Una decena de organizaciones sociales presentarán este lunes un pedido de amparo para que la justicia prohíba al ministerio de Capital Humano quitarle el plan social a quienes participen en cortes de calle. La ministra Sandra Pettovello se tomó esa atribución al reglamentar los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, que reemplazaron al Potenciar Trabajo. En su reclamo, las organizaciones van a plantear que la medida es inconstitucional y discriminatoria, que afecta la libertad de expresión y el derecho a peticionar ante las autoridades.
La amenaza de quitar la asistencia social a quienes participen de cortes de calle fue una de las primeras definiciones del gobierno libertario. La medida fue anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con el protocolo antiprotestas. Sin embargo, recién quedó habilitada administrativamente ahora, con la reglamentación de los dos programas sociales mileístas.
Los programas fueron reglamentados mediante la Resolución 84/2024 de Capital Humano. En su artículo 16, el ministerio fijó que aquellos titulares del programa Volver al Trabajo que “entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes o no permitan a otras personas movilizarse libremente por la vía pública” serán “egresados en forma inmediata” del programa y su pago les será suspendido.
"Es un acto de discriminación castigar con la quita del programa social a quien se manifieste o peticione" a las autoridades, señala el texto del pedido de amparo, que recuerda que la Constitución Nacional como los tratados internacionales a los que adhirió el estado argentino garantizan también el derecho a expresar opiniones políticas. Para los denunciantes, este tipo de sanción no introduce ninguna mejora en la política de asistencia social, sino que solamente busca que la población se mantenga pasiva ante hechos injustos.
Por otra parte, el recurso plantea que el ministerio de Capital Humano se extralimitó al redactar este artículo, yendo más allá de las competencias que le son propias, y mostrando "una conducta aporofóbica", es decir de miedo o rechazo a los pobres.
Las organizaciones sociales piden por otra parte la nulidad de un segundo artículo de la reglamentación, que establece como incompatible con el programa realizar viajes al exterior, ya que -argumentan- hay titulares de los programas que son migrantes o tienen a sus familiares afuera, y quedarían impedidos de visitarlos en caso de que estén enfermos, o si sus parientes les pagan el pasaje.
Los movimientos autores del pedido de amparo están agrupados en el espacio Territorios en Lucha. Lo integran Libres del Sur, la Federación Nacional Territorial (de CTA Autónoma), el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Argentina Rebelde y la Coordinadora por el Cambio Social, entre otros.
A las 11 de la mañana de este lunes darán una conferencia de prensa frente al Palacio de Tribunales para explicar las razones del pedido de amparo y detallar los próximos pasos de su plan de lucha. La concentración se realizará con la consigna "Nos quieren sacar de la calle pero no de la pobreza".
