Integrantes de la organización ecologista Greenpeace bloquearon dos topadoras contratadas por la familia Canido, que produce la gaseosa Manaos. Las máquinas estaban desmontando más de 10.000 hectáreas en el norte de la provincia de Santiago del Estero.
El coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini, afirmó que la decisión se tomó “ante la grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos”, con el propósito de proteger lo que queda de bosques nativos en el país.
“Es inaceptable que se siga avanzando con este gigantesco desmonte. Las topadoras de los dueños de Manaos ya arrasaron bosques en una superficie equivalente a media ciudad de Buenos Aires. Es un ecocidio que no debe continuar”, señaló Giardini.
Las dos topadoras estaban trabajando sobre los bosques de la estancia “Algarrobal Viejo”, ubicada a 45 kilómetros de Nueva Esperanza, en Santiago del Estero. Las máquinas fueron detectadas mediante imágenes satelitales y sobrevuelos en helicóptero. Los activistas se interpusieron entre las topadoras y el bosque, y luego bloquearon su funcionamiento mediante la instalación de cepos en las palancas de manejo.
Greenpeace recordó que la familia Canido “viene deforestando en varias fincas en la provincia de Santiago del Estero, para desarrollo agropecuario, manteniendo conflictos con familias campesinas e indígenas” desde hace ya una década. Por los hechos ya se los había denunciado en 2016.
Este desmonte, que se presenta como un manejo silvopastoril, cuenta con un permiso del gobierno sasntiagueño. Sin embargo, por el daño que se produce, dado que los pocos árboles que quedan en pie no llegan a proteger nada del suelo, se entiende que esto es un desmonte en un área que está en amarillo en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Según lo establecido por la Ley de Bosques Nativos que rige a nivel nacional, esta es un área en donde no se debe deforestar.
Frente a esta realidad se indicó que existe “una clara complicidad del gobierno provincial” santiagueño, que afecta “a la rica biodiversidad de la región y el área de uso comunitario del monte de familias campesinas”, según afirmó Giardini.
En la página excesodedesmontes.org se puede firmar la petición a la empresa para que frene el desmonte.
Santiago del Estero es la provincia con más deforestación del país de las últimas décadas. Según datos oficiales, desde 1998 en la provincia se desmontaron más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos.
“Más desmonte implica más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un crimen que debe convertirse en un delito penal”, finalizó Giardini.
