Alfredo Astiz es la cara más tenebrosa del exterminio. El muchacho rubio, de ojos claros, que se hizo pasar por el hermano de un desaparecido para, de esa forma, ganarse la confianza de las Madres de Plaza de Mayo y de las monjas francesas, que terminaron secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), torturadas y arrojadas vivas al mar. Emblema de la maldad. En Argentina, pero en Francia, también –que lo juzgó y lo condenó en ausencia. La visita que seis diputados que le responden le hicieron a Astiz no pudo haber tenido peor timing para Javier Milei, que este viernes se verá con Emmanuel Macron. En el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) buscan encapsular el escándalo y hacer que, con el correr de los días, pierda fuerza. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no responde al pedido de explicaciones de la justicia federal y en la Cámara de Diputados retacean la información que reclamó Unión por la Patria (UxP).
Beltrán Benedit quedó envalentonado después del desfile del 9 de julio en el que Milei y Victoria Villarruel se subieron a un tanque de guerra. Invitó a sus compañeros del bloque a acompañarlo a la cárcel de Ezeiza. Pidió, para la excursión, un vehículo de la Cámara de Diputados a través de la app. Detalló al momento de hacer la solicitud: “Estarán viajando entre 5 y 8 diputados, en lo posible viajar juntos. Mañana estaré confirmando el número exacto y los nombres”.
Los viajeros fueron seis: Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra Ugalde y Rocío Bonacci. Todos ellos son cercanos a Villarruel, que milita desde hace más de 20 años en organizaciones pro-militares y solía visitar a genocidas en prisión. Era también el enlace --según dijo el marido de Cecilia Pando, Pedro Mercado-- para ver al dictador Jorge Rafael Videla.
A las 12.57 del 11 de julio, ya estaba preparada para partir la camioneta Renault MBI 546 que los llevó hasta el penal de Ezeiza. La visita no fue breve porque recién a las 19:12 el coche estuvo de regreso en el Congreso. La información surge del pedido de informes que hizo Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y principal apuntado para ver qué respuesta piensa dar frente a los seis diputados que fueron a sentarse con los genocidas –a quienes Benedit llama “patriotas” o “excombatientes” contra la “subversión marxista”.
Menem hizo todo lo posible por no dar más detalles. “Si bien puede inferirse de la dirección colocada en el casillero ‘destino’ que el traslado habría sido al penal de Ezeiza no se detalla ni se insinúa el carácter de la visita, pues, se reitera, ello no es requerido. Tampoco puede constatarse quiénes hicieron uso efectivo de este servicio, ni que fuera en representación de esta (Honorable) Cámara o del bloque de La Libertad Avanza ni de ningún otro bloque en particular”, respondió Menem –un aliado férreo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
A priori surge la duda acerca de si Benedit envió la nómina de diputados que iban a viajar a Ezeiza, como había prometido cuando pidió el transporte. Benedit –que alterna su actividad en la Cámara con su rol en la Sociedad Rural Argentina (SRA)-- estuvo antes en Campo de Mayo y en Ezeiza para entrevistarse con represores, como publicó este diario. El interrogante es si en esas visitas anteriores también fue con vehículo oficial.
Menem había dicho días antes que él no es espía para saber adónde van los diputados y que no le constaba que se hubiesen reunido en la cárcel con quienes trascendió que se habían reunido: Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Raúl Guglielminetti, entre otros condenados por secuestrar, torturar, asesinar, desaparecer e incluso apropiarse de bebés.
Corre la versión en el Congreso que los libertarios insistirían en presentar su excursión como una visita humanitaria, que estaba inicialmente motivada en conocer las condiciones de detención en la Unidad 31, que está dividida en un sector A y un sector B –uno destinado a mujeres privadas de su libertad y el otro a detenidos por crímenes contra la humanidad. Sería osado que los legisladores libertarios se dijeran interesados por las mujeres presas, sobre todo después de que Ferreyra Ugalde agradeció un posteó de Nicolás Márquez en el que los encomiaba por haber ido a ver a “militares octogenarios” que combatieron al “terrorismo”.
El silencio de Bullrich
Bullrich cumple una semana sin contestar un requerimiento de la justicia federal. El viernes pasado, el juez Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires, le pidió que explique –con carácter de urgente– cómo se gestó el cónclave entre los seis diputados libertarios y los genocidas encabezados por Astiz. Obligado es el magistrado que condenó a los represores que actuaron en la ESMA y que está a cargo de monitorear cómo se ejecuta la pena.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) depende de Bullrich. Ella es la responsable última de lo que pasa en las cárceles federales. Además, el SPF estaba en el ojo de la tormenta porque circuló un chat en el que Benedit definía a su titular, Fernando “Perro” Martínez, como un “excelente colaborador”. Esa definición podría implicar que el diputado tiene vínculo con el jefe penitenciario.
Bullrich hace un culto de la máxima que indica que no hay mejor defensa que un buen ataque. El domingo, la ministra de Seguridad salió a justificar la visita de los seis diputados oficialistas diciendo que en el país se vive una “construcción de libertad” y dijo que la justicia no se movía con la “misma vara” para todos los casos.
La funcionaria le atribuyó el pedido de informes a Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. En rigor, la solicitud la hizo el juez Obligado. Antes, Slokar, en su carácter de coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad, había exhortado al magistrado a averiguar cómo se había armado la reunión en la Unidad 31 y a tomar las medidas que fueran necesarias.
El silencio de Bullrich tiene una explicación en la necesidad de encapsular el escándalo. Por otro, la ministra dijo meses atrás que hay detenidos sin causa y que la prisión es, en algunos casos, una venganza --como recuerda un informe confeccionado por el CELS y Memoria Abierta. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, publicó que estaban buscando una solución para los mayores de 70 años que están detenidos por lesa humanidad. Manfroni escribió un libro con Villarruel y es uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) que la vicepresidenta preside.
En los Tribunales existe la versión de que hubo un intento de mudar a los represores que están alojados en la Unidad 31 de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo –destinada íntegramente a detenidos por lesa humanidad. La Unidad 34 tiene mayores comodidades: espacios más grandes, televisor en los “celdas” y hasta canchas de tenis en las que uno de los represores de la ESMA, Jorge “Tigre” Acosta, solía mostrar destreza.
¿Por qué no los mudaron? Porque algunos se resistieron, dicen, por la distancia: para las visitas es más accesible el penal de Ezeiza que la guarnición de Campo de Mayo. Además, si alguno de los marinos como Astiz requiriera asistencia extramuros, el Hospital Naval está más cerca de la Unidad 31 que de la Unidad 34.
En el SPF también evaluaron mandarlos a unas casitas que están dentro del complejo de Ezeiza en lo que se conoce como la Unidad 19. La intención del gobierno parece ser que los represores estén cómodos para aplacar las críticas de quienes dicen –como Lucrecia Astiz, la hermana del represor– que no cumplieron con sus promesas electorales.
