El 75% de lxs integrantes de 95 medios de comunicación de 14 países de América Latina y el Caribe conoce al menos un caso de violencia de género hacia periodistas. Sin embargo, el 57% de los medios de la región no tiene protocolos para abordar la violencia laboral de género y solo el 18.5% cuenta con áreas especializadas de atención. Estos son algunos de los resultados de la investigación “Medios sin violencias. La urgencia de políticas de abordaje y prevención”, que la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, llevó adelante en el marco del proyecto “Protocolos de Violencia de género contra Mujeres Periodistas en América Latina - ¿Qué hacen y qué deberían hacer las organizaciones de medios?”.
“En las redacciones, estudios y oficinas ocurren la mayoría de las agresiones. Le sigue el ámbito digital, a través de redes sociales, plataformas digitales, mails y aplicaciones de mensajería instantánea. En uno de cada 10 casos se combinan ambos tipos de violencias. Los agresores offline suelen ocupar cargos jerárquicos altos, mientras que la violencia online involucra especialmente a funcionarios gubernamentales y políticos”, revela el trabajo que busca sensibilizar a la población sobre un tema que limita la libertad de expresión de las periodistas y, por ende, afecta las democracias.
“La existencia de protocolos de violencia de género es un paso más hacia la construcción de organizaciones de medios más democráticas. La violencia de género es un problema estructural vinculado a las relaciones de poder que requiere de un compromiso constante de todas las personas que trabajan en los medios para desarticularla. En este proceso, los protocolos ofrecen un mecanismo para abordar las violencias en sus diferentes etapas: desde la prevención hasta la atención de las denuncias”, señala Sandra Chaher, presidenta de Comunicación para la Igualdad y coordinadora de la investigación.
El proyecto incluyó también el análisis de 27 protocolos de intervención y prevención de la violencia laboral y de género, elaborados por empresas y organizaciones de medios a partir del impacto que causó en la región la irrupción de Me Too, de Ni Una Menos y del Paro Internacional de Mujeres de 2018. Durante cuatro meses se realizaron 108 encuestas y entrevistas a integrantes de 95 medios de Argentina, Perú, México, Colombia, Panamá, Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia, República Dominicana y Honduras. El 86.1% fueron respuestas de personas de género femenino, también respondieron varones (11.1%) y personas trans o no binarias (2.8%). Se describieron 96 relatos de violencia. Es decir, el 75% de las personas consultadas dijo que conoce al menos una historia de violencia de género hacia periodistas.
En la mayoría de las respuestas fueron identificados “motivos” que desencadenaron las agresiones: la expresión de posicionamientos feministas y/o políticos partidarios, la condición de mujeres de las agredidas, y reclamos salariales. De igual modo, la apariencia tuvo un rol relevante en las descalificaciones.
Las observaciones y recomendaciones que surgen del estudio -desde la definición de conductas violentas, pasando por el seguimiento de casos, hasta las medidas a adoptar para el cese de la violencia- pretenden contribuir “para que cada organización sea un espacio de igualdad libre de violencia y acoso. A la vez, sirvieron de insumo para la co-construcción de un Protocolo Marco de Violencia de Género que pueda ser de utilidad a futuro para los medios y sindicatos que aún no dispongan de protocolos de actuación”.
