Más de 7.300 niños y niñas fueron presuntamente víctimas de abusos sexuales en escuelas de Ecuador en los últimos diez años, según un informe difundido por la organización Human Rights Watch (HRW) que contabilizó más de 6.400 denuncias.
En el informe ‘Como poniendo parches: Ecuador progresa lentamente en la lucha y prevención de la violencia sexual en las instituciones educativas’, la organización señaló que en los últimos diez años se denunciaron 6.438 casos de violencia sexual en el país perpetrados por miembros de instituciones educativas. Algunos de ellos con dos o más víctimas dentro del mismo caso.
Este número ascendería a 6.516 si se tienen en cuenta las denuncias contra conductores de transporte escolar entre enero de 2014 y junio de 2024.
En el informe, la organización internacional mostró también importantes deficiencias en la respuesta del Estado ecuatoriano a la hora de prevenir y combatir los casos de violencia sexual en las escuelas, y señaló que las medidas del Gobierno no han progresado lo suficiente para garantizar la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes.
Por ello, instaron al Ejecutivo a asignar recursos adecuados a los esfuerzos de prevención y a garantizar que las instituciones judiciales investiguen y procesen eficazmente todos los casos de violencia sexual en el ámbito educativo.
La coordinadora de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch, Katherine La Puente, afirmó que “las medidas de respuesta y prevención del Gobierno ecuatoriano no están a la altura de la urgencia y magnitud del problema, y es imperativo que cumplan su compromiso de tolerancia cero contra la violencia sexual en las escuelas”.
El subregistro de denuncias
Human Rights Watch encontró que el personal educativo muchas veces no conoce o no sigue, por priorizar la reputación de la institución educativa, los protocolos del Ministerio de Educación que exigen denunciar los casos de violencia sexual, lo que resulta en un subregistro de denuncias.
También se apuntó en el informe que existe una “significativa escasez de personal en los departamentos de consejería estudiantil (DECE)” de los centros, incluidos psicólogos y orientadores educativos.
Además, entre las deficiencias encontradas, la organización señaló que los docentes a menudo enfrentan oposición y resistencia, por parte de padres u otros profesores, a la hora de establecer nuevas metodologías o enseñanzas que traten la educación sexual en las aulas.
La lupa sobre el sistema judicial
Human Rights Watch también señaló serias preocupaciones sobre el sistema judicial de Ecuador, al considerar que estas instituciones no investigan ni procesan adecuadamente los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, lo que dificulta que las víctimas obtengan justicia.
En el informe se mencionó la limitada experiencia en el manejo de casos de violencia sexual y de género contra la niñez, así como la escasez de fiscales o la disponibilidad limitada de psicólogos, médicos e interpretes de lenguaje de señas en los procesos judiciales.
Además, los significativos retrasos en los juicios hacen que las víctimas deban esperar años para obtener la resolución de sus casos. “Para erradicar efectivamente la violencia sexual en las escuelas, Ecuador debe poner fin a la impunidad y a los comportamientos cómplices que someten a miles de niñas, niños, y adolescentes a abusos y socavan su derecho a estar seguros en la escuela”, aseveró La Puente.
