” que tendría un correlato negativo en la vida de los bonaerenses. Datos inflacionarios por encima de los veinte puntos en los primeros meses y con sueldos que corrían desde atrás.

A esa ecuación se le sumó el congelamiento de los giros de recursos hacia las provincias por parte de la Nación. Kicillof tildó de “ilegales” estas decisiones y elevó cuatro reclamos a la Corte Suprema por, entre otros, el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

En estos meses, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, recorrió innumerables obras públicas nacionales paralizadas en búsqueda de acuerdos con municipios para intentar retomar algunas. Y hace pocas horas, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, planteó el "catastrófico" escenario que se avecina en el sistema sanitario de la provincia por el retorno del impuesto a las ganancias que afecta la posibilidad de que los médicos y profesionales hagan guardias médicas porque se las “aspira” la AFIP.

En síntesis, no hay un horizonte soleado al frente. El texto del informe publicado por López lo deja en claro. Básicamente, divide su explicación en dos ejes. En primer lugar, una lectura pormenorizada de cómo las políticas nacionales contrajeron el gasto público nacional en más de 30 puntos, socavando los salarios, el consumo y la actividad industrial, lo que llevó a la Provincia a perder 10 puntos de recaudación en estos primeros seis meses y tener una caída de 3,4 en la actividad industrial.

En un segundo lugar, grafica los cuatro ejes desde los cuáles se visualiza el impacto en las finanzas provinciales. Se tratan de la recesión generada por el freno a las transferencias no automáticas, la paralización de la obra pública y el retiro del Estado nacional de sus funciones.

El bombardeo nacional

Una de las últimas publicaciones del ministro está presente en este informe. Se trata de los indicadores del Estimador de Actividad Económica de la provincia de Buenos Aires que arrojó una contracción del 3,5 por ciento de la actividad económica provincial entre enero y mayo de este año, donde el sector agropecuario registró caída de casi ocho puntos.

Este golpe, explica el documento, tiene como causa central una contracción del gasto primario del sector público nacional por encima del 32 por ciento durante el primer semestre del año. Es un ajuste que duplica el del año 2002, el cual se realizó en el marco de una de las peores crisis de la historia argentina. El 60 por ciento de ese ajuste fiscal se traduce en el derrumbe de un 81,6 por ciento del gasto de capital en el que está contemplado la obra pública, y por una reducción de más del 27 por ciento sobre las jubilaciones y las pensiones.

¿Por qué son importantes estos datos? Porque ese recorte, asegura el documento, derrumbó los principales indicadores nacionales de la economía que trajo como consecuencia un desplome del consumo. Así, durante los primeros seis meses de 2024, los salarios totales de la economía en el país cayeron más de 20 puntos, las ventas en los supermercados un 13 por ciento, y las ventas minoristas registradas por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa tuvo una merma que rozó el 22 por ciento.

Además, la Inversión Bruta Interna Mensual medida por el Centro de Estudios Económicos Orlando José Ferreres (IBIM) entre enero y mayo cayó más de 21 puntos. Durante el mismo período, la producción industrial se redujo más de 15 puntos y el índice de la construcción más del 32 por ciento.

Tal como detalla uno de los gráficos vertidos en el documento, entre las principales consecuencias de este modelo son 155 mil habitantes de la provincia de Buenos Aires que perdieron su empleo.

El ataque a las provincias

La política del Gobierno nacional golpea a todas las provincias. En Buenos Aires, los efectos tienen una gravedad más profunda por lo que significa la provincia para el país: cuenta con el 38 por ciento de la población del país, genera el 36 por ciento de la riqueza y el 50 por ciento del valor agregado industrial.

Desde el análisis de la cartera económica, el primer dardo hacia las provincias es la recesión económica porque afecta directamente la recaudación tributaria en todos los niveles del Estado. En la Provincia, los impuestos que provienen del mercado interno como el IVA e Ingresos Brutos, representaron el 70 por ciento de la recaudación.

Durante los primeros seis meses del año, esa recaudación se contrajo un diez por ciento, lo que, expresado en términos monetarios constantes del mes de junio, equivale a una pérdida semestral de 960 mil millones de pesos para las arcas provinciales.

