“Yo voy a resistir porque sé que por lo que peleó es justo.” Marta Jáuregui tenía 17 años cuando escuchó a su papá Juan Martín Jáuregui decir esa frase. Eran palabras de despedida para ella, sus hermanos y su mamá, quienes debían abandonar la casa familiar del barrio platense de Melchor Romero luego de que supiera que las patotas irían por él. No estaba equivocado: la noche del 18 de octubre de 1975 un grupo de efectivos policiales lo fueron a cazar. Según Marta eran "más de 100". Juan Martín resistió hasta el día siguiente. El tiroteo y el bombardeo contra la vivienda de la calle 47 fue constante y al final terminaron asesinándolo. Casi medio siglo después, Marta siente que “la Justicia escuchó” su reclamo, que comenzó hace casi dos décadas. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó por el asesinato de su padre y el secuestro de su abuelo y de un compañero de militancia de Juan Martín a los policías retirados de la Bonaerense Julio César Garachico –que ya cumple condena por crímenes de lesa humanidad– y Carlos Rivera.
Jáuregui tenía 43 años aquel octubre de 1975. Para entonces, trabajaba en la Dirección de Vialidad, manejaba un guinche en una Cantera Vial en Magdalena, y militaba en el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre (MR-17). Estaba casado con Lucía Álvarez con quien había tenido tres hijes: Marta, la mayor; Juan Martiniano de 15 años y Carmen de 13. Vivian en una casilla semiprecaria que él mismo había construido en el barrio de Melchor Romero. Al lado vivía su padre, Martiniano.
Allí lo fueron a buscar un grupo de represores de la Policía Bonaerense el 18 de octubre. Según figura el requerimiento de indagatorias de la Fiscalía Federal de La Plata, el grupo de tareas ingresó en la casa de Martiniano, el papá de Juan. Como el hombre no dio datos sobre su hijo, lo maniataron, le vendaron los ojos y “fue atado a un árbol y obligado a presenciar el accionar de las fuerzas represivas” que terminó asesinando a Juan Martín.
“Era viernes a la noche. Fueron bien sarcásticos, a mi abuelo le vendaron lo obligaron a escuchar el tiroteo contra su hijo”, contó a este diario Marta Jáuregui, impulsora de la investigación judicial de los crímenes de lesa humanidad que fectaron directamente a su papá y a su abuelo. Según lo que pudo reconstruir fueron más de 100 efectivos los que participaron del megaoperativo, que contó con el apoyo de patotas del Ejército y la Triple A y que culminó el domingo 19, cuando “dinamitaron la vivienda encontrándose la víctima en el interior de la misma”, plantea el requerimiento que presentó la Fiscalía para que el magistrado a cargo de la causa indague a Garachico y a Rivera.
En el expediente también figura el testimonio de Juan Martiniano, hermano de Marta e hijo menor de Juan Martín, que contó que el domingo 19 de octubre de 1975 huyó de donde estaba a salvo para saber qué pasaba con su papá. Se acercó a ocho cuadras de la vivienda de la calle 47, desde donde presenció "el momento en el que dinamitaron" su hogar. “Había alrededor de 100 efectivos del Regimiento 7, autos y camiones del Ejército, y autos Renault Torino de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. También había autos sin identificación. Habían sacado a todos los vecinos de la manzana para dinamitar la casa”, apuntó ante la Justicia. La versión oficial del crimen fue reproducida por los diarios La Razón, El día y La Nación.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, integrada por Hernán Schapiro, Gonzalo Miranda y Ana Oberlin dieron impulso y ampliaron la denuncia de Marta Jáuregui, al sumarle el secuestro de Rodolfo Inama, cazado por la patota de la Unidad Regional VI de la Policía días antes de acribillar a Juan Martín y de secuestrar a su padre. Martiniano permaneció dos meses desaparecido, lo mantuvieron cautivo y fue torturado en los centros clandestinos La Cacha y Pozo de Arana, según contó Marta. En 1980 fue blanqueado en la Unidad Penal 9 de La Plata. “Estaba muy mal de salud así que lo liberaron para dejarlo internado en el hospital. Falleció”, continuó.
Procesados con prisión preventiva
Para el juez a cargo de la causa los hechos "se enmarcan en el contexto del plan sistemático de represión ilegalinstaurado en Argentina durante la década de 1970" y, por eso "deben ser considerados a la luz del derecho de gentes como crímenes de lesa humanidad". Kreplak, a cargo del juzgado federal número 3 de La Plata, indagó a principio de mes a Garachico y Rivera tras un pedido que la Fiscalía realizó hace más de un año y ayer los procesó como partícipes necesarios del asesinato de Jáuregui y del secuestro y las torturas sufridas por Jáuregui padre e Inama.
Al momento de los hechos, ambos eran efectivos de la Policía bonaerense. Garachico era oficial Inspector de Seguridad del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional La Plata; Rivera tenía el mismo cargo en la Agrupación de Seguridad de la Casa de Gobierno. Según las pruebas recogidas y citadas por el magistrado, ambos integraron la patota que fue a secuestrar a Inama horas y que, con él, fue a buscar a Jáuregui a su casa de la calle 47. Surge de sus legajos, de sumarios y de otros registros oficiales de la fuerza concretados entonces, que ambos participaron del operativo de los hechos, que incluyeron , a los que tales registros definieron como ".
Garachico se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su domicilio de Mar del Plata, condenado por crímenes de lesa humanidad sucedidos en el centro clandestino de La Cacha. Rivera es la primera vez que es indagado por su comportamiento delictivo durante la última dictadura cívico militar.
Un lento camino de justicia
Rodolfo falleció en 1995, pero antes denunció los crímenes de lesa humanidad sufridos por él y Juan Martín Jáuregui ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. A finales de esa década, Marta Jauregui contó la historia de su papá y de su abuelo en el marco del juicio por la verdad que se desarrolló en la capital provincial . En 2007 presentó una denuncia formal ante la justicia. Recién a principios de mes el reclamo de justicia comenzó a rendir sus frutos. “Estoy feliz por este pequeño avance de la causa. Lo que yo necesito es que la causa deje escrita la verdad: que a mi padre lo mataron de siete impactos de bala por la espalda y no que se suicidó, que la casa no se autodestruyo por efectos de bombas molotov, sino por la cantidad de kilos de trotyl que le metieron”, señaló.
