La rectora de la Universidad Nacional de las Madres (UNMA) Cristina Caamaño rechazó la intervención de la institución educativa que dictó el Gobierno nacional este jueves mediante una resolución del Ministerio de Capital Humano publicada en el Boletín Oficial, en la que también se designó a Eduardo Maurizzio como interventor.
Ya en los albores de la gestión de La Libertad Avanza, en diciembre de 2023, el Ejecutivo había dispuesto la suspensión del presupuesto de la UNMA -y con ello el no pago de los sueldos docentes y no docentes- bajo la argumentación de que la casa de altos estudios era "un caos administrativo".
En diálogo con la 750, Caamaño señaló que la intevención es violatoria de la autonomía universitaria dado que recientemente la Universidad de las Madres tuvo su proceso de selección de autoridades.
"Se formaron los claustros, hubo elecciones y hubo una asamblea universitaria que hace que la universidad tenga su autonomía, o sea que estamos hablando de una intervención ilegal e ilegítima", apuntó la abogada y exinterventora de la exAgencia Federal de Investigación (AFI).
Respecto del presupuesto destinado a la UNMA, Caamaño advirtió que la retención del mismo por parte del Ejecutivo configura la incursión en un delito, puesto que está inscripto en el Presupuesto Nacional. "Lo que quieren es ahogar la universidad y que desparezca", aseveró, y denunció "persecución ideológica" por parte del Gobierno de Javier Milei.
Lo cierto es que la institución ya había estado en la mira de La Libertad Avanza. En octubre de 2023, previo a las elecciones, la ahora vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó la legitimidad de la entidad y su jerarquización en el rango de universidad. Con su ya característico tono, Villarruel había comparado a la UNMA con “una academia que pudiera tener Giselle Rímolo”, en referencia a la falsa médica condenada por ejercicio ilegal de la medicina.
El reclamo de las Madres contra el Ministerio de Capital Humano tiene su correlato en la Justicia, donde el organismo de derechos humanos apelará la decisión del juez Pablo Cayssials, quien recientemente rechazó el amparo interpuesto por Madres contra la cartera por la retención del presupuesto universitario. Cayssials quedó a cargo de la causa tras la recusación que efectuó el Ejecutivo contra el juez anterior.
Desde Madres desconfían del cambio de magistrado: "Yo hago el paralelo con el tema de la comida. El juez le dice a (Sandra) Pettovello que tienen que entregar la comida (a los comedores), entonces recusan al juez, apelan", equiparó Caamaño.
La abogada también cargó contra el designado interventor Eduardo Maurizzio, quien ocupará el lugar que hasta esta semana era de Caamaño: "No cumple con los requisitos legales de la ley de Educación Superior para poder ser rector", objetó en Toma y daca.
La SIDE, recargada
Por otra parte, Caamaño fue consultada sobre la vuelta de la Secretaría de Inteligencia del Estado que dispuso el oficialismo mediante decreto. La abogada tuvo experiencia como interventora de la exAgencia Federal de Investigación durante la presidencia de Alberto Fernández.
"Cuando yo llegué a la Agencia, lo único que hacían era espionaje ilegal. De hecho, había cualquier cantidad de denuncias y cada vez que llegaban a Comodoro Py las dormían. Todos terminaban sobreseídos siempre porque era una cuestión de Estado", recordó.
Según contó Caamaño, una de las principales modificaciones que impulsaron fueron la disminución de los gastos reservados de la AFI y la bancarización de los sueldos de los agentes que, hasta ese momento, cobraban en un sobre de papel madera. "Lo que me pidió Alberto Fernández cuando me nombró fue que no haya espionaje ilegal y sea transparente", reveló y reprobó el aumento y la reserva de los fondos presupuestarios dispuestos por el oficialismo en las últimas semanas.
En esa línea, destacó que su gestión incluyó el presupuesto de la Agencia Federal de Inteligencia en el presupuesto nacional para transparentar el uso de los mismos y los gastos reservados pasaron a representar el 9% del total. "Cuando llegué eran el 99,6% del total, prácticamente todo. El papel higiénico era parte de gastos reservados", ironizó.
Otra modificación fue el cambio de un artículo de la Ley de Inteligencia en la que se designaba a los agentes como auxiliares de la Justicia. "Eso es lo que rompió la promiscuidad que existía en ese momento entre el agente y el juez porque no es que la agencia colaboraba, sino que cada juez tenía su agente amigo", precisó y sostuvo que la determinación "fue un cimbronazo" dentro de la estructura de aquel momento.
Por último, habló de las versiones que aseguran que los servicios de inteligencia y sus fondos reservados presuntamente se utilizan para operaciones de prensa que luego terminan por incidir en causas judiciales.
"Lo de los sobres no lo sé, pero que habían ingresado (a la AFI) varios periodistas sí. Porque figuraban en los listados", atestiguó Caamaño. Y concluyó: "Tenían ingreso para verlos siempre a (Gustavo) Arribas o (Silvia) Majdalani, si iban a tomar un café y a charlar o a otra cosa, lo desconozco".
