La economía Argentina demanda de forma recurrente y sistemática financiamiento externo a través del endeudamiento o de la inversión extranjera. Estos recursos que se registran en la cuenta financiera y de capital de la balanza de pagos son uno de los factores que explican las sucesivas y reiteradas crisis de desuda externa al momento en que se deben devolver los prestamos más intereses, y las empresas que han invertido remiten a sus casas matrices sus dividendos o ganancias.

Esta coyuntura de crisis financieras es acompañada de procesos de ventas y privatizaciones del patrimonio nacional, como el que está en marcha actualmente impulsado tanto por el decreto 70 de 2023 como por la Ley Bases. Una de las principales causas de esta situación es la no disposición en la economía nacional del ahorro en dólares tanto de las personas como del empresariado, debido a que es atesorado o fugado al exterior y, en muchos casos, hacia paraísos fiscales.

Esos recursos financieros inmovilizados dentro país o llevados hacia el exterior continúan aumentando sin ser declarados y, por tanto, sin tributar ni financiar al desarrollo nacional a pesar de los sucesivos procesos de blanqueos de capitales que han otorgado beneficios tributarios y legales extraordinarios para que sean revelados a los entes fiscalizadores e impositivos, situación inclusive ventajosa en relación a aquellas personas o empresas que sí han declarado y tributado oportunamente cumpliendo con la legislación nacional y contribuyendo regularmente con el fisco y la sociedad.

Esta situación no solo contribuye a la escasez de dólares en el mercado cambiario, sino que además no son utilizados para financiar la inversión productiva que es imprescindible para el desarrollo nacional.

A finales de 2023 se estimaban en 437.398 millones de dólares los activos externos de los residentes en el país y de los cuales 263.020 millones correspondían a monedas y depósitos. En las más recientes mediciones se indican incrementos en el atesoramiento de divisas.

La Base y la coyuntura

La sanción y promulgación de la Ley N° 27742 Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, se argumenta como un instrumento imprescindible para revertir el proceso de atesoramiento interno, así como repatriar los ahorros nacionales que se encuentran en el exterior.

Otras de las intenciones de esa Ley es atraer flujos de capitales internacionales hacia nuestro país. Pero los capitales financieros no coinciden con los intereses nacionales desarrollistas y de bienestar necesarios para la sociedad Argentina. Esas concentraciones de dinero, también denominadas como capitales golondrinas, se mueven volátilmente en búsqueda de maximizaciones intensivas de ganancias, para ellos no existe la patria.

Esos capitales ingresan al país, lucran intensamente para salir y generan con su fuga una erosión de las reservas del Banco Central, como ocurrió bajo el gobierno de Mauricio Macri con una parte importante del endeudamiento recibido del FMI. Estos movimientos y procesos se basan en el apoyo y cobertura de importantes instituciones financieras que exigen al país condiciones que facilitan estos acontecimientos. Esas mismas instituciones y organismos son las que condicionan a los gobiernos para que adopten severos ajustes fiscales y profundas reformas regresivas al Estado y a la sociedad.

Actualmente se propician negociaciones con el FMI para recibir nuevos fondos que elevarían el actual nivel de endeudamiento externo. Con estos dólares el gobierno espera cubrir el déficit de dólares, que en estos momentos presiona sobre el tipo de cambio y una nueva devaluación. El FMI y los capitales internacionales continúan gravitando sobre el destino de Argentina.

La coyuntura actual combina una profundización de concentración de la riqueza con el debilitamiento de la cohesión social y la solidaridad entre las clases sociales. Se transita hacia una sociedad profundamente desigual, injusta y de escasos costos de accesibilidad y protección de nuestros valiosos recursos naturales para los intereses y capitales extranjeros.

Más costos para los asalariados

Al volver a pagar impuesto a las ganancias sobre los ingresos por su trabajo personal una cantidad importante de trabajadores que ya no pagaba ese tributo volverán a tributarlo a partir de la sanción de la Ley Bases, provocando una reducción del salario de bolsillo de los trabajadores.

Con el aumento estimado en la recaudación tributaria del 0,5 por ciento del PBI por el regreso del impuesto a las ganancias para las personas trabajadoras se compensa la reducción del ingreso fiscal del 0,4 por ciento en el PBI que se deja de recaudar por la rebaja del impuesto a los bienes personales, constituyendo una acción de distribución regresiva del ingreso.

Además, en muchos casos deberán asumir el costo de pagar a personal especializado para actualizar personalmente su situación impositiva en AFIP de deducciones personales para aminorar lo que se les retendrá del impuesto.

Si no se portan bien, dicen las empresas, nos vamos a Filipinas, o a Tailandia, o a Indonesia, o a China o a Marte. Portarse mal significa: defender la naturaleza o lo que queda de ella, reconocer el derecho de formar sindicados, exigir el derecho de las normas internacionales y de las leyes locales, elevar el salario mínimo. Escribió Eduardo Galeano sobre nuestras realidades actuales en La escuela del mundo al revés.

* Docente en la UBA y en UNQ en Economía y en Impuestos