La Legislatura santafesina removió ayer de su cargo de fiscal de Cañada de Gómez a Gabriela Lescano. La sanción se resolvió en una sesión conjunta votada por unanimidad, sin debate, ni abstenciones, siguiendo la recomendación de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa. El apartamiento figuraba en el escrito firmado por la diputada acusadora Silvana Di Stéfano (UCR). Senadores y diputados provinciales decidieron apartar a Lescano como fiscal Regional de la 2ª Circunscripción Judicial por mal desempeño de sus funciones e inhabilitarla para acceder al MPA por diez años.

Ningún legislador respaldó el argumento que llevó el abogado que representó a Lescano, Gustavo Feldman, que sostuvo que la encartada no pudo por razones de salud ejercer su derecho a la defensa.

En ese sentido, cabe recordar que en las últimas horas y antes de la redacción del dictamen de comisión, Feldman subrayó que por razones psíquicas y físicas su defendida no podía “literalmente” enfrentar una entrevista donde exponer sus argumentos y abundó: “Su mal le ha provocado una sordera”.

Lescano fue encontrada por la auditoría interna del Ministerio Público de la Acusación responsable de faltas graves, que merecían una consideración de la Legislatura que se ha reservado las facultades disciplinarias sobre asuntos de ese tinte sobre fiscales y defensores públicos del sistema penal santafesino. La fiscal había sido sancionada en octubre de 2023 por irregularidades en su desempeño. Por entonces se le aplicó una suspensión provisoria y temporal, que incluyó una reducción de 50 por ciento del sueldo y la prohibición del ingreso a cualquier oficina del Ministerio Público de la Acusación.

La Legislatura primero la suspendió provisoriamente sin plazos, en octubre pasado, y ahora tomó la decisión final de exonerarla. Lescano fue conocida por su actitud de encadenarse al edificio de Tribunales de Cañada de Gómez cuando supo que se le cuestionaban decisiones tan extrañas como nombrar personal, tomar expedientes judiciales y trasladarlos fuera de las oficinas del MPA, además de abrir una suerte de fiscalía paralela fuera de su lugar natural de trabajo.