Se trata de la primera resolución de este estilo durante la gestión de Javier Milei y se espera que en las próximas semanas puedan firmarse nuevas cautelares a partir de las presentaciones judiciales realizadas por ATE, las cuales se suman a las medidas de fuerza dispuestas para afrontar las políticas de ajuste y desguace del Estado.

Según un relevamiento realizado por el Observatorio Zaguán TranSindical (Frente de TraVajadorxs TTNB+) y el Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales de la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional, de febrero a junio el gobierno nacional despidió a 130 personas travestis, trans y no binaries (TTNB) que se desempeñaban en la administración pública, sin contar la última oleada de despidos que se materializó en el mes de julio.

Un retroceso enorme, luego del avance en la implementación de la ley de cupo laboral trans, que venía a reparar una deuda de la democracia. Frente a ese panorama desde la Secretaría de Género y Diversidad de ATE se articularon acciones gremiales y estrategias legales para defender los puestos de trabajo del sector más vulnerado de la población y exigir el cumplimiento del cupo laboral travesti trans.

“Fue compleja la situación porque era necesario ser federales, recibir y acompañar personas de todo el país. Estamos ante una situación de discriminación por parte del Gobierno Nacional donde percibimos que el foco está puesto en las áreas vinculadas a género, diversidad y derechos humanos. Creemos que hay una mirada de ajuste selectivo ideologizado, que lo que expresa es una perspectiva discriminatoria por parte de este Gobierno”, asegura la Secretaria de Género y Diversidad, Clarisa Gambera.

Muchxs de estxs trabajadorxs son quienes alcanzaron un empleo registrado por primera vez gracias a la ley N° 27.636 "Diana Sacayán-Lohana Berkins", impulsada por activistas travestis-trans y sancionada el 24 de junio del 2021. Una norma que fue creada para remediar la situación de extrema pobreza y privación de derechos económicos, políticos, sociales y culturales que sufre la población TTNB debido a la expulsión temprana de sus hogares y del ámbito escolar.

“Las personas TTNB que trabajan en el Estado tienen una protección especial frente al despido o la negativa para renovar los contratos, debido a que la ley anteriormente mencionada, obliga la contratación de no menos de un 1% de personas TTNB en el Sector Público Nacional. Si bien el cupo no llegó a cumplirse con el alcance que se esperaba antes de la asunción del gobierno de ultraderecha de Javier Milei, es gravísimo que hoy se pierdan los pocos puestos laborales logrados a nivel nacional. Estamos ante un Estado que ejerce violencia institucional, discrimina e incumple la normativa vigente. La mayoría de estos despidos fueron posibles porque existe un nivel alto de contrataciones en modalidades temporales y precarias. A noviembre de 2023 alcanzaban al 55% de las contrataciones según los informes de monitoreo que realizaba la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Asimismo, el 17% de la población contratada tenía un tipo de contrato que podía ser despedida bajo indemnización. Sólo un 22% de la población contratada estaba regida por la modalidad 'permanente'. Las bajas laborales se dieron a nivel nacional, en todas las provincias y delegaciones estatales, e incluso, fueron despedidas personas travestis-trans que trabajan desde 2013, lo que denota un especial ensañamiento del gobierno nacional contra esta población”, aseguran desde el Observatorio Zaguán TranSindical.

La mayoría de estos despidos fueron posibles porque existe un nivel alto de contrataciones en modalidades temporales y precarias. A noviembre de 2023 alcanzaban al 55% de las contrataciones según los informes de monitoreo que realizaba la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Asimismo, el 17% de la población contratada tenía un tipo de contrato que podía ser despedida bajo indemnización. Sólo un 22% de la población contratada estaba regida por la modalidad “permanente”.

Las bajas laborales se dieron a nivel nacional, en todas las provincias y delegaciones estatales, e incluso, fueron despedidas personas travestis-trans que trabajan desde 2013, lo que denota un especial ensañamiento del gobierno nacional contra esta población.

En julio pasado se publicó el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina, realizado por un equipo interdisciplinario y federal conformado por más de 50 profesionales. Se trata del primer estudio a nivel país que busca generar información estadística de calidad sobre la población LGTBQ+.

Según el informe la desocupación en personas trans es considerablemente mayor en comparación con gays, lesbianas y no binaries. Además el estudio reveló que más de la mitad de la personas trans encuestadas habitan una vivienda ocupada o prestada y poseen menor ingreso económico que el resto de la población. Con la actual crisis económica, la suba de impuestos y servicios, el aumento de la canasta básica y de los inquilinatos informales, la situación de las personas trans se vio agravada en profundidad.

Frente a los despidos masivos en la administración pública dispuestos por el Gobierno Nacional desde ATE se decidió establecer una estrategia legal específica para las personas travesti trans: “Planteamos medidas cautelares de reinstalación en función de dos cuestiones principales, una tiene que ver con el derecho al trabajo que toda persona tiene, en especial las personas travesti trans, porque históricamente es un colectivo que ha padecido situaciones de desigualdad estructural, vulnerabilidad y discriminación y en nuestro país tenemos garantizado, no solo el derecho al reconocimiento a la identidad de género, sino que también para las personas travesti trans, está garantizado para el Estado Nacional un cupo mínimo de empleo que es el 1%. El Estado con los despidos incumple ese cupo mínimo de empleo que el Estado debe garantizar”, explica Maria Marta Terragno, abogada de ATE.

En el plano judicial hubo una reincorporación de una persona despedida en la Casa de la Moneda. Se trata de un fallo de primera instancia del Juzgado Nacional de Trabajo N° 13. El segundo caso fue la reincorporación de una trabajadora trans de ANSES con una sentencia del mismo juzgado. La tercera reincorporación de estas características es un caso emblemático porque en primera instancia judicial fue rechazado y desde ATE fue apelado posibilitando que la Cámara Nacional del Trabajo hiciera lugar a la cautelar y ordenara la reinstalación. El fallo es muy sólido en la perspectiva de género que maneja y sienta un precedente muy importante. Un cuarto caso resultó favorable por el Juzgado Federal de Tierra del Fuego y el quinto caso tuvo lugar en la Sala 1 de la Cámara Nacional del Trabajo para un trabajadxr de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A partir de estas acciones judiciales y con las sentencias que hicieron lugar a las medidas cautelares se pudo demostrar que, efectivamente, el gobierno nacional está incumpliendo con un mandato legal que es asegurar el acceso al empleo a las personas travesti trans y que con los despidos ese derecho se encuentra vulnerado.

“Sin dudas se van a promover nuevas reincorporaciones, hemos interpuesto más de 20 acciones cautelares en el mismo sentido. También es muy importante el precedente de este fallo porque indica cómo el derecho al trabajo permite obtener otros derechos que, en el caso las personas travesti trans, es muy importante porque la historia laboral de cada une de les compañeres accionantes indica que históricamente no han tenido un trabajo registrado o que si lo han tenido no ha sido reconocida plenamente su identidad de género. El derecho a acceder a un trabajo en el Estado para elles implicó un bienestar, un reconocimiento pleno de su identidad de género y poder acceder a la salud integral, algo muy necesario para elles que tienen que acceder a tratamientos hormonales o cirugías. Contar con un empleo permite el goce de muchos otros derechos fundamentales”, asegura Terragno.

*Observatorio Zaguán TranSindical y Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales de la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional.