El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, un organismo del gobierno provincial, solicitó a la Justicia la elevación a juicio de una causa en la que Luis Paz, uno de los abogados de Milagro Sala, está acusado de “amenazas coactivas”. “El gobierno provincial profundizó la persecución política” contra Sala, sus defensores y la Tupac Amaru, consideraron desde la organización social jujeña que la militante, detenida desde hace nueve meses, creó y lidera.
La causa por la que la que el gobierno jujeño solicita a la Justicia que enjuicie a Paz comenzó en abril pasado. Tras permanecer más de siete horas en el despacho del juez Pablo Pullén Llermanos, una mujer que era testigo en una de las investigaciones contra Sala, denunció que el abogado la había amenazado a la entrada del juzgado. “Ojo que acá está la flaca”, figura en el expediente que Paz le habría advertido a la testigo. Paz lo negó y su defensa solicitó un pericia psiquiátrica a la denunciante.
“La única prueba concreta que tienen para pedir la elevación es el testimonio de la chica que dice que la amenacé, pero se le han hecho peritajes que arrojaron que no se siente amenazada e incluso su padre rechazó su versión”, apuntó Paz minutos después de abandonar la Fiscalía de Investigación Penal 4, donde formalmente recibió ayer por la tarde la notificación sobre el pedido de elevación a juicio en su contra. Su defensa tiene cinco días para oponerse al escrito del Ministerio de la Acusación. Luego, el juez a cargo del caso, Gastón Mercau, deberá decidir. Mercau tiene a su cargo uno de los expedientes que investiga a Sala por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado. 
A través de un comunicado, la Tupac Amaru denunció que la Fiscalía  actuó “por orden directa del contador (el gobernador de Jujuy), Gerardo Morales” e insistió en que la causa en la que es investigado el abogado de la diputada del Parlasur es “inventada”. Paz agregó: “La causa en mi contra fue armada por la Justicia de Jujuy en el marco de la persecución que desataron contra Milagro desde que asumió el nuevo gobierno”. Ejemplificó que “así como arremeten contra ella también lo hicieron contra la defensa, para intentar socavarla. Casi todos los abogados de Milagro estamos siendo socavados por la Justicia”. A Ariel Ruarte y a Paula Álvarez, otros dos abogados de la Tupac, les impusieron “sanciones pecuniarias”. 
Paz debe responder por esta causa y también por una iniciada en el fuero federal a partir de una denuncia de los abogados del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, quienes lo acusaron de haber visitado a presos de lesa humanidad para ofrecerles mejoras en sus situaciones de detención a cambio de que hablen mal del empresario.
En ese sentido, la organización relacionó el requerimiento de elevación a juicio en contra de Paz con la resolución de la ONU en la que ordena al Estado Argentino liberar en forma inmediata a Sala tras considerar que su detención es arbitraria. “El mismo día, el gobierno provincial profundizó la persecución política, ahora contra uno de sus abogados defensores”, apuntó la organización a través del texto que difundió para hacer pública la decisión del Ministerio Público de la Acusación. “No cuentan con más prueba que el testimonio de la hija de Jorge Rafael Paes, vinculado a una de las causas contra Milagro Sala y que a pesar de estar procesado en dos instancias fue sobreseído por el juez residual Pablo Pullen Llermanos tras denunciar a la dirigente social”, apunta el comunicado, en consonancia con lo que planteó a este diario el acusado.