La situación es más grave cuando el texto analiza cómo se maneja la Nación en materia impositiva. Si bien la recaudación tributaria total nacional cayó un siete por ciento en términos agregados, hay una clara asimetría entre qué recaudación cayó y cuál no. Así, los componentes coparticipables de la recaudación se desplomaron un 12 por ciento, pero los no coparticipables le ganaron en 1 por ciento a la inflación.

“El Gobierno nacional dice detestar los impuestos, pero en la práctica hace caja y saca ventaja con aquellos tributos que no se redistribuyen entre las provincias”, apunta el texto.

El segundo eje que plantea el informe es el cachetazo más denunciado por la Provincia: la eliminación de las transferencias obligatorias con destinos específicos como educación o transporte. Son aquellas que, socarronamente, se denomina “fondos discrecionales”. No lo son, aclara el informe, así como la han hecho López y Kicillof en otras ocasiones.

Son “una fuente complementaria de ingresos de las provincias son las transferencias nacionales obligatorias no automáticas destinadas a programas y áreas sensibles”, pero que son obligatorias y cuentan con respaldo legal.

Estos fondos, señala el documento, representaron un ocho por ciento de los recursos totales de la provincia en 2023. El Fonid, el Fofofi, el Fondo de Transporte o el Aporte de las Cajas Previsionales son los más emblemáticos. En el primer semestre de 2024, el incumplimiento de pagos por parte de Milei perjudicó a las arcas bonaerenses en más de 670 mil millones de pesos.

El acumulado de cada uno de los ítmes, afirman en Economía, generó una pérdida de 1,9 billones de pesos en la provincia. A esto se suma, destaca el documento, el stock de deudas que mantiene el Estado nacional con la provincia de Buenos Aires. Eso incluye las 899 obras paralizadas en todo el territorio bonaerense. Por ende, el número total pasa de 1,9 a más 6,3 billones de pesos que no llegaron a las arcas provinciales.

El tercer y cuarto punto van de la mano. Se trata de la paralización de la obra pública y el retiro del Estado nacional de aquellas funciones que comparte con los estados provinciales. 

“Recordemos que el Estado nacional recauda impuestos para cumplir con sus funciones”, enmarca el informe. Y concluye: “El Estado nacional no renunció a recaudar esos impuestos, pero sin embargo se retiró de cumplir dichas funciones”.

 

La referencia es la recaudación de tributos, como el impuesto a los combustibles, que tienen un destino específico como la inversión en obras de infraestructura. También está el caso de ganancias o el IVA que, por un arreglo federal, los recauda la Nación. 

Ese convenio, enmarcado en la Ley de Coparticipación, indica que el Gobierno nacional se quede con una porción de lo recaudado y coparticipe el resto. Pero lo que se apropia no tiene como condición la discrecionalidad de su uso, sino que tiene como destino el cumplimiento de sus funciones en las provincias como salud y educación. 

“Lejos de divisarse alguna señal optimista de cara al futuro, las perspectivas auguran una mayor recesión e inequidad”, dice la parte final del informe que deja a un costado las expectativas favorables que buscan instalarse desde la Nación. 

Y explica: “Por un lado, la redacción final de la dilatada Ley de Bases incluyó una reforma al impuesto a los Bienes Personales que, además de ser totalmente regresiva, reduce la recaudación de este tributo coparticipable a su mínima expresión. Se estima que esta pérdida absorberá, en gran medida, el adicional que se espera recaudar por la restitución del impuesto a las ganancias, dejando a las provincias, en general, y la PBA, en particular, en el mejor de los casos, en una situación equivalente a la actual: desfinanciadas. Eso sí, la estructura tributaria argentina será menos equitativa y menos progresiva”.

Cuestionando también los puntos centrales del Pacto de Mayo, el documento afirma que “el experimento libertario es anti-federal e inconsistente”. “La mayor parte de la inversión pública provincial se destina a educación, salud y seguridad. Por esa razón, desfinanciar a los Estados provinciales no perjudica a los políticos, sino que deteriora las condiciones de vida y las posibilidades de futuro de las y los argentinos”, señala la provincia que vuelve a advertir que “el perjuicio ocasionado por las políticas nacionales no recae en su gobernador, sino en las y los 17 millones de bonaerenses”.