Con un feriazo frente al predio de la Exposición Rural, los trabajadores del Instituto de Agricultura Familiar -cerrado por el gobierno de Milei con 900 despidos-, junto a pequeños productores, movimientos sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos hicieron una actividad de la campaña “La peor violencia es el hambre”. Esta campaña tiene un doble planteo: hacer visible la emergencia alimentaria que atraviesan miles de familias, por el alto precio de los alimentos, y advertir que se trata de una situación que coexiste con el agronegocio como modelo productivo principal para el campo, concentrador de la economía, expulsor de la población rural y contaminador de la tierra.

“La peor violencia es el hambre” es una iniciativa del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. “Estamos haciendo un llamamiento a unirnos frente a este panorama en el que el gobierno le ha quitado los alimentos a los comedores y merenderos comunitarios, y en el que además de mantener cautivos los alimentos hace gala de hostigar y perseguir a quienes se organizan”, dijo frente al ingreso a la Rural Leonardo, hijo del titular del Serpaj. La propuesta tiene más de una faceta, ya que además de difundir conceptos en favor de la soberanía alimentaria, busca también dar un respaldo a las organizaciones sociales, hacerles de paraguas en la persecución que vienen sufriendo de parte del gobierno.

La Unión de Trabajadores de la Tierra armó un un verdurazo en el lugar de la protesta, mientras que los sindicatos de la CTA Autónoma hicieron una radio abierta. A su vez, los movimientos sociales Libres del Sur y Barrios de Pie instalaron gazebos para mostrar las actividades de control nutricional que realizan en las zonas más postergadas.

De fondo, a pocos metros de estas actividades, la gente que se acercaba para visitar la 136ª Exposición Rural hacía la cola de ingreso. Pasado el mediodía estuvo en la Exposición Rural  la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, acompañada por el vocero presidencial, Manuel Adoni, sin cruzarse con los manifestantes.

Cero políticas para la Agricultura Familiar

Pamela Mackey es una de las despedidas del Instituto Nacional de Promoción de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. “El cierre del INAPCI dejó 900 personas sin trabajo y desatendidas a 250 mil familias que trabajan la tierra a lo largo y ancho del país y que recibían capacitación técnica y apoyo financiero. No sólo los programas nacionales, sino también proyectos de líneas internacionales quedaron discontinuados. Como nos despidieron de un día para el otro, incluso quedaron rendiciones de fondos sin terminar”.

En nombre de los despedidos también habló Leonor Cruz, otra de las cesanteadas y secretaria de Género de la CTA Autónoma. “El campo no son estos poderosos que siembran soja para alimentar a los chanchos de Europa. El Instituto tiene tres décadas de historia en las que nuestra gran lucha fue que los productores rurales no abandonaran su lugar, que no fueran expulsados para terminar hacinados y empobrecidos en las villas”.  

El Instituto había sido creado en 1993 y desde entonces tuvo a su cargo programas de fomento de la agricultura familiar durante 31 años, pese a lo que sus trabajadores no llegaron a ser incorporados nunca a planta permanente. Al ser su relación laboral la de contratados, despedirlos resultó fácil: no les renovaron los convenios. 

Durante la presidencia de Mauricio Macri el organismo ya había sufrido despidos masivos, que los trabajadores pudieron revertir. Ahora, organizados en la Asociación de Trabajadores del Estado, mantienen el reclamo de ser reincorporados.

“Estamos discutiendo el derecho a la alimentación, pero no a cualquiera sino a una sana, segura y soberana”, señaló ante los concurrentes Carlos Carballo, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA. El profesor indicó que no es sostenible un país en el que, como sucede en Argentina, el 90 por ciento de la población es urbana: “muchas de las experiencias que se hicieron en los últimos años para impulsar una nueva ruralidad deberían se transformadas en políticas públicas. Necesitamos que los habitantes empiecen a preguntarse quiénes y cómo producen los alimentos, algo que no viene pasando a pesar de las luchas que venimos dando”.

Nahuel Levaggi, de la UTT, advirtió que con el gobierno libertario “hubo un vaciamiento de las políticas de apoyo a los productores de alimentos. Han pasado heladas, tornados y no llegó una sola ayuda”.

Silvia Saravia, de Libres del Sur, habló en nombre de los movimientos sociales. "El modelo que defiende la Sociedad Rural es el de un extractivismo que deja campo arrasado. Nuestras organizaciones discuten, en cambio, la necesidad de ir hacia la soberanía alimentaria. No es un planteo idealizado, sino que tiene como base a experiencias que se vienen haciendo hace muchos años y que el Estado debe impulsar. Debemos preguntarnos por que hay tantos millones de personas viviendo en los conurbanos, en situación de pobreza, ¿ese es el modelo que queremos? Necesitamos construir, desde las raíces, otro modelo de país".