Tras aprobarse la nueva Ley del Tabaco, en la Ley de bases, los gigantes tabacaleros Massalin (Philip Morris) y British American Tobacco -BAT-, decidieron bajar coordinadamente los precios de todas sus marcas con el fin de monopolizar el mercado y eliminar así toda competencia.

La nueva Ley, más conocida como “Ley Massalin tres”, estipula un incremento del impuesto al cigarrillo del 70% al 73%, lo que ha desencadenado una serie de eventos preocupantes para la economía y la salud pública en Argentina. Las grandes tabacaleras Massalin y BAT, han respondido a la nueva legislación reduciendo drásticamente los precios de sus productos con el objetivo de quedarse con el mercado y eliminar toda competencia.

Esta estrategia abundará en una caída significativa en la recaudación de impuestos, afectando negativamente las subvenciones a los productores tabacaleros, los fondos de la ANSES y los recursos del Ministerio de Salud, que ahora enfrenta mayores gastos debido al aumento del consumo de tabaco.

La situación ha generado un fuerte descontento en el poder Ejecutivo, que considera esta maniobra una manipulación y está evaluando la posibilidad de aumentar el impuesto al cigarrillo hasta un 75%.

Desde la Cámara de tabacaleras PYME -UNTAPYA- se considera esta situación como “un engaño planeado, en el que las provincias tabacaleras, el Congreso, la Justicia y diversos actores políticos han actuado en coordinación con las grandes tabacaleras para derogar el impuesto mínimo y favorecer sus propios intereses.

Durante los 6 meses de discusión sobre la Ley del Tabaco en la Ley de bases, se argumentaba que la derogación de la ley anterior era esencial para aumentar la recaudación, equilibrar el mercado, reducir el consumo y contribuir más al sistema de salud, que enfrenta mas de 45.000 muertes por enfermedades relacionadas al tabaquismo.

Sin embargo el informe publicado por la Consultora ABECEB, cuyo presidente es el exministro de producción y trabajo, Dante Sica, mentor junto al Ministro Sturzenegger de la actual Ley Massalin 3, prometía un aumento recaudatorio extra de 315 millones de dólares este año y de 1.400 millones de dólares más entre los años 2025 y 2026, lo cual ha resultado según UNTAPYA “contraproducente y siendo bien pensado, los legisladores han caído en un completo ridículo”.

La reducción de precios por parte de Massalin y BAT ha revelado los verdaderos intereses detrás de la derogación del impuesto mínimo tabacalero, causando una disminución en la recaudación de AFIP, menores ayudas al Campo y una desfinanciación del sistema de salud pública.

Las PYMES tabacaleras nacionales se ven obligadas a aumentar sus precios para hacer frente al incremento de impuestos y sobrevivir, según UNTAPYA, “sin el respaldo de casas matrices que financien sus pérdidas operativas. Sobre todo en un mercado donde no se permite el marketing ni la publicidad y donde la calidad de las marcas caras y económicas es muy similar. Estas medidas ponen en desventaja a la empresas nacionales frente a las multinacionales, perjudicando las arcas públicas y beneficiando a los intereses extranjeros”.