"Estoy de acuerdo con el proyecto. Un menor de 16 años que viola, roba o mata o produce otro delito grave, no puede ser devuelto al mismo entorno donde se formó o lo deformaron o lo impulsaron a delinquir del modo en que lo hizo. Es un problema ante el cual el Estado puede dar una respuesta", opinó el exjuez Jorge Villada al pronunciarse a favor del proyecto de ley del Ejecutivo Nacional para bajar "la edad de imputabilidad" a la 13 años de edad.
"La baja de imputabilidad no tiene ningún fundamento técnico", y en Salta "no hay casos que justifiquen esta decisión política, porque es política y no técnica", subrayó por su parte la secretaria de Niñez de la provincia, Carina Iradi.
Villada es profesor de derecho penal en la Universidad Católica de Salta, donde también dirige el Instituto de Ciencias Penales, Sociales y Afines. Fue fiscal penal y juez federal. También ejerció un año y medio como juez subrogante "de menores", cargo que rechazó cuando se lo ofrecieron como definitivo, porque significó una experiencia "terrible". "Llegaba a mi casa con una amargura, muchas veces no podía dormir, porque no podía creer que una criatura hubiera hecho lo que había hecho y al mismo tiempo que tenía que tomar medidas contra esa criatura, y vos decís 'podría ser mi hijo' y te amarga la vida. Fue una suplencia", recordó en conversación con Salta/12.
Para el exjuez, el proyecto del gobierno nacional "no tiene grandes diferencias con otra gran cantidad de proyectos que ya se vienen presentando desde hace por lo menos dos décadas, pero que hasta ahora nunca tuvieron la posibilidad de sanción". "El que actualmente se propone es la posibilidad de declarar la responsabilidad, eso es sinónimo de la imputabilidad desde los 13 años en adelante", sostuvo.
El actual Régimen Penal de la Minoridad está establecido en la ley 22.278, que rige desde 1980, en la dictadura, que en un primer momento bajó la edad de punibilidad de 16 años (como se había fijado en el peronismo) a 14 años y la volvió a subir meses antes del retorno a la democracia.
El proyecto del gobierno nacional propone que el Código Penal se aplique a chicos y chicas de 13, 14, y 15 años, que hoy no son punibles. E incluso establece una pena máxima de 20 años de prisión para delitos graves. "Baja la edad para ser juzgado y nada más, verificar si el menor (de edad) cometió el delito o no y si es responsable y en qué grado", consideró Villada la propuesta del oficialismo.
De esta manera, el exjuez difirió de posturas de especialistas en derechos de las infancias que no acuerdan con el proyecto del gobierno nacional. Incluso el gobernador Gustavo Sáenz consideró que es más adecuada la edad de 16 años vigente.
"Imputabilidad es el presupuesto de la responsabilidad, una persona es imputable cuando es capaz de ser responsable de sus actos, de comprender la criminalidad de sus actos. Lo primero que se verifica es que sea imputable, o sea, que no esté loco, que se haya desarrollado mentalmente, acorde a su edad y que tenga la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos. A partir de eso, si está en condiciones, se lo declara responsable", explicó Villada.
"Después viene una fase nueva, distinta que es la punibilidad, o sea, qué pena le voy a poner. Si sos inimputable no podés ser responsable, si estás loco o si sos menor de 13 años (esto último según el proyecto)", señaló. Añadió que en caso de modificarse el actual régimen, de 13 a 18 años se podrá imponer "una disciplina". "La pena es encierro o multa o inhabilitación, no la podés imponer antes de los 18 años", añadió.
Después de la declaración de responsabilidad penal, "se hace un juicio con todas las garantías, un juicio especial, distinto al de los adultos, donde interviene un juez de menores, un fiscal de menores, un defensor y un asesor de menores, generalmente están presentes los padres. La familia puede estar presente", explicó respecto al procedimiento.
Recién después de la determinación del delito y el grado de participación, "viene lo que conforme a la nueva ley (en caso de aprobarse) sería la reacción estatal adecuada al caso concreto, que consiste en distintas medidas según el grado de gravedad del hecho, de la participación del menor (de edad) y según las características que el chico tiene, su historia, su entorno, la motivación que lo llevó a delinquir, etcétera", señaló Villada.
El exjuez detalló que las medidas además tendrían el objetivo de resocialización de los chicos y las chicas, y se podrían imponer desde los 13 hasta los 18 años. Después el juez podría aplicar una pena, que en caso de delitos graves podría llegar a 20 años.
De 13 a 18 años, "no se puede encerrarlos en una cárcel, está prohibido hacer eso por los tratados internacionales", aclaró Villada, y consideró que hay "una confusión" en buena parte de la sociedad respecto a esto.
