El juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick rechazó ayer una apelación para ganar tiempo presentada por el Ministerio de Capital Humano y volvió a intimar a su titular, Sandra Pettovello, para que en un plazo de 48 horas responda si está cumpliendo o no con la medida cautelar que dictó el 12 de julio el juez Walter Lara Correa, por la que le ordenó volver a entregar alimentos a los comedores comunitarios. “El juez de feria no aceptó los argumentos del gobierno y le exige que el lunes ya muestre resultados”, apuntó el CELS, que junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) impulsaron la presentacion judicial para que el Poder Ejecutivo garantice el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables.
Cormick se había pronunciado en la misma línea el lunes de esta semana, cuando habilitó la feria e intimó a la funcionaria a “acreditar, en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas, haber dado cumplimiento a lo ordenado” por su colega Lara Correa. En esa resolución le pidió a Capital Humano que “no innove respecto de los planes y programas” que la gestión libertaria dejó de ejecutar apenas asumió al frente del Ejecutivo, como el “Argentina contra el Hambre”, “Alimentar Comunidad” o el de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En lugar de responder si está cumpliendo o no con sus obligaciones básicas de gestión, Capital Humano presentó el miércoles una apelación, firmada por el abogado Ignacio Germán López, en la que se victimizó al tildar de “exiguo” el plazo para responder sobre la cautelar dictada diez días antes. El representante de Pettovello, quien ayer se paseó sonriente por la Sociedad Rural junto al vocero Manuel Adorni, sugirió estar en una “situación de indefensión procesal manifiesta” ante la suma de reclamos sociales y judiciales, le pidió a Cormick que revocara su propia orden y caso contrario le habilitara un recurso de apelación o bien una ampliación del plazo para responder de hasta 15 días.
El CELS rechazó la estrategia elusiva y de victimización de Pettovello, y advirtió que “la falta de conocimiento y la confusión jurídica” puesta en evidencia por los letrados de Capital Humano implica “un problema serio para la administración de justicia” pero sobre todo “una verdadera barrera para que las personas puedan acceder aunque sea a dos comidas diarias”, que es la cuestión de fondo de la que el Estado pretende desentenderse. El organismo había advertido en su presentación inicial que Capital Humano no cumplió con sus compromisos legales ni con la cautelar del 12 de julio, en tanto más de 110 comedores siguen sin recibir alimentos por parte del gobierno nacional.
Ayer el juez Cormick le dio la razón al organismo de derechos humanos y calificó de “manifiestamente improcedente” el pedido de Pettovello, a quien le reiteró la orden para que como funcionaria a cargo del Ministerio de Capital Humano “manifieste si los programas y/o planes alcanzados por la medida cautelar se encuentran ejecutándose en forma normal y continua, o si existió alguna demora o contingencia” que lo impidan. El próximo paso le corresponde al Ejecutivo. A juzgar por su permanente actitud para dilatar y ganar tiempo, es probable que Pettovello vuelva a desacatar la orden judicial y la apele ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