Por otro lado, indicó que si se aprueba esta ley el Estado tendrá que invertir en la creación de centros penales juveniles "con profesionales capacitados para tratar las distintas problemáticas". "Va a depender de la justicia provincial implementar lugares adecuados para los distintos tratamientos", agregó.
Desde su punto de vista, "el problema más difícil va a ser la implementación del lugar donde se los va a alojar porque en Argentina existen institutos pero no son los adecuados, en todo caso se los debe readecuar para poder trabajar como corresponde y como la ley manda".
Además Villada recalcó que en "delitos menores" se podrán aplicar otras medidas, reglas de conducta, "multas", "prisión domiciliaria", o su entrega "a familias sustitutas".
El exjuez analizó que el proyecto oficialista establece que a partir de los 13 años de edad, la niña, el niño o adolescente "ya tiene suficiente conciencia para hacerse responsable del delito que ha cometido". "Hacerlos responsables no significa mandarlos presos sino poder someterlos a medidas que hoy no se pueden implementar respecto a los menores de 16 años", aseveró. "El tema es que hay que readaptarlos a los chicos", opinó.
El exjuez consideró que si bien la readaptación social, "con los adultos no se puede porque las cárceles están colapsadas", con niños, niñas y adolescentes "hay una gran esperanza porque por ser más jóvenes, por tener todavía una personalidad en desarrollo o que todavía está evolucionando, van a poder lograr un resultado positivo con estos tratamientos".
El proyecto de ley del oficialismo prevé que cuando cumplan los 18 años, los chicos y las chicas que hayan cometido un delito grave a los 13 y hasta los 17 años, al recibir una pena, van a ir a parar a una unidad carcelaria. En este punto el exjuez se manifestó en contra: "Yo no estoy de acuerdo con que los manden a la cárcel a los 18 años, creo que son muy jóvenes, es demasiado, tendrían que esperar hasta los 21 años, la cárcel de adultos es un lugar terrible y a un chico de 18 años es arruinarlo más mandándolo a esa edad. A los 21 ya está más formado, tiene otras defensas", "la cárcel es un calvario", dijo.
Es más, admitió: "Yo como exjuez ni un día pasaría en la cárcel, hay gente que se mata para no ir a la cárcel, para no ir preso porque sabe lo que le espera, es terrible el tema de la pérdida de la libertad".
"El juez penal no tiene más remedio, es posiblemente una de las funciones más ingratas dentro de la justicia, no le solucionás la vida a nadie cuando imponés una pena (de prisión efectiva), te estoy hablando de los adultos, arruinás un montón de vidas, la de la víctima está arruinada, la familia de la víctima está arruinada y encima se arruina la del preso y la de toda la familia del preso. No la arruinás vos, sino la ley. Y la ley tiene que aplicarse porque una sociedad donde no se aplican las leyes cae en el caos y en la anarquía y es un todos contra todos", sostuvo. Hizo la salvedad de que deberían aplicarse las leyes por igual, pero eso muchas veces no ocurre en el país.
Villada también fue juez de ejecución, y contó que volvía a su casa "hecho pomada" porque muchas veces no podía aportar soluciones a cuestiones como las condiciones sociales de vulnerabilidad que le relataban las familias de los presos, entre otras problemáticas.
En este contexto, consideró necesaria una modificación al Código Penal argentino, que ha quedado desactualizado. Años antes trabajó en la elaboración de un proyecto que no llegó a tratarse en el Congreso.
"La baja no tiene ningún fundamento ético"
Del otro lado, la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta, Carina Iradi, opinó que "la baja de imputabilidad no tiene ningún fundamento técnico". "De hecho, en la provincia de Salta no hay casos que justifiquen esta decisión política, porque es política y no técnica, de bajar la edad de imputabilidad", recalcó.
Iradi manifestó preocupación por el hecho de que ante un crimen cometido por un adolescente contra un playero, "se replantee la sanción y no la inclusión de los niños y las niñas" como respuesta. En este sentido resaltó que de 0 a 18 años, "no dejan de ser niños en términos de la Convención". Aunque cuando están involucrados en algún delito, es notoria la denominación cosificante de "menores" y el presidente Milei pretende que "a delito de adulto, pena de adulto".
"Sancionar y generar penas para niños no resuelve la problemática; de hecho, hay que pensar muy fuertemente en otro tipo de herramientas o inversión de recursos en inclusión porque nadie se preguntó por qué ese chico de 13 años que terminó matando al playero tomó esa decisión, dónde estaba ese chico, qué es de su vida, cómo termina un chico en estas circunstancias y en estas situaciones", cuestionó la secretaria.
"Entendemos que hay que fortalecer las líneas de abordaje, fortalecimiento familiar, inclusión social, y otro tipo de mecanismos, no el punitivo o represor", ratificó.
